Hábitat y vivienda: cambio de paradigma con educación y trabajo

La larga situación de crisis y caída en los niveles de vida de la población han puesto nuevamente el foco en discutir cómo abordar los problemas estructurales del país. Uno de ellos refiere a la cuestión del hábitat y la carencia de viviendas. Se estima entre 3 a 3.5 millones las unidades que necesitan construirse o refaccionarse.

El gobierno propone otorgarle nuevamente al Estado el rol principal en el fomento de estas políticas con la reciente promesa del presidente Alberto Fernández de terminar 250 mil viviendas nuevas para finales de su mandato. A su vez, el Ministro de Hábitat ha declarado con orgullo: “nunca más el sistema bancario decidirá quién accede al crédito”.

Esta idea de impulso desde el Estado presenta los tradicionales riesgos de afianzar el clientelismo y dependencia de los ingresos de planes para el sustento cotidiano de la mayoría de la población en condiciones de pobreza e indigencia. De más esta agregar la delicada situación financiera del país, con un alto déficit y sin acceso al crédito de largo plazo.

Frente a ello, expongo una propuesta que aborda el tema desde una perspectiva completamente opuesta. El proyecto pone el foco en generar educación, formación y trabajo genuino con financiación de familias y empresas a través de un Programa de Capitales Administrados con destino al desarrollo productivo regional.

Para eso resulta necesario tener en clara una estrategia cuya prioridad sea sostener población de comunidades locales con falta de trabajo e ingresos, evitando la migración a los conurbanos de las ciudades. Luego, iniciar un reflujo de la población suburbana con carencias en materia de hábitat hacia las provincias.

¿De qué manera lo aplicamos? Utilizamos el método Grameen -Aldeas- por el cual el ganador del premio Nobel de la Paz en 2006, Mohammed Yunus, abordó la problemática de la extrema pobreza en Bangladesh. Primero, otorgando microcréditos y, luego, desarrollando las Empresas Sociales.

¿Qué son las empresas sociales? Son organizaciones de orientación productiva en donde el trabajador es a la vez socio -accionista- de la empresa. Esta conformación permite que todos los años perciba dividendos por su trabajo. La diferencia con una
Cooperativa es que las empresas sociales sí buscan el lucro.

¿Cómo unimos todo ello? Mediante la creación de fideicomisos regionales originados en cada municipio, comunidad local o comarca por el ahorro y excedentes de las fuerzas productivas y del trabajo. Estos recursos, administrados en forma eficiente y profesional, generan el flujo para otorgar los microcréditos, capacitar a la población identificada para crecer y formarse mejor, y tras ello constituir las empresas sociales. Las empresas sociales otorgan el trabajo para que se construyan las viviendas
propias o para terceros.

Los Municipios son un eje central del proyecto. Porque es el Intendente quien más está interesado en desarrollar su comunidad, ya que conoce mejor a la población y sus necesidades. Asimismo, mantiene fuerte vínculo con agentes sociales, empresarios, trabajadores y restantes asociaciones. Y, desde ya, en el ámbito rural, se encuentran mayormente los terrenos disponibles para ejecutar estas iniciativas.

Este mecanismo contribuiría a desarrollar un mercado de capitales de amplia cobertura, hoy casi inexistente y de muy baja penetración, brindando la posibilidad de democratizar la inversión en proyectos de impacto social concreto, y sustentables.
Porque generan empleo sostenible en regiones productivas. Esta es la garantía del repago de la inversión en forma de una titulación hipotecaria.

Asimismo, y este no es un asunto menor, se invierte la ecuación de la política de vivienda social. Hasta ahora el Estado ponía foco en la entrega, sin conocer si el beneficiario pudiese devolver el crédito atento su situación laboral o condiciones para conseguir un empleo estable. Aquí es al revés: creamos las condiciones de educación-formación dentro de una estrategia de desarrollo, se genera el puesto de trabajo con ingresos sostenibles y, tras ello, se entrega la vivienda, dentro de un círculo virtuoso.

En términos concretos, la aplicación de 15 Programas de Capitales Administrados ejecutados en los próximos 5 años, pueden resultar en la creación, para el año 2030, de 600.000 nuevos empleos y construcción de igual cantidad de viviendas; todo ello con impacto directo en más de 2 millones de personas que mejorarían sustancialmente sus niveles de vida y hábitat.

Dicha inversión equivale a un 5% del Producto Bruto Interno. La fuente de financiamiento puede lograrse vía una reingeniería financiera de recursos en el sistema bancario junto a excedentes generados en áreas productivas de alta capacidad de ahorro que busquen capitalizarse a futuro. No es necesario recurso público alguno.

La propuesta fue presentada a la Secretaría de Vivienda y al Ministerio de Producción. También, expuesta al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA dentro de su rol en el Consejo Económico y Social y, conversado con CONIAGRO en el
marco del Plan Agroindustrial federal. Actualmente, la propuesta forma parte del Movimiento por los Valores de la Argentina, cuyo objetivo es fomentar políticas de formación, capacitación y empleo en base a recuperar la cultura del trabajo.

Busco desarrollar una herramienta que no es nueva, pero que para la Argentina es novedosa. Con generación de riqueza y empleo perfectamente sostenible en cuanto no se crean industrias artificiales o subsidiadas. Las nuevas empresas con sus empleos se desarrollan en una actividad competitiva de su economía regional.

Aporto una idea y proyecto de los tantos que son necesarios para buscar entre todos las mejores soluciones que pongan nueva y definitivamente al país en marcha. Sin atajos ni soluciones simplistas y falsas ilusiones que llevan al desencanto.

*Agustín Jaureguiberry. Politólogo, Magister en Estudios Internacionales y Máster en Políticas Públicas.