Pensiones falsas por discapacidad en Chaco: cuál es la localidad con más beneficiarios ilegales
Una larga red de corrupción y una histórica línea de investigación que envuelve a colegas y familiares. Desde que el Gobierno de Javier Milei denunció públicamente que se emitieron pensiones por invalidez laboral falsas durante las gestiones kirchneristas para desviar fondos, trascendió que en Chaco, la provincia con más cantidad de subsidiados, hay varios pueblos y ciudades repletas de beneficiarios ilegales.
A nivel nacional, un 40% del monto anual destinado a pensiones laborales no contributivas por discapacidad habría sido desviado por arreglos políticos. Se notó un incremento en la emisión de estos certificados entre los años 2003 a 2015, bajo las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pasaron de haber 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales.
Durante la gestión de Mauricio Macri la cifra descendió levemente. No obstante, a partir del 2021, ya bajo la gestión de Alberto Fernández, hubo un nuevo gran incremento: la cantidad de pensionados volvió a elevarse a tal punto que alcanzó el 1.250.000. Hoy Chaco es la provincia con más beneficiarios en el país y donde los focos están puestos con urgencia.
Cómo es el esquema de corrupción de Chaco
El fiscal general Carlos Amad es quien encabeza varias causas de este índole hace tiempo. Las mismas envuelven a diferentes funcionarios que, durante las gestiones del exgobernador chaqueño Jorge Capitanich (estuvo en el poder del 2007 al 2023), habrían sido partícipes de esta red de corrupción, planificada y ejecutada dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Según señaló en diálogo con MDZ, analizaron 800 casos dudosos dentro del municipio de Taco Pozo, localidad ubicada en el departamento de Almirante Brown, al oeste de la provincia. De ellos, lograron determinar que 740 eran falsos y, de hecho, se estima que el 10% de su reducida población percibe este subsidio.
La red en Taco Pozo
La investigación comenzó en febrero de 2023 tras una denuncia de la exdiputada de la UCR Ana María Canata. En diciembre de aquel año, fue designada por la actual gestión como presidente del Instituto de Tierras Fiscales, por su conocimiento de la zona norte de la provincia y sus aportes contra hechos de corrupción (y este no es el primero en el que se involucra).
Bajo los delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública", "falsedad ideológica en instrumento público" y "asociación ilícita", hay 10 imputados dentro de la causa gestada en la localidad de Taco Pozo, entre ellos el intendente Carlos Antonio Ibáñez. Ya ha estado envuelto en otras tramas escandalosas denunciadas por la exdiputada. Anteriormente se lo acusó de enriquecimiento ilícito a través del fraude de fondos públicos, de la mano del exministro de Infraestructura de Chaco, Omar Judis.
En esta nueva demanda por subsidios falsos, la maniobra delictiva habría consistido en reclutar a personas que se les pedía una suma ínfima de dinero para acceder a los beneficios de una pensión no contributiva, en este caso por invalidez laboral. Los sujetos en cuestión se encontraban en una lista que se manejaba en la municipalidad, a donde debían recurrir para apoyar con su voto o de otras formas a la gestión del intendente, quien está en el poder hace más de 20 años.
Toda una familia dentro de la red de corrupción
Además de Ibáñez, se encuentran imputados varios médicos, directores y gestores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, quienes cobraban alrededor de $30.000 por emitir certificados con datos falsos y expediente que, luego, fueron aprobados por el Andis. Todos conocidos entre sí bajo distintos lazos, la mayoría laborales.
Por su parte, entre los acusados también se halla la hija del intendente, Gabriela Estefanía Ibañez Gilabert, quien es jefa del ANSES de Taco Pozo. Según se detalla en el expediente realizado por el fiscal Amad en junio de este año, las pruebas "denotan la activa participación de la señora Ibañez en la organización y selección de las personas encargadas de la confección de los Certificados Médicos Oficiales y su posterior carga en el sistema de la ANDIS".
Al igual que su padre, se la acusa de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica en instrumento público, en calidad de partícipes necesarios y asociación ilícita en calidad de miembro, todos en concurso real del artículo 55 del Código Penal.
