Cómo se extrae el agua subterránea, quién la administra y cómo se paga

La forma y la época en la que surgieron, las zonas en las que prestan servicios y la cantidad de personas a las que proveen de agua varía. Pero en todos los casos comparten un mismo hilo conductor: la lucha por el acceso al recurso vital. En una provincia donde solo el 3% de su suelo es irrigado, los desafíos que afrontan a diario los pequeños prestadores del servicio son múltiples.

Entidades barriales, asociaciones de vecinos, organizaciones intermedias y cooperativas operan en diferentes sectores de Mendoza para extraer el agua subterránea a través de pozos para luego potabilizarla y distribuirla mediante redes en las poblaciones rurales o barrios alejados del Gran Mendoza. En todos los casos, son sectores excluidos del sistema de distribución provisto por Aysam, la empresa estatal que cuenta con la mayor parte de la cobertura en la provincia con más de 400 mil conexiones.

De acuerdo a los datos del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de la Provincia (EPAS), en Mendoza operan 126 entidades de gestión comunitaria que abastecen de agua potable a 350 mil personas a través de 90 mil cuentas habilitadas hasta el momento para recibir el servicio a través de cañerías en sus hogares. Tupungato, Maipú y Luján de Cuyo son las comunas que aún tienen su propio manejo hídrico.

Subsistir "a pulmón"

Lo cierto es que para focalizarse en la realidad que viven quienes llevan al frente cada una de las entidades a cargo del manejo del agua subterránea es necesario atender a la propia historia local. Justamente, a partir de los ’90, en pleno proceso de desestatización, cuando buena parte de los prestadores de agua comunitarios comenzaron a atravesar una profunda crisis. Las asociaciones que hasta entonces contaban con recursos provistos por el Estado provincial, se vieron obligadas a “rearmarse”. De hecho, buena parte estuvo al borde del colapso. El impacto, en distintos momentos, no dejó de sentirse en las familias que dependen de esos servicios.

Hoy, cuando el Gobierno Provincial ha puesto los ojos en el exterior para traer experiencias ligadas al aprovechamiento hídrico, muchos se preguntan cómo resolver el día a día para que los costos de mantenimiento de los pozos, potabilización del agua, mejoras en las redes y arreglos operativos, no superen a la capacidad de respuesta de esos pequeños sistemas de distribución. Para Carlos Morán, uno de los dos directores del EPAS, en realidad, los pequeños y medianos prestadores de agua en la provincia son un ejemplo de resiliencia que inclusive, han sabido "ordenar sus cuentas" para lograr que la distribución sea medida.

En ese sentido, el funcionario compara que mientras Aysam llega a un 9% de su sistema medido, en el caso de estas entidades al menos el 50% de los usuarios sí lo tiene. "Los recursos de los que disponen y su toda su capacidad de respuesta depende exclusivamente de lo que recaudan en función del servicio que prestan. Inclusive algunos han llegado a lograr un 40% de ahorro desde que empezaron a cobrar; pero además, las personas van entendiendo de este modo la importancia de hacer un uso responsable y medido del agua que consumen", destacó Morán. 

El desafío de entregar agua de calidad

Una "radiografía" al sistema de extracción y distribución del agua subterránea en la provincia, muestra que entre el total de entidades que tienen la potestad sobre la administración del recurso vital, la cantidad de hogares a los que llegan varía desde las 50 (en el caso de las más pequeñas) hasta más de 1500. Para que el agua que llega a las zonas de campo sea de calidad, el ente a cargo de los controles realiza inspecciones periódicas y análisis, debido a que el servicio debe estar siempre ajustado a los reglamentos establecidos en el Código Alimentario Argentino. Desafío complejo, en un contexto donde la contaminación del agua subterránea es una de las amenazas más graves en relación con el cuidado del recurso en la provincia. 

Federico Vanin es el presidente  de la Asociación Civil de Servicios Públicos Rurales Alto Verde (Castelli, San Martín). Al menos 10.500 personas dependen del servicio de agua potable que entrega la entidad a través de 1750 conexiones habilitadas a la red. Cuenta Vanin, que el desafío de hacerse cargo de llevar agua a los vecinos no fue fácil. Hace cuatro años, la entidad tomó a cargo la ex Cooperativa de Agua Castelli, que debido a los graves inconvenientes técnicos y organizativos para administrar el agua proveniente de pozos. "Hace cuatro años, el EPAS nos pidió a los vecinos fundar la entidad para brindar el servicio de agua potable a los vecinos. El desafío no fue fácil, pero acá estamos poco a poco logrando llevar adelante esta responsabilidad", cuenta Vanin cuyo trabajo es ad honorem.

