Cuánto cuesta el agua, cómo se paga y por qué se apunta al consumo medido

En un contexto mundial, nacional y provincial donde el gran foco a futuro está puesto en cómo se administrará de agua potable a una población que va en franco crecimiento, el desafío es arduo y complejo. Puertas adentro de las fronteras mendocinas, la gran pregunta es el cómo y de qué manera el recurso vital podrá ser efectivamente aprovechado y cuidado el máximo. Serán, de hecho, las pautas y políticas a corto y largo plazo las que sentarán las bases de un cambio respecto a la percepción que las actuales generaciones tienen en relación a su cuidado. En el fondo entonces, las formas de gestionar el recurso vital -tanto para el riego de cultivos como para consumo- serán las que determinarán las posibilidad de subsistencia o no, por estas tierras.

Solo con atender a un "paneo" general de la situación de Mendoza, la urgencia es clara: solo el 3% del territorio es irrigado y se estima que este porcentaje es aún menor frente al avance de la desertificación. Los efectos del calentamiento global, como así también la pérdida de los volúmenes de nieve acumulada en la cordillera y la retracción de los glaciares entre otras problemáticas ambientales globales, se plantean como las amenazas más profundas. La conservación y cuidado del agua subterránea (que requiere de un abordaje específico para mitigar su contaminación) es otro gran desafío presente y futuro.

En líneas generales, se estima que la distribución y cobro de los volúmenes de agua en la provincia se reparten en un 97% para el riego de las zonas cultivadas y el 3% restante se administra para que el agua sea potabilizada por parte de los distintos prestadores. Aguas y Saneamiento de Mendoza (Aysam), los municipios Maipú, Luján de Cuyo y Tupungato y 126 entidades de gestión comunitaria (que administran el agua subterránea en diferentes zonas de la provincia más alejadas) tienen a cargo la prestación del servicio que llega a los hogares potabilizada y en condiciones de salubridad óptimas.

Agua ¿medida?

Para Carlos Morán, integrante del directorio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas), organismo a cargo de los controles relacionados a la calidad del agua entre tantas otras funciones, es fundamental que la provincia afronte un nuevo debate: cómo debe ser el cobro del agua potable para que el consumo sea más medido, pero además, más equitativo entre una población cuyo crecimiento quedará expuesto en los resultados del actual Censo Nacional. "Lo justo es que el agua se considere como lo que es; un servicio vital y único, que no se puede reemplazar. En el actual contexto y con los grandes desafíos que se plantean en relación a su provisión, es fundamental que el litro de agua potable salga lo mismo sea donde sea que la persona vive dentro de Mendoza", recalca el funcionario.

Sus argumentos no son ajenos a la actual problemática que involucra a los mendocinos. Al hacer una "radiografía" del sistema de cobro en la provincia, Morán detalla que su unificación y actualización es la clave para mejorar el servicio. Pero además, agrega, el hecho de que cada usuario pague de acuerdo a los volúmenes consumidos colaboraría a mejorar el nivel de concientización respecto del uso que se da del recurso vital en cada hogar. Cuidar al máximo cada gota, sería el objetivo.

Morán agrega que la necesidad de replantear la valoración que se tiene del recurso vital no solo debe ser subsanada en nuestra provincia, sino en todo el país. Compara, por ejemplo, que a diferencia de otros servicios, como los combustibles o la energía eléctrica, el agua no tiene una regulación pareja a nivel nacional. "Si tenemos en cuenta que sin agua la vida no es posible, entonces tomaríamos una real conciencia de su importancia", advierte Morán y aclara que debido a que el acceso al agua potable es un derecho humano básico e innegable, la aplicación del consumo medido implicaría que el Estado establezca subsidios para garantizar la cobertura a las familias que no pudiera costear los gastos. Un replanteo no menor. 

Consumo sin límites

Aysam es la empresa estatal que provee del servicio de agua potable a la mayor cantidad de mendocinos. Tiene 420 mil cuentas. Ese número, multiplicado por cuatro (cantidad estimativa de integrantes de una familia) da por resultado 1 millón 680 mil personas que en la provincia dependen de su servicio. La forma en que se cobra el consumo de agua en este caso, no está regido por la cantidad que cada hogar consume diariamente, sino que está determinado de acuerdo a un cuadro tarifario -que según destacan desde el Epas- está, cuando menos, desactualizado en relación al actual contexto.

Explica Morán que en el caso de Aysam y luego del proceso de privatización de la ex Obras Sanitarias Mendoza, que más tarde fue reestatizada al conformar lo que es en la actualidad la empresa prestadora la metodología de cobro no fue aggiornada en función de los cambios ambientales y sociales que a través del tiempo se fueron planteando.

Esta forma de cobro se basa en que cada usuario del servicio paga una boleta bimestral fija en función de una ecuación polinómica que involucra aspectos tales como: los metros cuadrados de la vivienda, su ubicación y características y la superficie del terreno, entre otras variables. Por eso es que la tarifa es diferente según la zona en que viva cada persona o sus condiciones materiales de existencia. El agua entonces, es suministrada sin establecer una base; un límite. Sí, existe en este caso -aclara Morán- un extra a pagar por los usuarios que comenten excesos, en tanto que el 9% del total de cuentas tiene un sistema medido.

En el caso de los Municipios, los datos del Epas dan cuenta que entre 90 y 100 mil cuentas (hogares) dependen del servicio de provisión de agua potable. El régimen de cobro se establece de acuerdo a las decisiones que van tomando los respectivos Concejos Deliberantes, que son los que fijan las tarifas, amparados en su autarquía al momento de tomar decisiones fundamentales que atañen al bienestar de la población.  

Menos de cinco centavos el litro de agua

Los prestadores comunitarios de agua que operan en diferentes zonas alejadas de los centros más poblados de la provincia son en total, 126. Son, en líneas generales, quienes desde hace décadas tienen a cargo la extracción, potabilización y distribución a través de redes, el agua que se extrae de pozos; es decir, el recurso que está guardado como un tesoro incalculable debajo de las entrañas de la tierra. En este caso, la tarifa que paga cada uno de los titulares de las 90 mil cuentas en toda la provincia, está adaptada a las nuevas disposiciones establecidas por el ente contralor. 

Justamente, en forma reciente, el Gobernador firmó el decreto donde las tarifas aparecen actualizadas. "Desde el Epas ofrecemos la tarifa referencial, cuyo valor se ajusta en función de la cantidad de cuentas que tenga cada prestador", detalla Morán. De este modo, aquellas entidades que cuentan con un mayor volumen de usuarios, tienen tarifas más baratas mientras que aquellas que presentan menos cantidad de cuentas, emiten valores más altos al momento de cobrar.

Por Ley, cada prestador de ese total de 126, debe garantizar un mínimo de un metro cúbico (mil litros) diario de agua a cada usuario. En el caso de las entidades que tienen hasta 500 cuentas a su cargo, la boleta es de 1.462,82 pesos. En tanto que aquellas que cuentan con 500 a 1.000 cuentas, el valor del agua es de 1.232,32 pesos, mientras que entre las 1.000 y las 1.500 cuentas, el costo a pagar mensualmente por 30 mil litros de agua, es de 865,38 pesos. Este valor desciende en el caso de las entidades que brindan el servicio a más de 1.500 hogares. En ese caso, la factura de agua establecida es de 768,22 pesos. Si se tienen en cuenta esos valor, hay que decir que en estos casos, cada litro de agua potable para consumo cuesta entre 2 y 5 centavos de peso.