Así será la capacitación laboral a presos que están a punto de salir de la cárcel
El Servicio Penitenciario de Mendoza capacitará a presos que están a punto de recuperar la libertad. Los convenios.
Ilustrativa. Presos recibirán capacitación laboral antes de dejar la cárcel.
EFEEl Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM) firmó dos nuevos convenios de colaboración con Novoli SAS y Reciclarg Recycling Technology SA, empresas que se incorporan al programa provincial de formación y trabajo en contexto de encierro. Se trata de una capacitación laboral que brindará el servicio a personas que están a punto de dejar la cárcel.
Reciclarg Recycling Technology SA es una firma mendocina dedicada al reciclaje y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos, la economía circular, la reutilización de materiales y el desarrollo de productos sostenibles. A partir del convenio, la empresa aportará conocimientos técnicos y actividades productivas que permitirán formar a personas privadas de libertad en procesos de reciclaje, reparación y reutilización.
Por su parte, Novoli SAS se suma como nueva empresa colaboradora, ampliando la red de organizaciones privadas que desarrollan actividades laborales dentro de los establecimientos penitenciarios, brindando capacitación, tareas productivas y una primera experiencia de inserción en el mercado laboral.
Ambas instalarán sus maquinarias e impartirán capacitaciones a hombres y mujeres privadas de libertad, alojadas en el Centro de Alojamiento Permanente con Régimen Abierto “El Borbollón”, quienes están próximas a salir en libertad.
Los detalles de la capacitación laboral a presos
Estos acuerdos fortalecen la política pública impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que considera al trabajo como un eje central para la reinserción social. Tal como lo sostienen las autoridades provinciales, la capacitación y la actividad laboral en contexto de encierro permiten adquirir hábitos, habilidades y oficios que mejoran las posibilidades de integración una vez recuperada la libertad.
La articulación entre el Estado y el sector privado genera además un circuito productivo con impacto social: favorece la reducción de la reincidencia, facilita el acceso a empleo formal y contribuye a que las personas privadas de libertad encuentren un proyecto de vida digno y sostenible fuera del ámbito penitenciario.