Despidieron a única trabajadora de Derechos Humanos en Mendoza: cómo impacta en el funcionamiento de los organismos
El despido de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Nación impacta en la atención, archivos y tareas del área en Mendoza. Denuncian un grave retroceso.
Entrada al Espacio para la Memoria, en el ex D2.
Rodrigo D'Angelo / MDZEl despido de la única trabajadora de la sede del Gran Mendoza de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación generó rechazo de organismos y sobrevivientes, que advierten que la medida no solo implica la pérdida de un puesto laboral, sino que también afecta el funcionamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia en la provincia.
Natalia Brite, quien se desempeñaba desde 2015 y fue la encargada de abrir la delegación local, explicó que la desvinculación se inscribe en un proceso más amplio de reducción del área. “Yo soy desde 2015 trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que desde el año pasado es subsecretaría. En 2015 abrí la delegación”, señaló, y remarcó que su tarea abarcaba “permanentemente toda la secretaría”.
La trabajadora aclaró que su vínculo laboral no era con el Espacio para la Memoria (EPM) ni con el Gobierno provincial, sino exclusivamente con el Estado nacional. “Yo laburaba para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con sede de su delegación acá y, por lo tanto, prestando tareas acá en un acuerdo de colaboración con la provincia”, explicó.
Brite sostuvo que la presencia de la Subsecretaría en el Gran Mendoza se sostenía a partir de ese esquema de articulación institucional, mediante el cual personal nacional cumplía funciones dentro del sitio que es provincial. “La política pública nacional de desguace impacta en la provincia de Mendoza de esta manera”, advirtió. En términos concretos, su salida implica, en los hechos, la interrupción de ese acuerdo.
Así, el despido no implica el cierre del EPM, pero sí la retirada del Estado nacional de sus funciones en el lugar. Esto repercute directamente en su operatividad cotidiana y en el acceso a políticas públicas de derechos humanos en la provincia.
La notificación llegó el 30 de abril a través del sistema interno del Estado. “Lo que nos llegó fue una nota por GDE, que la palabra que usa es ‘limitación’. La limitación del contrato”, detalló. Y agregó: “La limitación empieza el 30 de abril”. En este marco, el artículo 9 del Anexo de la Ley Marco de Empleo Público Nº 25.164 regula las contrataciones transitorias en la Administración Pública Nacional, lo que evidencia la precariedad de los vínculos laborales en el Estado.
Según indicó, no se trata de un hecho aislado. “Es el segundo despido que hay acá”, afirmó, al recordar que otra trabajadora, Matilde Meli, ya había sido desvinculada en marzo de 2025. En paralelo, precisó que la medida se replicó en otras provincias: “Nos llegó el 30 de abril a seis personas… una de cada provincia de delegaciones”. En concreto, se trata de Mendoza, Jujuy, Salta, La Pampa, Córdoba y Tucumán.
De este modo, el recorte no solo impacta en la sede local, sino también en el esquema federal del organismo, al reducir su presencia territorial y limitar el acceso a las políticas públicas de derechos humanos.
Un vacío en las tareas cotidianas
El impacto inmediato del despido se refleja en el funcionamiento diario del EPM, que opera como punto de referencia para víctimas, familiares, investigadores y organismos. Esto se realiza no sin limitaciones, ya que el vaciamiento de estas políticas no comenzó con este despido.
Brite describió el alcance de esas tareas: “Abrir, cerrar, estar, tener un horario, recibir a la gente, derivar, hacer todo lo que hubiese que hacer”.
Alicia Boggia, del Nodo de Identidad, puso el foco en el trabajo menos visible pero central: “Hay una tarea de casi hormiguita que no se ve, que es la atención de la infinidad de compañeros que sufrieron algún tipo de cuestión con respecto a la dictadura… y no hay nadie acá que te lo dé”. En ese sentido, agregó que Natalia: “Era la referencia para comunicarse con Nación”.
La magnitud de la demanda en Mendoza da cuenta del rol del espacio. “Hubo cerca de 1.200 presos registrados en la cárcel, 500 personas que pasaron por este lugar, más otras infinidades… que todas vienen a parar acá”, señaló Boggia.
Además de la atención directa, el sitio concentra múltiples funciones. “Hay una función pedagógica… donde han pasado más de 20 mil estudiantes de escuelas por acá. Hay una función jurídica, una función de búsqueda de nietos apropiados… una función de conservación de archivos”, enumeró. Y sintetizó el impacto de la pérdida: “El volumen de tareas es tan grande que perder el trabajo de la compañera es dejarnos en pelotas”.
Desde la mirada de los organismos, la falta de personal implica una sobrecarga inmediata y la imposibilidad de sostener tareas estructurales. “Las políticas públicas se sostienen con recursos”, advirtió Boggia, al cuestionar que no todo puede depender del trabajo voluntario.
Denuncias por incumplimientos y responsabilidad estatal
Los testimonios coinciden en que la medida trasciende lo administrativo y se inscribe en un retroceso institucional. “Esto tiene que ver con acuerdos internacionales de defensa de derechos humanos”, señaló Eugenio Paris, exdetenido sobreviviente del ex D2 y agregó que esos acuerdos “tienen rango constitucional”, por lo que su incumplimiento constituye una primera vulneración.
En paralelo, advirtió sobre una segunda dimensión: la imposibilidad de acceso a esas políticas por parte de las personas. “No hay nadie acá que te lo dé”, afirmó en relación a la atención de víctimas, familiares y consultas vinculadas a la dictadura, lo que deja sin respuesta institucional a quienes recurren al espacio.
En ese marco, sintetizó: “Son los dos gobiernos los que están violando estos acuerdos internacionales… hay una doble violación de derechos humanos”.
Ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia
Los referentes consultados interpretan el despido como parte de una política más amplia. “Es una política de Estado”, afirmó Eugenio, conocido como Keno.
En la misma línea, Brite fue categórica: “No es un ataque individual, es un ataque más abierto a las políticas de derechos humanos en general y a todo lo que tiene que ver con la reivindicación de memoria, verdad y justicia en particular”.
También cuestionó el reemplazo de funciones estatales por esfuerzos individuales o colectivos: “No es justo, ni corresponde tampoco, suplir tareas que deberían estar garantizadas por el Estado”.
Keno, por su parte, señaló responsabilidades políticas más amplias: “Hay muchísima responsabilidad en esto también del Gobierno provincial… Mendoza se está quedando sin representación de Nación en derechos humanos”.
Pese al escenario, y con total convicción, aseguraron que el EPM continuará en funcionamiento. “No corre peligro por dos motivos: porque de acá sólo nos van a sacar muertos y porque lo vamos a sostener voluntariamente”. Sin embargo, advirtieron que esa continuidad dependerá del sostenimiento colectivo y no de políticas públicas activas.
Mientras se evalúan acciones y presentaciones formales, el reclamo central se mantiene: la revisión de los despidos y la restitución de una estructura estatal que garantice el acceso a las políticas de derechos humanos en Mendoza.