110 años de la Ley Sáenz Peña, cómo se formó y cómo sigue vigente hoy en día

En la actualidad, en casi todas las democracias, el derecho a voto es un derecho de nacimiento sin discriminación de etnia, clase social o género. Todo ciudadano posee dicho derecho debiendo cumplir como único requisito indispensable contar con la edad mínima requerida por cada país. Finlandia fue la primera nación en el mundo en establecer el derecho a votar y luego Nueva Zelanda en 1893. Alemania pasó a este sistema en 1907, Suecia en 1909, e Italia en 1910. Argentina lo incorpora en 1912, aunque normativamente se había establecido casi un siglo antes.

A pesar de que en un principio las elecciones políticas tenían numerosas limitaciones, con el tiempo adquirieron gran relevancia en la legitimación del régimen político, al ser reconocida en el mundo como el mecanismo adecuado para la elección de autoridades públicas.

Hoy día votar puede ser considerado como un acto común, pero no siempre fue así. En la Argentina el voto no era obligatorio ni secreto, lo que facilitaba la manipulación de una elección por parte del grupo político gobernante, que ejercía el control del proceso electoral y, en caso de ser necesario, apelaba al fraude. Manejaban todos los aspectos: empadronamiento, escrutinio y anuncio del ganador.

Cada elector varón, mayor de edad se presentaba a la mesa electoral, que generalmente se realizaba en el atrio de las iglesias y a viva voz decía por quién votaba. Esto se registraba en una planilla que confeccionaba la autoridad electoral en el momento porque no existía un padrón único. La cuestión es que la elite política no buscaba garantizar el derecho del ciudadano a elegir a sus representantes sino que luchaban por cualquier medio para asegurarse su triunfo y continuidad en el poder. Por lo tanto, la sociedad no estaba representada en el poder político, sino que la elite dirigente se imponía mediante el fraude y la coacción.

En esos tiempos todo era válido, obligar a los votantes a elegir a determinado candidato mediante violencia física, permitir el voto múltiple, un hombre podía votar en distintas parroquias, la compra de votos, entre otros defectos.

Recién en 1912, con la ley Nº 8.871 conocida como Ley Sáenz Peña, quedó establecido el voto secreto, individual, universal masculino y obligatorio para argentinos y naturalizados mayores de 18 años, previamente inscriptos en un padrón electoral que se confeccionaba con los datos provenientes del servicio militar obligatorio, quedando exceptuados los mayores de 70 años. Esta ley debe su nombre a su impulsor, el presidente Roque Sáenz Peña del Partido Autonomista Nacional. Mediante esta ley se determinó que, al momento de emitir su voto, el ciudadano recibía del presidente de mesa un sobre abierto y vacío y, en un cuarto contiguo, sin ventanas y sin compañía, emitía su voto y lo depositaba, cerrado, en la urna sobre la mesa.

El Ejército debía fiscalizar el desempeño del acto electoral. Además, se estableció el llamado sistema de lista incompleta: el partido más votado obtenía dos tercios de los cargos en cuestión y la fuerza segunda, el tercio restante. Otro u otros partidos quedaban excluidos de obtener representación.

La ley excluyó del derecho de ciudadanía a las mujeres, a los varones extranjeros no nacionalizados, y a los argentinos nativos o naturalizados que habitaban en los Territorios Nacionales. También a los religiosos, los soldados, los detenidos y los  incapaces de ejercer sus derechos -dementes, sordomudos incapaces de escribir. Cabe destacar que esta ley permitía el voto de la mujer, algo avanzado para la época, pero al determinarse que se usaría como padrón electoral el padrón del servicio militar obligatorio se demoró el ingreso al padrón por parte de las mujeres hasta 1947.

Aun a pesar de diversos limites, la Ley Sáenz Peña colocó a Argentina dentro del reducido grupo de países que, en el mundo de entonces, permitían el ejercicio libre del derecho de ciudadanía.

Las primeras elecciones presidenciales realizadas bajo el sistema de la ley fueron en 1916, cuatro años después de su sanción, y en ella triunfo el candidato por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, la principal fuerza opositora al Partido Autonomista Nacional, quien obtuvo el 45% de los votos.

En el país, en general la participación ciudadana en los actos electorales se mantuvo por encima del 70%. Las cifras más altas de participación se registraron en las elecciones de los años 1983 y 1989 superando más del 85% en los dos procesos electorales inmediatamente posteriores al retorno de la democracia. En las décadas siguientes, como consecuencia de las crisis económicas, ese porcentaje bajó a un 80%, descendiendo en 2015 a un 74.9%.

La Ley Sáenz Peña contribuyó a jerarquizar la condición de ciudadano, al garantizar la participación de toda la sociedad, permitiendo el acceso al poder a candidatos pertenecientes a distintas clases sociales, no solo las de clase acomodada y transformándose la practica electoral en la base de la construcción de la democracia