Argentina: rehén del AMBA

Desde hace un tiempo viene tomando forma una discusión que no es nueva y que se relaciona con la tradicional influencia de lo denominamos el Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA- compuesta por la Capital Federal y los 24 partidos del Gran Buenos Aires -el Conurbano- en los asuntos políticos, económicos y sociales.

La cuestión no abarca solamente un aspecto de impacto territorial, sino una visión que tiene a la Argentina completamente dependiente y atada a decisiones tomadas bajo un esquema de poder que opera como rehén de las potencialidades del país en su conjunto. Su principal efecto en es una fragmentación de facto entre el AMBA y el interior.

Esta ecuación, claro está, se diseña sobre la base de una política extractivista de las zonas productivas del país, con la agroindustria como punta, que transfiere recursos al AMBA y, especialmente, al Gran Buenos Aires. Su principal manifestación directa son las retenciones a la exportación, unos USS 10.000 millones en 2022, las cuales financian los cuantiosos subsidios a la energía y transporte metropolitanos junto a los planes sociales y alimentarios. En el Conurbano se recibe un 33% de todos los planes Potenciar Trabajo, estimados en unos 430.000 beneficiarios.

Tomando como proyección el crecimiento de la población censada en mayo del 2022, hoy en el AMBA habitan unos 14,7 millones de personas, un 30% del total de la población del país, de los cuales 11,7 millones habitan en el Conurbano y 3.08 millones en la Ciudad de Buenos Aires.

En comparación con otras capitales o grandes urbes metropolitanas, el AMBA es el conglomerado más centralizado del mundo. Por ejemplo, el Gran Londres representa un 15% de la población; el Gran Paris un 20%, San Pablo y Rio de Janeiro juntas son el 10% de todo Brasil. Madrid es también el 15% y con Barcelona juntas no llegan al 30%. El Gran Santiago en Chile si se acerca al AMBA; pero en un territorio nacional mucho más chico y estrecho.

El dato más preocupante es que, siendo conservadores, el AMBA tendrá como mínimo una población de 18 millones de personas para el año 2040, con un Conurbano en 15 millones, proyectando el país en total los 60 millones de habitantes. Si ya observamos un deterioro muy fuerte en infraestructura, transporte y hábitat, el panorama a futuro luce mucho peor. 

La cuestión no es que no ha habido dinero para el AMBA. Un estudio de la Fundación para el Desarrollo Agropecuario (FADA) indica que, a valores actuales ajustados por inflación en USS, las retenciones a la exportación aportaron nada menos que U$122.000 millones desde su vigencia en 2002. Las prioridades están claras. La realidad, también. 

El cepo como expolio

Esta masiva transferencia de recursos desde las zonas donde se genera la riqueza para mantener subsidios desproporcionados y prestaciones sociales en sólo el 0.23% del total del territorio del país cobra una mayor relevancia en estos tiempos de restricciones cambiarias y decisiones poco democráticas en cuanto el valor reconocido a la producción de exportación.

Si tomamos en cuenta la cotización del dólar oficial promedio de unos $140 para todo el año con un saldo exportable de los principales rubros tenemos que de ventas al exterior récord proyectadas en U$40.000.000.000 en dicho rubro, a quienes generan la riqueza se les reconoce un valor de $5.600.000.000.000; Tras las retenciones, el ingreso neto es de $4.200.000.000.000.

Pero la cuenta es aún más gravosa porque tomando la real cotización del dólar a una cifra anual promedio de $250, el valor de la producción exportable sería entonces nada menos que $10.000.000.000.000. La diferencia, apropiada por el Estado y sus decisiones cambiarias es de $5.800.000.000.000, entre un 7 a 8% del PBI. Más que un cepo, es un expolio.

¿Y por qué lo es en semejante magnitud? Porque representa el objetivo de imponer un modelo opuesto a la generación de producción, trabajo y progreso. Justamente es el sostén del circulo vicioso que se transmite desde, por y para el AMBA en cuanto observar dicha realidad y luego concluir que no hay arreglo posible.

