Dura crítica al recorte en Parques Nacionales: "No es ajuste, es desprotección"
Un recorte de fondos para Parques Nacionales, anunciado por Luis Caputo, pone en riesgo la preservación ambiental y el mantenimiento de áreas protegidas.
El recorte perjudica a parques nacionales de todo el país.
El Gobierno nacional oficializó un recorte de $2.557 millones en partidas para la Administración de Parques Nacionales (APN), formalizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta medida impacta directamente en programas clave para la conservación ambiental y el mantenimiento de áreas protegidas en todo el país.
El ajuste impacta sobre programas vinculados a la conservación ambiental, mantenimiento, funcionamiento operativo y preservación de áreas protegidas en distintas regiones de Argentina. La reducción alcanza a 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales.
Críticas al recorte de fondos en Parques Nacionales
Entre los espacios naturales más afectados aparecen el Parque Nacional Nahuel Huapi, que sufrirá una quita superior a los $190 millones, y el Parque Nacional Lanín, con un recorte cercano a los $157 millones. También se destacan las reducciones en Los Alerces ($70.291.525), Iguazú ($41.715.920) y Tierra del Fuego ($37.511.166).
Las partidas alcanzadas estaban destinadas a gastos de combustible, patrullajes, infraestructura ecoturística y servicios básicos para visitantes. También afectan programas de prevención y combate de incendios forestales en distintas regiones del país. El reordenamiento presupuestario se produce en un contexto de ajuste del gasto público impulsado por la administración nacional. Desde el Gobierno sostienen que las medidas apuntan a reorganizar las cuentas estatales y reducir el déficit fiscal.
Sin embargo, especialistas y trabajadores vinculados a la conservación ambiental advierten que la reducción de recursos podría afectar tareas de control, preservación de biodiversidad y mantenimiento de infraestructura en áreas naturales protegidas. También alertan sobre el posible impacto en la atención a visitantes y en la capacidad de respuesta ante incendios.
La Administración de Parques Nacionales tiene bajo su órbita algunas de las principales reservas naturales del país y cumple funciones vinculadas a la protección ambiental, el turismo y la investigación científica. El nuevo ajuste presupuestario abre interrogantes sobre el funcionamiento operativo de esos espacios durante el resto del año.
“No es ajuste, es desprotección”
En Misiones, el recorte golpea de lleno al Parque Nacional Iguazú y a la Reserva Federal Campo San Juan ubicada en la localidad de Santa Ana a unos 30 kilómetros al norte de Posadas. Según las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, el Parque Nacional Iguazú perderá $41.715.920, mientras que Campo San Juan sufrirá una baja de $12.123.088. Los fondos estaban destinados a funcionamiento operativo, mantenimiento, infraestructura ecoturística, prevención y combate del fuego, además de tareas de preservación ambiental.
El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa afirmó: “Esto no es ajuste. Es desproteger lo que es de todos. Es recortar en conservación, en guardaparques, en el cuidado de nuestra biodiversidad”. “También es atentar contra el turismo, que da bienestar a miles de familias. La selva misionera no es un gasto”; dio en declaraciones al portal Economis.
Otros ajustes
El ajuste no se limita al sistema de áreas protegidas. El Distrito Misiones de la Dirección Nacional de Vialidad sufrió una baja de $940,5 millones en mantenimiento de rutas y otros $263,5 millones en reparación de obras de arte. En una economía periférica y altamente dependiente del transporte terrestre, la degradación de la infraestructura vial representa un costo sistémico para sectores estratégicos como la yerba mate, la industria forestal, el té y el comercio transfronterizo. Cada kilómetro deteriorado implica mayores costos logísticos, más tiempo de traslado y menor competitividad exportadora.
A esto se suma la baja de partidas para infraestructura hídrica dentro del programa de Apoyo para la Expansión de Agua y Saneamiento, afectando la previsibilidad del abastecimiento para zonas urbanas e industriales en crecimiento. También se registró una poda superior a los $5.100 millones en programas vinculados al aumento de la productividad agroindustrial y la gestión del riesgo agropecuario, debilitando herramientas que funcionan como respaldo ante contingencias climáticas y crisis sectoriales.
Otro de los sectores alcanzados fue la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que redujo más de $11.800 millones en programas de formulación y ejecución de políticas públicas. Esto afecta transferencias para actividades científicas, académicas y proyectos de innovación aplicada, un área que Misiones venía consolidando como parte de su estrategia de diversificación productiva. En paralelo, el recorte de $322.447 millones en transferencias para financiar gastos corrientes de las administraciones provinciales incrementa la presión fiscal sobre las provincias, especialmente en regiones como el NEA, donde las asimetrías estructurales exigen una mayor presencia compensatoria del Estado nacional.