El ajuste golpea fuerte a la discapacidad: alrededor de 200.000 personas sin pensión
En medio del ajuste, el sistema de pensiones por discapacidad se encuentra al borde del colapso. A esto se le suma la problemática por la falta de pago a los prestadores.
El problema del ajuste al sector de discapacidad lleva años en tela de juicio. Foto: Télam
El sistema de pensiones por discapacidadatraviesa una crisis sin precedentes. Según datos oficiales, hay 22.000 solicitudes sin resolución y el Presupuesto Nacional 2025 contempla 200.000 pensiones menos. En diálogo con MDZ, el defensor de las personas con discapacidad de Mendoza, Juan Carlos González, advirtió que el sistema está en un estado de excepción. Los prestadores cierran, las terapias se interrumpen y el Estado nacional recortó de manera inédita el presupuesto para pensiones no contributivas.
"Ya no estamos hablando de un posible colapso. El colapso ya está ocurriendo", sentenció González, refiriéndose a una crisis que avanza silenciosamente, pero con efectos demoledores.
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Un conflicto con varias aristas
Según detalló González, el problema no se reduce solo al deterioro de los montos pagados a los prestadores por parte de las obras sociales (un drama que arrastra demoras de meses en los pagos y tarifas desactualizadas por la inflación), sino que hay un factor aún más estructural: una política nacional de recorte que afecta directamente a las pensiones y la cobertura integral de derechos.
Uno de los puntos críticos es el Decreto 843/2023, que volvió más restrictivos los criterios para otorgar pensiones no contributivas a personas con discapacidad. "Muchas personas que antes podían acceder, ahora no lo logran. Y quienes tienen un trámite iniciado desde hace años, siguen esperando sin una respuesta oficial: ni aprobación, ni rechazo", lamentó el defensor de las personas con discapacidad.
Emergencia legal: qué busca la ley que se discute en el Congreso
En este contexto, se está reclamando la aprobación de una Leyde Emergencia en Discapacidad. González explicó que no se trata de una ley simbólica, sino de una herramienta jurídica concreta para redireccionar partidas presupuestarias y garantizar el financiamiento de todas las áreas clave: desde salud, rehabilitación, transporte, hasta la inclusión laboral.
"No es solo una partida más. Es una corrección total de una política de desfinanciamiento. Y está justificada: no estamos hablando de un riesgo, estamos viviendo las consecuencias".
Los demás puntos de conflicto
El defensor también apuntó contra el nomenclador nacional (la tabla que fija cuánto deben pagar las obras sociales por cada prestación), que no se actualiza desde fines de 2024. En un contexto inflacionario como el actual, los montos se volvieron inviables para los prestadores, quienes en muchos casos dejaron de brindar servicios o directamente cerraron sus instituciones.
A esto se suma otro problema: el Fondo de Redistribución Solidaria, que debería reintegrar a las obras sociales los costos de las prestaciones, también se basa en ese nomenclador desactualizado. "Las obras sociales no solo pagan poco y a destiempo, sino que reciben aún menos. Y todo esto repercute directamente en la persona con discapacidad, que es la más indefensa en la cadena", advirtió González.
En la Defensoría que él encabeza, más del 70% de los reclamos actuales están relacionados con fallas en la cobertura de salud, una cifra que creció significativamente en los últimos meses.
En conclusión, mientras el Congreso discute la ley de emergencia, las personas con discapacidad siguen quedando atrapadas en un sistema que hoy no les da las respuestas necesarias. Sin contestar a sus trámites, sin terapias, sin transporte y con menos presupuesto.