El incómodo momento de cobrarle al vecino

Destaca Vanin que poner de nuevo a punto los 80 kilómetros de cañerías y los pozos para recolectar agua no fue nada sencillo. "El primer año fue muy duro; luego logramos instalar 5 mil metros de cañerías; luego un pozo y después uno más", recuerda Vanin, ahora que la entidad ha logrado funcionar gracias a la organización y los aportes de cada contribuyente. Lo cierto es que lejos de recibir subsidios o aportes por parte del Estado la cooperativa de agua se sostiene, en su gran mayoría, con el dinero recaudado de las tarifas que pagan los usuarios.

Por eso justamente, ha sucedido que "un vecino le ha tenido que informar a otro que si no paga, entonces el servicio tendrá que ser interrumpido". Esas, aclara Vanin, son las situaciones más complejas que se viven a la hora de luchar para que el sistema siga en marcha. "Es muy doloroso cuando hay que decirle a alguien que le tenemos que cortar el agua; pero al mismo tiempo, si no cobramos el agua, el servicio no se puede mantener", explica el presidente de esta asociación del este provincial y aclara que la Municipalidad de San Martín como así también el EPAS, son las áreas estatales sobre las que más se apoyan.

Contaminación, el riesgo latente

Una de las problemáticas más graves en relación con la calidad del agua subterránea es el riesgo de contaminación. Explica Vanin que solo en las zonas del campo de San Martín persisten al menos 200 perforaciones de agua pertenecientes a fincas que quedaron abandonadas y cuyos pozos están sin el adecuado tratamiento, en sitios cercanos a baldíos que llevan más de 50 años sumidos en el abandono. "Esta es una de las principales amenazas, porque el día que el agua subterránea se contamine, entonces nos vamos a quedar sin ella y la vida en estas zonas va a ser imposible", alerta Vanin.

Más hacia Guaymallén, en la zona de Corralitos, 6.380 familias dependen de los servicios que presta desde hace 18 años la cooperativa Corralcop. En el marco de la crisis hídrica que pesa desde hace más de diez años en Mendoza, desde la entidad aseguran que uno de los desafíos más grandes con lo que se han encontrado es lograr generar una mayor concientización en la población para evitar derroches. Los costos operativos, que son costeados en dólares, presentan otro gran dilema en el contexto inflacionario que no da tregua. "Estamos instalando medidores porque de otra manera se hace imposible poder sostenerse", detalla su presidente, Salvador Murcias.

Costos que se pagan en dólares

Murcias ejemplifica que los valores operativos para poder mantener la potabilización y la administración del agua que llega a los hogares de este sector de Guaymallén, son cada vez más altos. "Todo lo que compramos es en dólares y los costos son muy altos al momento de pagar la energía eléctrica necesaria para que funcionen las bombas de los pozos. La última boleta que pagamos fue de 1 millón 200 mil pesos y eso que contamos en ese sentido con un subsidio del Estado provincial", aclara Murcias y detalla en sintonía con representantes de otras entidades, que uno de los problemas más complejos a los que se deben enfrentar tiene que ver con la distribución en los barrios más necesitados. "Sabemos que les es imposible pagar y al mismo tiempo no podemos dejar de brindarles el servicio de agua", comparte Murcias.

Instalar medidores para alimentar el sistema

Volviendo al Este provincial, pero más hacia el margen este de El Carrizal, en el distrito Medrano (Rivadavia) los desafíos para lograr hacer llegar el agua a casi 3 mil familias por medio del agua subterránea que es distribuida a través de 200 kilómetros de cañerías, son múltiples. Carlos Ventura es el presidente de la Unión Vecinal de Servicios Públicos de Medrano, entidad que fue fundada en 1977, detalla que gracias a la instalación de los medidores de agua en la zona, se ha logrado economizar hasta un 40% del recurso hídrico que proviene de las entrañas de la Tierra.

Sin embargo, todas las metas que van logrando, son sobre todo, "a pulmón". "Trabajamos casi al límite y todas las personas que se dedican a esta tarea lo hacen ad honorem, porque están convencidos de la necesidad de organizarse para poder tener agua. Existimos también gracias al porte de los municipios como Rivadavia y Junín" destaca Ventura y detalla que "el Estado provincial no nos provee de ayuda para poder acceder a perforaciones o efectuar obras más grandes", dice el gerente de la unión vecinal que opera en zonas rurales del Este.

Completa Ventura que una de las situaciones más habituales es que los usuarios hacen un gran esfuerzo para pagar el servicio de agua. "Muchas veces son personas de escasos recursos que hacen todo lo posible por cumplir porque de lo contrario el sistema no puede funcionar", detalla Ventura y aclara que una de las "patas" más importantes sobre las que se apoyan para lograr la calidad de agua como así también las gestiones habituales para proveer del servicio, es el EPAS.