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Piden privilegios ante la ley para maestros locales

Además de reformar el Código de Faltas se propondrá la Ley de Protección del Docente para resguardarlos ante agresiones y poner así límites a los potenciales ataques. En disenso, Luis Petri promovió la creación de la figura del defensor del docente.

A puertas cerradas, con el fin de salvaguardar información crítica de expedientes que aún están bajo el secreto de sumario por casos de violencia en las escuelas, se avanzó hoy en la Legislatura en la reforma del Código Faltas y en la elaboración de la futura Ley de Protección al Docente.

El fin será proteger “mejor” a los docentes y en el mismo sentido poner límites a los potenciales agresores que tengan como intención desvalorizar la imagen de los maestros y maestras mendocinas ante casos de violencia escolar.

“Efectivamente hay leyes que protegen a los ciudadanos comunes, pero entendemos que estos hechos que se han dado frecuentemente en este primer semestre del año requieren jerarquizar la función del docente”, explicó María Inés Abrile de Vollmer, luego de finalizada la reunión hoy en el anexo legislativo de calle Espejo en el Centro.

Durante la reunión, Abrile de Vollmer, tomó nota de todo lo dicho y actuado en la reunión con los diputados.

En tanto, la funcionaria provincial argumentó: “Por eso es que la hemos asimilado –a la figura del docente- a un artículo del Código de Faltas donde se habla del rango del funcionario, embajadores, entre otros, y los hemos puesto en una categoría de persona que por su función, por la naturaleza profesional de su función, requieren un tratamiento considerado, en prontos tiempos para que se produzcan las acciones correctivas”. Además aclaró, ante la requisitoria sobre si se pretendía que los docentes tengan más derechos que los ciudadanos comunes, que no tendrán más derecho sino "más urgencia en el tratamiento” ante los casos que se judicialicen.

La iniciativa que busca privilegiar a los docentes ante el tratamiento del que gozará frente la ley, por ejemplo, un ciudadano común, obtuvo el apoyo de casi todos quienes trabajaron hoy en el ámbito de la Comisión de Educación y Cultura de Diputados. Sólo el diputado Luis Petri (UCR) propuso la creación de la figura del defensor del docente.

No a la reforma del Código de Faltas

Según el diputado Petri “la Dirección General de Escuelas con la modificación al Código de Faltas que en algunos casos propone y promueve le está bajando la intensidad de la sanción porque figuras penales como las lesiones, los abusos, como las calumnias, como las injurias, las está transformado o les está dando tratamiento de norma contravencional”, explicó.

En ese sentido, el legislador oriundo del Este acotó: “Por eso es que creemos que las figuras jurídicas están tipificadas y están creadas; por lo tanto lo que necesitamos es una persona que las haga valer; una persona que promueva la denuncia y se constituya en parte querellante; por ello creemos esencial la creación de la figura del defensor del docente”.

Según Petri, “el defensor general con cinco defensores en cada una de las delegaciones asesorarían jurídicamente a cada uno de los docentes ante supuestos de abusos, situaciones que involucren malos tratos, acciones físicas o verbales a los educandos”, analizó.

“La verdad es que si nosotros hoy por hoy creamos una norma contravencional que ya tiene previsión penal, lejos de hacerles un favor a los docentes los estaríamos perjudicando”, argumentó el diputado radical.

Una reunión secreta

El diputado Tadeo García Salazar (UCR) fue quien explicó en primer término lo que se trató en la reunión entre los legisladores y los representantes de la DGE: “Se abordaron todos los temas referidos a casos de violencia escolar y en los cuales en algunos hay secreto de sumario y en otros casos hay pedidos de reserva de identidad. Entonces ahí se hizo la primera parte de la reunión en forma reservada”, justificó.

“Se abordaron dos temas particularmente: todos los casos de violencia que se han sucedido últimamente en algunas escuelas y los proyectos de ley vinculados a los asuntos que abordan la problemática de la violencia en las escuelas. También las acciones que ha tomado la Dirección General de Escuelas y después trabajamos en los proyectos de ley vinculados a los casos de violencia en las escuelas”, repasó García Salazar.

En ese sentido agregó que “hay tres proyectos de ley, uno del Ejecutivo, otro de Partido Demócrata del diputado Riesco, otro que es de la Unión Cívica Radical que es de mi autoría y trabajamos en la oportunidad de generar consenso para avanzar en la redacción de un proyecto unificado que aborde una sola modificación al Código de Falta y que no genere este mecanismo por tres vías”, detalló.

Asimismo se analizaron “algunas propuestas de algunos legisladores que tienen que ver con un observatorio de convivencia escolar y otros programas que hay para protección del docente y otras iniciativas que entienden nuevas problemáticas emergentes como el bullying”, marcó.

Como primera conclusión, García Salazar, destacó la “muy buena voluntad con todos los partidos que integran la comisión como así también del Ejecutivo en tratar de unificar estos proyectos de modificación del Código de Faltas y de trabajar en dos planos, en el corto plazo con todas las medidas que hagan a la mejora del sistema escolar y a la protección del docente, revalorizando su rol y en el mediano y largo plazo con estas otras herramientas como el observatorio y los programas específicos contra nuevas modalidades de violencia en las escuelas”, manifestó.