Repercusiones del paro docente: exigen a una funcionaria garantizar el derecho a la educación
El paro nacional docente convocado por diversos gremios para este jueves 22 de junio desató la furia de los padres en distintos rincones del país. Cada vez son más las razones por las que los alumnos pierden días de clase y esta nueva interrupción del ciclo lectivo volvió a atentar contra el objetivo de que todos los estudiantes del país tengan al menos 190 días de clase.
A principio de año un informe de Argentinos por la Educación reconocía que sólo 6 provincias tenían calendarios que permitían garantizar esa cantidad de días de clases. El objetivo se aleja aun más con cada paro por eso desde la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación exigen a la defensora de niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, que articule, junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, "la creación de un informe circunstanciado que devele el cumplimiento del calendario obligatorio de 190 días de clases en cada jurisdicción del país, días de paro llevados adelante por gremios y sindicatos docentes y no docentes de la educación, cantidad de NNyA afectados por la interrupción de clases, y mecanismos articulados por las jurisdicciones locales para enfrentar los paros y la recuperación de contenidos pedagógicos".
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Desde la red de Padres organizados señalan "con gran alarma" que la situación es crítica y tiende a acentuarse debido a que "al encierro ilegítimo de casi 2 años al que se sometió a la infancia y adolescencia, se suma la interrupción continuada de las clases, lo que vulnera el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes del país de asistir al colegio, recibir educación, aprender y formarse como ciudadanos valiosos de nuestra sociedad".
"A esta interrupción, de tintes no relacionados con la educación, se suman las gravísimas irregularidades de los ciclos lectivos en algunas regiones del país como Santa Cruz, Neuquén, Chubut, CABA, Salta, Misiones a modo ejemplificativo", declaran en su carta los representantes de Padres organizados.
Desde le organización civil, señalan que su reclamo está alineado con el “Pronunciamiento Conjunto: Garantizar el Interés
Superior y el Derecho a la Educación. El desafío de la continuidad educativa y el cuidado colectivo” que Graham firmó en marzo de 2021 instando a las autoridades nacionales y provinciales "a todas las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, comunitarias, académicas y sindicales a acompañar y producir mejoras pertinentes y adecuadas para cada comunidad a fin de concretar acciones y estrategias que garanticen el desarrollo de las trayectorias escolares de niños, niñas y adolescentes, garantizando el cuidado de la salud física y emocional de toda la comunidad educativa”.
La red de Padres organizados acusó al Estado nacional y las provincias -incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- de no haber articulado "junto a los gremios y sindicatos un mecanismo de protesta que permita a los alumnos concurrir a los establecimientos educativos". Esto, declaran en la carta, resulta en una vulneración constante de un derecho fundamental como es la educación.
Desde el organismo exigen a la defensora de NNyA a promover "las acciones pertinentes para proteger los intereses colectivos de recibir educación de niñas, niños y adolescentes, interponiendo las acciones contra los Estado Provinciales y CABA que permitan el acceso a la educación de este grupo vulnerable, y solicitando las sanciones por incumplimientos que afectan los derechos indicados, todo esto en el marco de la Ley 26.061".
"No estamos dispuestos a causas más daños a los chicos", sentenciaron los Padres organizados en la misiva que exige a la funcionaria a actuar para garantizar "el derecho de todo niño, niña y adolescente de recibir una educación plena, de acuerdo a su nivel de desarrollo, agotando todos los remedios extrajudiciales y judiciales para mediar en tal sentido, frenar la discriminación que NNyA sufren en función de su edad al ser obligados a confinarse y educarse dentro del hogar, en un ejercicio abusivo del poder público, violatorio de sus más primitivos derechos de raigambre constitucional. Le solicitamos que accione a favor de NNyA con mayor grado de vulnerabilidad, olvidados por el poder público".