El Gobierno porteño desalojó una ocupación ilegal de una plaza
Con topadoras y el apoyo de un operativo policial, el Gobierno porteño pudo desalojar una toma ilegal que llevaba 26 años en una plaza del barrio de Chacarita.
En la madrugada, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo la demolición de "El Galpón de Ortúzar", un espacio ocupado ilegalmente que se encontraba en la Plaza 25 de Agosto del barrio porteño de Chacarita. El lugar había sido creado hace 26 años por vecinos y organizaciones sociales. Allí se ofrecían actividades como un bachillerato popular, una biblioteca, talleres culturales, una olla comunitaria y un centro de jubilados, siempre por fuera de la ley y sin contar con habilitación. Además, el espacio contaba con dos murales en homenaje a Gustavo Cerati y Martín Carrizo que serán conservados y mantenidos en el nuevo proyecto.
Juan Chippano, coordinador del "centro", presentó un amparo en el último octubre ante el Juzgado de primera Instancia en lo Contencioso administrativo y Tributario 10, argumentando que el espacio representaba los intereses y actividades de los vecinos del barrio, mientras que el Gobierno porteño alegaba irregularidades formales, además de la intención de continuar con las obras en una plaza que, años atrás, había sido muy insegura para los vecinos. La medida cautelar fue rechazada en diciembre por la Justicia.

(Foto: Télam)
El GCBA indicó que la demolición forma parte de un proyecto de ampliación del espacio público que contempla la mejora del entorno, paisajismo, un espacio para hacer deportes y la construcción de un canil para mascotas. Según el Gobierno, el inmueble fue ocupado de forma irregular y pertenece al espacio público.

(Foto: Télam)
Por su parte, Chippano aseguró que junto a los vecinos intentaron defender el espacio acudiendo a la Defensoría del Pueblo, presentando una nota a la Comuna y acudiendo a la Legislatura porteña, pero no obtuvo respuestas en su "gesta" por defender la ocupación ilegal de un espacio público y no pudo evitar la demolición. Como era de esperarse, algunas organizaciones sociales criticaron el accionar del Gobierno, que consideran que la demolición de este galpón afecta los derechos culturales y sociales de los vecinos del barrio, aunque el mismo funcionara de forma ilegal.

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