Vacunatorio VIP: enviaron a juicio a dos exfuncionarios de Ginés González García y al exdirector del Hospital Posadas
Por sorteo, el expediente quedó radicado en el TOF 6, que no tiene jueces titulares. La causa investiga los delitos de peculado y abuso de autoridad por el otorgamiento de dosis contra el COVID-19 a personas que no tenían prioridad de inmunización.
A poco más de cinco años de la denuncia inicial y a seis de la cuarentena estricta por la pandemia, el Tribunal Oral Federal Nº 6 quedó a cargo de la realización del juicio del expediente conocido como “Vacunatorio VIP ”. En la causa se investiga a un grupo de exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, acusados de haber intervenido en el desvío de vacunas contra el COVID-19 para beneficiar a personas sin prioridad sanitaria.
El expediente fue instruido por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien, tras el requerimiento del fiscal Eduardo Taiano y del titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, dispuso la clausura parcial de la instrucción y su elevación a juicio, luego de que las defensas de los imputados no se opusieran ni plantearan objeciones procesales.
-
Te puede interesar
Franja Morada ya eligió a quién apoyará como rector de la UNCUYO
Rumbo al juicio oral: quiénes son los exfuncionarios procesados
En la nueva etapa del proceso serán juzgados Marcelo Guille, exsecretario privado del entonces ministro Ginés González García; Alberto Maceira, exdirector del Hospital Posadas; y Alejandro Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias, cada uno por distintos hechos vinculados a la aplicación irregular de dosis. Si bien González García era el principal acusado, por su responsabilidad al frente de la cartera sanitaria, la acción penal en su contra se extinguió tras su muerte en octubre de 2024, a pocos días de haber sido procesado.
El "mecanismo sistemático" para el desvío de dosis desde el Hospital Posadas
En un dictamen conjunto, los fiscales señalaron la existencia de un mecanismo sistemático para apartar vacunas de su destino original. Ambos representantes del Ministerio Público dieron por probado que los episodios ocurrieron entre fines de 2020 y febrero de 2021, cuando regía un plan nacional que priorizaba al personal de salud y a sectores estratégicos.
Taiano y Rodríguez describieron en detalle las maniobras destinadas a trasladar dosis de vacunas contra el COVID-19 desde el Hospital Posadas, en Haedo, al Ministerio de Salud de la Nación: “Quedó verificado que fue Ginés González García quien comprometió dosis por fuera del esquema previsto a ciertas personas cercanas a él y puso a disposición las oficinas del segundo piso del Ministerio de Salud para llevar a cabo la inoculación irregular”.
La acusación remarca tres hechos puntuales del “vacunatorio VIP”: el primero, la aplicación de 10 dosis en la sede de la cartera de Salud a beneficiarios que no cumplían con los criterios oficiales; el segundo, en el domicilio del expresidente Eduardo Duhalde, donde se aplicaron dosis a familiares y allegados; y el tercero, dentro del propio Hospital Posadas, en un esquema que, según los fiscales, respondía a “afinidades personales” y no a criterios sanitarios. Taiano y Rodríguez también se apoyaron en testimonios incorporados al expediente que describen el malestar entre trabajadores de la salud que aún no habían sido inmunizados.
La lista de beneficiarios y las nuevas líneas de investigación
Respecto del episodio ocurrido en la sede del Ministerio de Salud, la Justicia dio por probado que tanto Alberto Maceira como Marcelo Guille ejecutaron la orden de González García “con pleno conocimiento de la ilegalidad de la maniobra”. Entre los beneficiarios aparecen el periodista Horacio Verbitsky, el senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés y otras personas allegadas al poder; ninguno cumplía con los criterios de prioridad sanitaria.
Finalmente, la jueza Capuchetti dispuso la apertura de un nuevo legajo de investigación para profundizar otras líneas del caso. Entre ellas, el presunto desvío de 60 dosis hacia la ciudad de El Calafate y la posible responsabilidad de quienes recibieron las vacunas de manera irregular. En ese sentido, la magistrada advirtió que “no puede descartarse” que los beneficiarios hayan tenido una participación necesaria en los hechos, al prestar su consentimiento para la aplicación de las dosis fuera del sistema oficial.
La Cámara Federal Porteña ya había señalado que la investigación no debía limitarse a los funcionarios, sino también analizar el rol de quienes se beneficiaron del esquema. Esa línea continuará en un expediente separado, mientras el tramo principal avanza hacia el juicio oral.
El expediente quedó radicado por sorteo en el Tribunal Oral Federal Nº 6, actualmente subrogado por los jueces Enrique Méndez Signori, Diego García Berro y Adriana Palliotti.