Productores van a la justicia porque San Luis les bloquea las rutas

Ruralistas, productores y transportistas de Río Cuarto, Córdoba, presentaron un recurso de amparo colectivo para que la Justicia Federal intervenga en el conflicto con San Luis por el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus.  

Sin embargo, frrente a la demanda, el fiscal de Estado puntano, Eduardo Allende, aseguró que en esa provincia, “no se ha restringido la circulación por las rutas nacionales”.

La Sociedad Rural de Río Cuarto y de Vicuña Mackenna, productores agropecuarios, el Consorcio Caminero de Achiras y el Centro de Transportistas de esa localidad presentaron un recurso de amparo colectivo ante la Justicia Federal, para declarar inconstitucional el Decreto 1894/2020 del gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Los productores y transportistas consideraron que la norma, que impone restricciones para contener la propagación de la pandemia, lesiona “con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, los derechos constitucionales de entrar, permanecer, transitar, usar y disponer de la propiedad, ejercer industria lícita, comerciar y profesar el culto, de cientos de ciudadanos y productores”.

En ese contexto, plantearon que se ha prohibido el acceso por la ruta provincial 30 que une La Punilla, en San Luis, con Río Cuarto (Córdoba), y resaltaron las graves consecuencias que esa decisión tiene para la población de las localidades de Achiras, Río Cuarto y Vicuña Mackenna, entre otras.

Denunciaron también que San Luis ha levantado terraplenes en los caminos vecinales que vinculan a ambas provincias y que están a cargo del Consorcio Caminero 158 de Achiras.

Señalaron además que el tránsito en la ruta nacional 8 está “bloqueado, con directa afectación” a la población de Sampacho, Suco y Chaján, de Córdoba que mantiene vinculación con Villa Mercedes.

El fiscal Allende aclaró que la circulación “por las rutas nacionales nunca fue restringida”, y que no corresponde que el amparo colectivo deba ser tramitado en el Juzgado Federal de Río Cuarto.

“Al ser un reclamo de vecinos de una provincia contra otra jurisdicción, entendemos que la causa la debería tramitar la Corte Suprema de Justicia”, replicó el funcionario judicial, aclarando que, al ser una acción del gobierno de San Luis, correspondería que lo trate el Juzgado Federal de San Luis.

Para Allende, las medidas tomadas a raíz de la pandemia no implican una vulneración de la Constitución Nacional ya que, “ante una situación de emergencia, los derechos y garantías constitucionales se restringen para resguardar la salud".

Los transportistas que deben cruzar la provincia para unir dos distritos, “pueden transitar por las rutas puntanas con medidas de seguridad que aplica el gobierno” provincial, precisó el fiscal.

Quienes ingresen a San Luis en el marco de la emergencia sanitaria tienen la obligatoriedad de cumplir la cuarentena o presentar el certificado de negatividad de Covid-19 que exige el Comité de Crisis provincial.