En qué consiste la ley para encarcelar a las personas que usen armas para cometer delitos
Con 138 homicidios en Rosario y 33 en Santa Fe en lo que va del 2023 sumado a una crítica situación en relación a las balaceras a comercios, edificios públicos y escuelas producto del enfrentamiento entre bandas vinculadas al narcotráfico, la Legislatura provincial convirtió en ley la iniciativa que contempla la prisión preventiva para aquellas personas que al momento de cometer un delito utilicen un arma de fuego.
La prisión preventiva para quien porte o use armas en la comisión de un delito, proviene de la modificación del Artículo 221 del Código Procesal de la Provincia de Santa Fe (Ley 12.734), que suma al artículo que habla de “peligrosidad procesal” el uso o portación de armas de fuego.
En Santa Fe la situación de la violencia parece desmadrada desde hace tiempo, pero los números empeoran y las situaciones se complejizan. Según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, durante el 2022 se cometieron 406 homicidios en toda la Provincia y en ocho de cada diez hechos se emplearon armas de fuego.
"Creemos firmemente que quien porta o usa un arma deja en claro cual va a ser su accionar en el proceso y, por lo tanto, esa conducta habilita el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar", explicó el legislador provincial Oscar Martínez al momento de fundamentar la necesidad de avanzar con más severidad al momento de combatir el delito.
Además de los homicidios y las personas heridas de arma de fuego otro delito que viene en aumento, principalmente en Rosario, son las balaceras y extorciones a comerciantes ya no con amenazas sino con balas. Se trata de "aportes" que se exigen para evitar otros tipos de situaciones todavía más violentas.
"Hoy en día se advierte que cualquier paracaidista del delito se larga a hacer extorsiones, porque es un nuevo rubro que permite el ingreso de dinero. Es un delito fácil de concretar y se aprovecha la oleada de las extorsiones de las grandes bandas", explicó el fiscal de la Unidad Especializada en Extorsiones y Balaceras, Pablo Socca, a LT8.
Para el autor de la iniciativa queda claro que quien comete el delito con un arma, después utiliza el mismo sistema para amedrentar a víctimas o testigos y por eso entiende que es necesario avanzar en ese sentido. Al mismo tiempo indicó que se trata de una herramienta de colaboración para que la Justicia pueda avanzar en las investigaciones.
El proyecto que ahora se convirtió en Ley fue presentado inicialmente en el 2020 y a finales del 2021 la Cámara de Diputados dio media sanción. Sin embargo, en el Senado no se trató, perdió estado parlamentario y fue una vez más la Cámara Baja que debió insistir hasta que, con modificaciones, logró convertirse en Ley.