En medio de los incendios el Gobierno toma una medida que afecta a productores
A través del decreto 2/2023, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, el Gobierno prorrogó por un año el estado de emergencia ígnea.
La medida tiene en cuenta que "gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras" es un derecho constitucional y por tanto es fundamental que se garantice la "preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de recursos ambientales", tal como prevé la Ley General de Ambiente.
Asimismo, para extender esta emergencia ígnea establecida por decreto en enero de 2022, el Gobierno tuvo en cuenta "la creciente cantidad de focos de incendios forestales, rurales, de pastizales y de interface en nuestro país" y señaló que esta "constituye un preocupante fenómeno multicausal que demanda la adopción de medidas inmediatas, a través de la máxima coordinación y cooperación entre los organismos a quienes esta temática resulta transversal".
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Desde la cartera que encabeza Cabandié reconocieron que durante el último año lo "incendios masivos y reiterados en distintas zonas críticas continuaron adquiriendo una dimensión alarmante y representan una grave amenaza tanto para el ambiente y sus ecosistemas como para el patrimonio, la salud y la vida de las personas". Y señalaron que si bien en muchos casos la causa tiene que ver con el accionar humano, las consecuencias se ven reforzadas por el cambio climático y afectan a boques nativos, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales.
En el mismo decreto en el que extiende la emergencia ígnea, el Gobierno reconoce que, a pesar de que las medidas que se vienen desarrollando a través del Sistema Federal de Manejo del Fuego son oportunas, "la gravedad de la situación se ha ido acrecentando a la par de circunstancias meteorológicas adversas que han resultado desalentadoras al momento de combatir los incendios, lo que ha implicado un incremento de los pasivos ambientales generados y de los bienes y las personas damnificadas".
Lo que motiva al Gobierno a extender la emergencia ígnea es que "los incendios provocan pérdidas inconmensurables, originando la destrucción de áreas naturales, el deterioro de la flora y la fauna nativa, la contaminación de ríos y lagos y la desertificación y erosión del suelo, lo que impone la responsabilidad de arbitrar todas las medidas necesarias para prevenir consecuencias que requieren de generaciones enteras para recuperarse".
Entre las consideraciones para extender la emergencia ígnea, el Gobierno destaca:
- la crisis ambiental global, que "se debe mayoritariamente al predominio de patrones de producción y consumo a nivel mundial que degradan y ponen en riesgo los bienes y los servicios ambientales que le dan sustento y las reservas naturales de dióxido de carbono (CO²), tan necesarios en la lucha contra el cambio climático"
- el cambio climático plantea un panorama adverso ya que "supone condiciones de sequía prolongada que se extienden y repiten de manera recurrente durante los meses de verano en los últimos años, provocando que la temporada de fuego ya no sea solo estacional; encontrándose esta situación favorecida por las actividades humanas y las condiciones meteorológicas y ambientales"
- la falta de precipitaciones, que trae como consecuencia "que haya más material combustible disponible en los bosques; las altas temperaturas y los fuertes y cambiantes vientos son condimentos que hacen realmente impredecibles a estos siniestros"
La prórroga de la emergencia ígnea tiene como objetivo que se adopten medidas y se convoque "con suma premura a los organismos involucrados y a las autoridades provinciales con el objetivo principal de frenar los incendios y comenzar inmediatamente con la restauración de las zonas afectadas"
El fin de esta medida es que se agilice el trabajo conjunto entre organismos nacionales, provinciales y locales. Lo que se busca es propiciar la "adopción de las medidas que resulten necesarias para atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos; todo ello en el marco del compromiso con la prevención de incendios, la mitigación del impacto de los mismos sobre la salud y el ambiente, la minimización del daño que estos causan y la salvaguarda del derecho fundamental a gozar de un ambiente sano".