El error de culpar a la víctima: pirotecnia y responsabilidad estatal
Las recientes declaraciones de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, sobre el uso de la pirotecnia durante las fiestas han generado un intenso debate. Al afirmar que “son las víctimas quienes deben cuidarse de los victimarios”, la funcionaria trasladó la responsabilidad de prevenir daños a quienes ya sufren sus consecuencias, relegando el papel del Estado en la protección de los más vulnerables.
Esta postura no solo minimiza la importancia de las leyes que prohíben la pirotecnia, sino que también perpetúa una problemática social más amplia: el victim blaming o culpabilización de la víctima, un fenómeno que desvía la atención de los verdaderos responsables y fomenta la revictimización.
Una visión limitada de la libertad
Casado defendió un enfoque “liberal” en el que cada persona debería tener libertad para decidir qué hacer con su dinero, incluso si implica comprar pirotecnia prohibida.
Sin embargo, esta perspectiva ignora el impacto negativo de estas acciones en personas vulnerables, como niños con autismo o animales. Al sugerir que las familias busquen dispositivos para bloquear el ruido o medicamentos para sus mascotas, la vicegobernadora priorizó soluciones individuales sobre acciones colectivas.
El problema radica en que este planteo traslada la responsabilidad de protegerse a quienes ya padecen las consecuencias, desviando el foco de las obligaciones del Estado, cuya función principal debería ser garantizar la seguridad y el bienestar de todos.
¿Qué es el victim blaming?
El victim blaming es la tendencia a responsabilizar a las víctimas por el daño sufrido, ya sea minimizando la responsabilidad del agresor o sugiriendo que las víctimas podrían haber evitado la situación.
Desde la criminología, esta práctica es vista como un mecanismo que perpetúa la inacción institucional y refuerza la desprotección.
Aplicado al contexto de la pirotecnia, implica que las personas vulnerables deben adaptarse a una situación adversa, mientras las autoridades evaden implementar medidas efectivas de prevención. Este enfoque no solo genera una carga emocional injusta en las víctimas, sino que también debilita la percepción de justicia, aumentando la desconfianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
El rol del estado en la prevención
El argumento de que las víctimas deben protegerse equivale a admitir que el Estado no puede garantizar el cumplimiento de las leyes. La normativa que prohíbe la pirotecnia existe precisamente para prevenir accidentes y daños, pero su eficacia depende de una aplicación rigurosa y de campañas de concienciación que sensibilicen sobre los riesgos.
Cuando las autoridades priorizan soluciones individuales sobre acciones estructurales, envían un mensaje peligroso: que los ciudadanos están solos frente a los problemas. Desde una perspectiva criminológica, esto refuerza la sensación de inseguridad y desprotección, erosionando el contrato social entre la población y sus representantes.
Las consecuencias de culpar a la víctima
Cargar la responsabilidad a las víctimas no solo es un error en este caso particular, sino que sienta un precedente peligroso en otros ámbitos. Este enfoque puede trasladarse a situaciones como el acoso, la violencia de género o los delitos de odio, perpetuando la idea de que quienes sufren deben adaptarse en lugar de exigir justicia.
En el contexto social y cultural, esta narrativa contribuye a normalizar la impunidad, al desviar el foco de atención de los responsables reales hacia quienes padecen las consecuencias. Además, debilita los lazos comunitarios, ya que refuerza una visión individualista que ignora el impacto colectivo de las acciones.
Hacia una sociedad de protección colectiva
La solución no radica en exigir a las víctimas que se protejan, sino en reforzar políticas públicas y garantizar el cumplimiento de las leyes. En el caso de la pirotecnia, esto implica aumentar los controles, aplicar sanciones efectivas y desarrollar campañas educativas sobre sus riesgos. Es esencial fomentar una cultura de empatía y responsabilidad colectiva, donde las acciones individuales no pongan en peligro a los más vulnerables.
El victim blaming no es solo una falta de sensibilidad; es un mecanismo que perpetúa desigualdades y debilita la justicia. Como sociedad, debemos rechazar estas narrativas y exigir un modelo de gestión donde la protección sea una tarea colectiva, basada en la prevención y la empatía.
* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo y criminalista. Especialista en prevención del delito. Consultor de seguridad integral
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