La UBA adelantó que irá a la Justicia ante el intento de intervención estatal
En las últimas horas, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le contestó al Gobierno a través de un comunicado en el que explicó por qué el Poder Ejecutivo, a través de la SIGEN, intenta intervenir en las universidades publicas para controlar lo que se enseña y aprende. Y adelantó que irá a la Justicia ante lo que llamó un "intento de intervención estatal".
Asimismo, informó que realizará una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría externa sobre su sistema de control interno y aclaró detalladamente cuáles son los mecanismos de auditoría a los que se somete regularmente en cumplimiento de las leyes vigentes.
“SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas” es el título del documento a través del cual la UBA detalla cómo rinde sus gastos regularmente mediante todos los mecanismos que marca la legislación vigente y explica que solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso de la Nación, que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en los años anteriores.
Además, subrayó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no posee las competencias para auditar a las universidades nacionales, tal como lo señala el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.
"La SIGEN no publica ningún tipo de información sobre las actividades de control que tiene que realizar sobre el Poder Ejecutivo, los Ministerios y las Secretarías de la Presidencia. En suma, su actividad no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información con que cuentan los ciudadanos", expresa el comunicado.
En la misma línea, denuncia que detrás de las acusaciones de falta de transparencia, hay un “ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva” y manifiesta que el Poder Ejecutivo quiere controlar la libertad académica.
En ese sentido, enfatizó el principio de autonomía que tienen las casas de alto estudio que “protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; y la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno". Según indicó, que sin esa autonomía, no habría "educación libre” porque “se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuando el gobierno quiere, donde el gobierno quiere, y a quienes el gobierno quiere”.
Por lo tanto, la UBA resolvió, además de solicitar una auditoría externa independiente, “llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las universidades públicos ante el Poder Judicial, "único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”.
"Acataremos de manera irrestricta la resolución judicial, ya que en nuestro Estado de Derecho son las y los jueces, y no los funcionarios del Poder Ejecutivo ni sus empleados, quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la
Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos", concluye el comunicado.
El comunicado completo de la Universidad de Buenos Aires:
A4-SOLICITADA-25-10-2024-A by Gabriela Yalangozian