Trabajan en una demanda colectiva contra las prepagas por incumplimiento

A fines de agosto los mendocinos se sorprendieron cuando al buscar asistencia médica se encontraron con que, a pesar de contar con la cobertura de una obra social o prepaga, tenían que abonar de forma particular la consulta. El conflicto se nacionalizó y, actualmente, decenas de miles de asociados a diferentes empresas de salud privada se encuentran cautivos de un conflicto que mantienen los profesionales de la salud y las compañías.

Desde el Estado parecen no hacerse eco de la situación a pesar de que quienes contratan este tipo de servicios están amparados bajo la ley de Defensa de Consumidor y de la Superintendencia de Servicios de Salud. Incluso, las declaraciones públicas de los funcionarios han sido escuetas.

La ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, minimizó el tema al señalar que “es entre el 5 y el 10% de la población el que forma parte de este segmento que paga este seguro de salud" y aseguró que esta situación no había impactado fuertemente en el sector público como para provocar un colapso. Sin embargo, sumó que, debido a la crisis económica, la demanda de personas que dejaban de tener acceso a la salud privada y comenzaban a asistir a los centros públicos era notable.

Rodolfo Suarez también se hizo eco del conflicto, pero evitando hablar puntualmente de quienes se enfrentar día a día desde hace meses a la imposibilidad de poder acceder los servicios de salud. Al respecto, el gobernador dijo: "Estoy hablando en forma permanente con todo el sector privado de la Salud. Nadie la está pasando bien en Argentina. Tienen problemas para los insumos y es lo que está pasando en un país donde tenemos la inflación más alta del planeta. Con todas las variables la incertidumbre es absoluta".

Se trabaja en una demanda colectiva

“El pago de la consulta a los médicos está generando una violación del contrato que tenés con tu empresa de medicina prepaga. Si tu contrato establece que no tenés pago de coseguro, entonces estás en todo tu derecho de reclamar”, señala un video publicado en las redes sociales por el estudio jurídico González Landa y Caloiro. Además, se adjunta un formulario modelo que puede ser descargado por los afectados para ser entregado a las prepagas u obras sociales.

El abogado Jorge Caloiro explicó que actualmente trabajan con 50 personas que ya iniciaron este proceso y que se encuentran ultimando los detalles para presentar una demanda colectiva contra las empresas.

Y detalló algunos de los inconvenientes con los que se encuentran los abonados a estas empresas a la hora de reclamar: “Además de la ley de defensa del consumidor, existe la Superintendencia de Servicios de Salud que es un organismo del Gobierno Nacional que interviene en el rubro específico de las prepagas y obras sociales. Pero tiene un enorme problema y es que, a pesar de ser un servicio gratuito el que brinda, cuando el proceso administrativo llega al momento cúlmine de la sanción, la multa es en favor del Estado. Entonces, en definitiva, termina siendo un órgano de recaudación para el Estado que no le soluciona los problemas a la gente”.

El letrado también agregó que este conflicto tiene múltiples aristas en donde se suma el incumplimiento del congelamiento de tarifas que estableció el Gobierno nacional y que, en una importante medida, no fue aplicado por las empresas.

“En el medio también están los médicos que, con la inflación, ven licuados sus honorarios y sus pacientes vienen a través del canal de distribución que provee la prepaga. Entonces, la empresa no le paga lo que le tiene que pagar al médico y el médico, de alguna manera, tiene que subsistir”, añadió.

A pesar de todos los puntos que se entrecruzan en medio de este problema, Caloiro enfatizó que son las compañías las que deben afrontar y resolver la situación: “El contrato que el afiliado firma dice que se debe cubrir la consulta médica de la cartilla que ellos ofrecen, pero no a través de reintegros, sino que con la prestación”.

Sin embargo, tras cumplirse dos meses de tensión entre los profesionales y las empresas, el cobro continúa y no parece que se vaya a llegar una solución en el corto plazo. Incluso, en el último encuentro que mantuvieron las asociaciones médicas de Mendoza, se resolvió que el valor de la consulta iba a ser de $7.000. Durante el cónclave reiteraron su reclamo respecto a las demoras que sostienen las empresas a la hora de pagarle a los profesionales.

Ante este panorama, el abogado admitió estar trabajando en la presentación de una demanda colectiva cuyo primer paso ya ha sido dado y consta de emplazar a las empresas de salud a cumplir con los contratos y cubrir el monto total de las consultas médicas. En algunos de los casos, las compañías no han resuelto ni respondido las intimaciones de sus afiliados.

“Entendemos que esto pude colectivizarse desde una presentación judicial y estamos trabajando en ello ya que los afiliados se encuentran en una situación en la cual, además de pagar sus planes, deben abonar el pago a los médicos”, detalló Caloiro y agregó que esta maniobra inició con puñado de afiliados, pero que -poco a poco- ha ido sumando más interesados en llevar adelante una acción en contra de las empresas de salud.

Modelo Emplazamiento Prepagas