Menos presupuesto y más universidades: muestras de que el Gobierno no tiene un plan de Educación

Pocos días después del recorte presupuestario establecido por el ministro de Economía, Sergio Massa, que incluye un ajuste de $70.000 millones para el sector educativo, las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, convocaron a una reunión conjunta para tratar la creación de tres nuevas universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires: la Universidad Nacional del Delta, la de Pilar y la de Saladillo.

Los responsables de la convocatoria son, por reglamento, los presidentes de ambas comisiones: la diputada Blanca Osuna y el diputado Carlos Heller, ambos pertenecientes al oficialismo. Resulta llamativo que convoquen a tratar tres proyectos que supondrán la ampliación del gasto que el propio gobierno busca reducir.

Sin embargo, no es el único interrogante que abre esta triple propuesta que ha salido de ambas comisiones con un dictamen de mayoría favorable firmado por 37 legisladores de los 84 que integran las dos comisiones.

Un sistema invertebrado

Si ponemos el foco en el sistema universitario argentino, lo primero que debemos reconocer es que resulta muy difícil hablar de sistema. Es más bien un conjunto que funciona con poca o nula articulación horizontal, pero principalmente, que carece de un plan estratégico suprainstitucional. La creación de universidades parece responder más bien a propuestas o reclamos locales, antes que a un plan estratégico a nivel federal.

En este sentido, como parte de la argumentación para favorecer la creación de la Universidad de Pilar, se le dio la palabra, en el medio de la reunión y sin aviso previo, al intendente de dicha localidad, Federico Achával, quien argumentó que la creación de esta casa de estudios significaba para él “el cumplimiento de un sueño como intendente”.

Una historia con interrogantes no resueltos

Desde el año 2010, en que se creó la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, hay -al menos- una universidad por provincia. Si bien es un primer paso, todavía queda un largo camino que, desde entonces, plantea una serie de interrogantes que aún no han sido resueltos.

El primero y más urgente es la relación de la universidad con los niveles de educación obligatoria: a la hora de tomar decisiones sobre el nivel superior, no puede soslayarse lo que pasa en los escalones anteriores.

A la fecha, no se ha podido cumplir con las metas a las que obliga la Ley 26.206 de educación nacional en, al menos, dos puntos: la jornada extendida para el nivel primario y la universalización del acceso a las salas de cuatro y tres años. Al día de hoy apenas el 22% de las escuelas de gestión estatal tienen jornada extendida. La cobertura de la sala de 4 es un objetivo prácticamente alcanzado (89%), pero la de 3 está lejos de acercarse a niveles óptimos: sólo el 43% de los niños accede a una vacante.

En cuanto al nivel secundario, las estadísticas muestran que los niveles de deserción alcanzan el 47%. Huelga decir que estos jóvenes quedan excluidos automáticamente de la universidad.

A este retraso, digamos, cuantitativo, se suma uno más preocupante que es el cualitativo: de cada 100 alumnos que terminan el secundario, sólo 16 lo hacen en tiempo y forma, es decir no sólo con la edad correspondiente, sino con los contenidos necesarios adquiridos.

Si a su vez ponemos el foco en esos 16, nos encontramos con que 8 pertenecen a los deciles socioeconómicos más altos, 5 a las clases medias y sólo 3 pertenecen a los sectores menos favorecidos. Si miramos esta realidad, es difícil encontrar la justificación de la creación de universidades en la búsqueda de igualdad de oportunidades.

¿Mayor accesibilidad?

Respecto al acceso, hay otro dato que es engañoso: si bien es cierto que en muchas de las nuevas universidades entre el 70 y el 80% de los alumnos son primera generación de universitarios en sus familias, también es cierto que este porcentaje se mantiene sólo en los primeros años. Quienes logran terminar la carrera pertenecen, en su mayoría a los sectores medios y medios altos.

A esto se suma una realidad de orden geográfico: tres de las dos nuevas universidades propuestas están ubicadas en un área con una sobreoferta de educación superior. Si se mira lo que sucedió en los últimos años, desde 2009 a la fecha se crearon dieciséis universidades, de las cuales nueve fueron en la Provincia de Buenos Aires y dos en CABA. El argumento es siempre el mismo: el 40% de la población argentina vive en la Provincia de Buenos Aires concentrada, en su mayoría, en el conurbano. Lo que nadie se pregunta es por qué gran cantidad de gente nacida en otras provincias se traslada allí. Si se lo plantearan, seguramente buscarían fortalecer el federalismo para evitar los movimientos migratorios hacia Buenos Aires. La gallina o el huevo, esa es la cuestión.

Cuando la plata no alcanza

El otro gran interrogante es el del financiamiento. Mientras se recorta el presupuesto en educación afectando directamente los niveles obligatorios, se pretende ampliar el gasto en el nivel superior.

El presupuesto total previsto para las universidades este año era de $409.000 millones, de los cuales un 24% corresponde a las veintidós que se encuentran en la Provincia de Buenos Aires, es decir unos $98.000 millones. Si se sumaran tres universidades, harían falta, por lo menos $13.000 millones adicionales sin tener en cuenta la inflación.

Sin embargo, todos sabemos que el presupuesto no crece en forma proporcional a la ampliación del gasto, lo que redundará en una mayor precarización de los ya precarizados docentes universitarios. Una nota de color: mientras se debatía la creación de las universidades, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, hacía un paro en reclamo por una mejora salarial.

No se puede recortar el presupuesto con una mano y crear nuevos gastos con la otra. No se puede legislar fundados sobre expresiones de deseo, sino que hay que hacerlo sobre la realidad concreta. Y hoy, la realidad, es que la plata se acabó.