Otra vez denuncian a Mendoza de robar agua

La publicación realizada por Juan Gasparini cita que "el saqueo del río en La Pampa engendró la desaparición de especies animales y vegetales, y el deterioro demográfico, verificado en la emigración de su población hacia lugares más prósperos. Para colmo la región se caracteriza por escasas lluvias, del orden de los 350 mm anuales de media, que agravan las consecuentes sequías debidas al secuestro del río aguas arriba".

"La sustracción de los caudales del Atuel se operó en distintos lugares y fechas, según las cartas geográficas de la época, preferentemente entre 1917 y 1947, lapso en que La Pampa tenía la condición política de ‘territorio nacional’, no contaba con gobierno propio, dependiendo de las autoridades centrales de Buenos Aires, al tiempo que Mendoza corría con la ventaja de ser un Estado Federal y como tal regimentaba y administraba sus bienes naturales y disponía de un presupuesto", escribe Gasparini.
 
La publicación cuenta que La Pampa litigó contra Mendoza ante Corte Suprema de Justicia de la Nación y el tribunal emitió un fallo en 1987, donde definió al Atuel como interprovincial y ordenó "que se regule la utilización en forma compartida". Sin embargo, en 2008 el Gobierno Nacional avaló un convenio entre las dos provincias, fijando una asignación de aguas a La Pampa, para lo cual debía construirse un canal de 130 km, que nunca se hizo. Mendoza finalizó diciendo que no se podía y la negociación se estancó, un desafío para la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, árbitro en el cumplimiento del convenio, asignatura pendiente en su actual segundo mandato al frente de la República. El periodista recuerda en el escrito que "en agosto de 2012, el Tribunal Latinoamericano del Agua con sede en Costa Rica sesionó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y emitió un dictamen dándole la razón a La Pampa. Desde entonces los vecinos de varias localidades pampeanas esporádicamente cortan las rutas y reiteran las reivindicaciones alrededor del Atuel, pero estas movilizaciones no conmueven la incapacidad de la República para resolver el conflicto. Los damnificados podrían seguramente interponer un reclamo ante un organismo del sistema de Naciones Unidas, hasta que se haga realidad el sueño de muchos militantes ecologistas, es decir la fundación de un tribunal equivalente a la Corte Penal Internacional (CPI) en el plano de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra".

"Todos los Estados de Naciones Unidas asumieron la responsabilidad, en los denominados Objetivos del Desarrollo del Milenio, de alcanzar en 2015 un abastecimiento completo de agua potable al conjunto sus habitantes. Sin embargo, hacia la frontera de La Pampa con Mendoza, en un polvoriento y lejano paraje del Cono Sur, la impunidad se ha amparado de la historia, postrando las densidades poblacionales entre las más bajas del país y, a veces, hasta del mundo", finaliza Gasparini.