En particular, todos los imputados en la causa son:
- Carlos Antonio Ibáñez, intendente de Taco Pozo;
- Gabriela Estefanía Ibañez Gilabert, jefa del ANSES de Taco Pozo e hija del intendente;
- Marcos, Gustavo Rojas, médico, y hasta 2019 director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima;
- Miguel Ángel Bilinski, director del Hospital Santa Rosa de Lima;
- Rafael Lenin Azañero Anaya, médico especialista en Traumatología. Es de Salta;
- María Estela Luna, secretaria médica del doctor Marcos Gustavo Rojas. Se encargaba de las cobranzas;
- Florencia Carolina Angélica Jaimes, beneficiaria de una Pensión No Contributiva y niñera de las hijas de María Estela Luna;
- Yanina Del Valle Maza, otra beneficiaria "falsa";
- Marcela Patricia Peralta;
- Carlos Antonio Ibáñez;
- Eva Caro.
En base a lo que precisa la denuncia a la que pudo acceder este medio, se computaron sólo por el periodo de 2022 a septiembre de 2023 unas 662 pensiones no contributivas por discapacidad, que "en líneas generales, coincidió con lo denunciado oportunamente con la Dra. Canata" y se resalta que "la localidad de Taco Pozo Chaco cuenta con 10.222 habitantes según el último Censo Nacional".
La Justicia halló en un cuaderno de 50 hojas de color rojo anotaciones con montos de lo que cada beneficiario pagó, canceló o debe. También inscripciones sobre cuáles patologías se debía asignar a cada persona. Todo esto teniendo en cuenta que la tramitación de las pensiones no contributivas por discapacidad es totalmente gratuita.
En otro cuadernillo marca Rivadavia dieron con otra pista clave en este esquema de corrupción tan minuciosamente planeado: una inscripción que marcaría un “ritmo o cadencia” de la cantidad de trámites que se debían realizar a diario. Se detallaba: “4 o 5 x día. CHAGAS 4 o 5, DIABETES 4 o 5…” (sic).
Los sujetos clave fueron Marcos Gustavo Rojas, director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, y el bioquímico Miguel Angel Bilinski. Se desempeñaron como directores del nosocomio público, cumpliendo roles fundamentales en el otorgamiento de las pensiones por discapacidad.
En noviembre del 2023 se llamó a indagatoria a Yanina del Valle Mazza, una de las tantas imputadas por recibir este subsidio de forma ilegal, quien explicó a la Justicia que era beneficiaria de la pensión por tener "Chagas". Su pareja, Nelson Ismael Rojas, también era pensionado: "Eh, diabetes”, titubeó la mujer.
Algunos pedidos se elevaban a la ANSES, organismo que sólo intervenía cual intermediario. Lo que hacía era verificar los datos filiatorios del supuesto beneficiario, se utilizaba la base de datos de este organismo para determinar su condición social, si registraba aportes laborales y el de su entorno familiar, en caso de ser menor, entre otras cosas. Es acá donde habría jugado su rol clave la hija del intendente y jefa de la administración local, Gabriela Estefanía Ibañez Gilabert.
Más denuncias en Chaco
Pero esto no se limitó a la localidad de Taco Pozo. Hay unos 38 pueblos y ciudades más con administraciones irregulares en materia de emisión de estas pensiones por invalidez laboral. Entre 2020 y 2023, bajo Gobierno de Capitanich, hubo 23.000 beneficiarios nuevos, cifra que no pasó desapercibida para Amad.
Algunas de las localidades también investigadas y donde más subsidiados se registran son: Villa Ángela (4505 personas), Presidencia Roque Sáenz Peña (2247), Machagai (1117), Juan José Castelli (1423), General José de San Martín (1358), Quitilipi (1033), Tres Isletas (1238), Villa Berthet (1762), entre otras.
La ley contra el "curro" de los intermediarios
El secretario de Coordinación de Gabinete y exdiputado por la UCR, Livio Gutiérrez, explicó a MDZ que el Gobierno de Leandro Zdero ha trabajado para "terminar con los intermediadores". Hace un mes atrás se aprobó la ley que establece un marco legal para la asignación de beneficios sociales otorgados por cualquier repartición del sector público provincial.
Esta legislación lo que busca es prohibir a terceros (ya sea en carácter de representantes de organizaciones sociales, personas físicas o jurídicas de derecho público o privado) a participar de los procesos de selección y asignación de los beneficios. Todo esto promovido por la exlegisladora radical Canata.
Gutiérrez, en diálogo con medios locales, había explicado en junio que ”esta ley ratifica que se acabó con el curro de los intermediarios". E indicó: “Todo beneficio social debe tener una contraprestación con personas capacitadas para brindarla; si recibe un beneficio tiene que estudiar, hacer un oficio o prepararse para el mundo laboral. Es la única forma de que no sea dinero tirado, sino invertido en la gente”.