Claro está que no es que el sistema no tiene recursos, sino que su administración está decida por pocos. Como contrapartida, el Banco Central proyecta emitir este año más que aquella cifra que se apropia del agro en a) financiación del déficit fiscal; b) rescate de bonos por la crisis de deuda en pesos; c) los intereses de las LELIQ (un cepo de acuerdo mutuo con los Bancos que restringe el crédito). Billetes sobran. Pero no para los que necesita el país. 

Sin planes, hay trabajo

Es en ese sentido que se ha instalado un falso paradigma con ejemplos como “el plan equivale casi a un salario, entonces no trabajo” o “si uno reduce la asistencia social, el problema empeora”.  Agreguémosle los permanentes cortes y reclamos en la Av. 9 de Julio, con sus protestas sobre la falta de empleo; el panorama es desolador. No hay salida desde ya. En realidad, no hay salida en ese esquema. Porque justamente nos tiene secuestrados.

Un asunto interesante sobre la información en carácter de empleo es que, si vemos los datos de desocupación y beneficiarios de planes en el Gran Buenos Aires lo más llamativo resulta en cuanto los receptores de ayuda social equivalen al 80% que la población sin trabajo. Es decir, el desempleo en el Conurbano es mayor al 8,5% informado, ya que los índices no toman como universo de análisis a quienes perciben el Potenciar Trabajo.

Por otro lado, ciudades como el Gran Córdoba, Mendoza o Santa Fe presentan una población afectada por el desempleo que triplica o cuadruplica a los beneficiarios de planes.

El trabajo y progreso son posibles en tanto los recursos ingresan a un sistema de ahorro e inversión totalmente virtuoso que paga por sí mismo una política de redistribución poblacional

 Asimismo, en los aglomerados del Interior el índice cae dramáticamente. Pero es donde menos desempleo hay (5,7% vs. 6,9% del urbano total del país). ¿Cómo se explica? Porque dónde se genera y crea riqueza es donde está el empleo. Siendo además que el costo de vida en cuanto servicios públicos y transporte es mayor que en el Conurbano. No son los subsidios; es el trabajo.

En consecuencia, lo manifestado en torno al AMBA no es aplicable a toda la situación del país; desde ya. En realidad, en el resto del país es donde se encuentra la solución al AMBA. Y, si prestamos atención, la salida no implica caer en las ecuaciones del gasto estatal vs. los ajustes o pensar planificaciones desde el centro y en base a actividad económica subsidiada. 

El pleno reconocimiento de la producción exportable, más las pujanzas de economías regionales implican inyectar recursos plenos por U$24.000 millones por año (sin contar el petróleo, la minería o el litio) en zonas del país que podrían absorber gran parte de la población del AMBA, hoy atrapada en un erróneo dilema que bloquea la solución de fondo. 

Porque el trabajo y progreso son posibles en tanto los recursos ingresan a un sistema de ahorro e inversión totalmente virtuoso que paga por sí mismo una política de redistribución poblacional. En vez de extraer recursos discrecionalmente en forma tributaria y monetaria imprimiendo billetes que quedan encapsulados en un sistema perverso, los recursos se moverían sin intermediación alguna de quienes hoy deciden las políticas económicas del país.

El objetivo de aquí a veinte años debe ser reducir en 6 millones de personas la población proyectada del AMBA, quedando en 12 millones y siendo el 20% del total del país. Más aún en tanto la demanda de empleo en esas regiones no puede ser completada por la triada de escasa oferta local, dudas en la contratación y población sin capacitación. 

Las soluciones que buscan mejorar el hábitat y facilitar oportunidades en el AMBA, no están allí. Eso justamente consolida el deterioro de una situación en tanto elaborar planes para contener y administrar ese fenómeno sin un cambio de la ecuación económica u productiva no derivarán en las mejoras que se prometen.

Sin un planteo o programa que incluya esta explicación, pero, sobre todo, que clarifique el esquema de decisiones que condicionan a su propia población y al resto del país, seguiremos siendo rehenes de la trampa del AMBA. 

* Agustín Jaureguiberry es politólogo, magister en Estudios Internacionales y máster en Políticas Públicas.