Derecho a la salud y justicia: Mendoza y el debate sobre los desafíos del sistema sanitario
En Mendoza se discutieron los desafíos de garantizar el derecho a la salud en un contexto de crisis.
El ministro Rodolfo Montero y el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, durante su intervención en el evento de salud.
AETS MendozaEl pasado 27 de agosto se realizó en el Salón de Actos del Poder Judicial de Mendoza la jornada “Derecho a la Salud y Justicia 2025”, encabezada por el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y el ministro de Salud, Rodolfo Montero. La actividad reunió a magistrados, funcionarios y especialistas para debatir cómo responde la justicia frente a los conflictos sanitarios y cuáles son las herramientas disponibles para garantizar derechos en un escenario crítico.
En ese marco, Montero defendió la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza y planteó la necesidad de reformas profundas, mientras Garay subrayó que los jueces deben contar con criterios claros para resolver amparos y otros conflictos vinculados al derecho a la salud. La jornada no solo buscó formación, sino que se enmarca en un contexto sanitario complejo que afecta a miles de mendocinos.
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Conflictos locales en salud
El debate sobre salud y justicia no se dio en el vacío. Mendoza atraviesa conflictos serios en el sistema sanitario. El PAMI enfrenta reclamos por la entrega de insumos básicos, como pañales, lo que obliga a miles de jubilados a hacer largas filas o viajes sin obtener respuestas. Estas dificultades muestran cómo el derecho a la salud choca con la burocracia y la falta de recursos.
Otro caso es el de Damsu, la obra social de la UNCuyo, que en los últimos meses fue centro de protestas y tensiones por los fuertes descuentos salariales y problemas en la cobertura. Afiliados y sindicatos reclamaron más transparencia y mejoras en las prestaciones, mientras la universidad defendió las medidas como una forma de evitar el colapso del sistema.
Las obras sociales universitarias, reunidas en el COSUN, ya habían advertido que la desregulación y la falta de financiamiento ponen en riesgo la sostenibilidad del modelo solidario. La reunión de agosto de COSUN prorrogó la emergencia económica hasta 2025, un dato que conecta directamente con la discusión planteada en la jornada judicial.
La situación de las personas con discapacidad
La jornada también puso la lupa sobre los derechos de las personas con discapacidad. El sector reclama una ley de emergencia y mejoras en el nomenclador nacional, ya que los valores desactualizados generan barreras en el acceso a terapias, tratamientos y apoyos esenciales. En Mendoza, hubo marchas y movilizaciones para visibilizar estas dificultades, mostrando que los ajustes presupuestarios impactan directamente en la vida diaria de quienes dependen de estos servicios.
Inversión provincial y fortalecimiento de la atención primaria
Frente a este escenario, Montero defendió la política provincial de inversión en centros de salud, con un plan que busca remodelar 270 edificios en toda la provincia y mejorar la atención primaria. Además, resaltó la incorporación de más de 600 médicos a un nuevo régimen laboral que, según dijo, aumentó la productividad y la calidad del servicio, asegurando más atención a los pacientes y mejores condiciones para los profesionales.
El ministro también destacó la transparencia en las licitaciones de medicamentos y recordó que Mendoza fue pionera en importar insumos directamente a través de la OPS y la OMS. “Estamos dando una verdadera lucha para mejorar los valores de los medicamentos para los mendocinos”, aseguró, subrayando que la política de compras y regulaciones busca equilibrar eficiencia, equidad y control.
Justicia, política y salud: la necesidad de articular esfuerzos
La jornada “Derecho a la Salud y Justicia 2025” reflejó un tema de fondo: la necesidad de que justicia, política y sistema sanitario trabajen de manera articulada. Más allá de los discursos, el desafío es garantizar que el derecho a la salud no quede en los papeles, sino que se convierta en una realidad para jubilados, afiliados de obras sociales y personas con discapacidad que todos los días enfrentan trabas concretas.
El intercambio interdisciplinario permitió discutir casos concretos de judicialización de la salud, amparos, violencia obstétrica y responsabilidad del Estado, así como los impactos de la desregulación financiera y las reformas necesarias para sostener el sistema. La participación de expertos locales y nacionales abrió un espacio para debatir soluciones posibles y priorizar la eficiencia sin sacrificar equidad.
En definitiva, en un momento donde los reclamos por PAMI, Damsu y la atención a personas con discapacidad son cada vez más visibles, este tipo de espacios no solo sirven para formar, sino también para poner sobre la mesa la urgencia de articular respuestas que tengan un impacto real en la vida de los mendocinos.