Amenazas escolares: la Justicia resolvió que los padres paguen los operativos policiales
La Justicia de Mar del Plata resolvió que los padres de alumnos afronten los costos de los operativos policiales por las amenazas escolares.
La Justicia de Mar del Plata dispuso que los padres de alumnos responsables de amenazas en escuelas, paguen los operativos policiales.
La Justicia de Mar del Plata dispuso que los padres de alumnos identificados como autores de amenazas contra escuelas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos policiales desplegados en cada caso. La medida apunta a frenar una problemática que crece en todo el país y que ya generó preocupación en comunidades educativas y autoridades.
La decisión fue adoptada por el fiscal general Fabián Fernández Garello, quien instruyó a los fiscales del Departamento Judicial —que abarca General Pueyrredón, Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita— a avanzar en ese sentido.
Según fuentes judiciales, en la región ya se registraron al menos 10 episodios de amenazas en escuelas y fue imputado un adolescente de 17 años por intimidación pública. La investigación incluye el análisis de su teléfono para determinar posibles vínculos con retos virales o dinámicas replicadas en redes sociales.
Responsabilidad de las familias
La medida se apoya en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad objetiva y solidaria de los padres por los daños causados por sus hijos menores de edad que conviven con ellos.
“El objetivo es generar conciencia y promover el diálogo en los hogares”, sostuvo Fernández Garello, quien remarcó que estas situaciones deben abordarse también desde el ámbito familiar.
La intención es desalentar conductas que, aunque a veces se presentan como “bromas”, implican delitos y movilizan recursos estatales.
Seguidilla de amenazas
La decisión se da en medio de una seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas que se repiten en distintas provincias. En muchos casos, los mensajes aparecen en baños, redes sociales o notas anónimas, generando evacuaciones, suspensión de clases y operativos policiales.
En Córdoba, por ejemplo, ya fueron imputados ocho adolescentes y se investigan más de 100 episodios. En Mendoza, se registraron más de 50 denuncias en pocos días, mientras que en Santa Fe y Tucumán también se activaron protocolos de emergencia.
El fenómeno no solo genera temor en las familias, sino que impacta en la asistencia escolar y obliga a desplegar recursos policiales, judiciales y equipos interdisciplinarios en cada caso.
Desde la fiscalía recordaron que una medida similar ya se aplicó años atrás ante una ola de amenazas de bomba, con resultados positivos en la reducción de los episodios.