Tras su reciente éxito en el Congreso, Javier Milei evalúa volver a llamar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

El presidente Javier Milei se envalentona tras el triunfo parlamentario de este fin de año, con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal y piensa en un nuevo llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para continuar con su temario de proyectos.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes oficiales, el mandatario piensa convocar a los diputados y senadores para el lunes 2 de febrero, como fecha tentativa. Sería una semana antes de la fecha fijada por el Senado para retomar el debate del proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada.

La estrategia legislativa del Gobierno y el horizonte de la reforma laboral

Más allá que se relajaron las reuniones de la mesa política, permitiendo un cierto descanso entre las fiestas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, por citar algunos casos, no se tomarán vacaciones formales y seguirán abocados al diseño legislativo de cómo afrontarán ese último mes de discusión en ambas cámaras.

Si bien La Libertad Avanza logró un dictamen, el proyecto podía tambalear en pleno recinto, al punto de poner en riesgo el Presupuesto, que se terminó sancionando.

"Hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio (del kirchnerismo) y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones. Y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero, para tomar en cuenta el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley", comentó Bullrich, tras conseguir las firmas para el dictamen.

El Gobierno aplicará la misma estrategia que en la última sesión. Apelará a nuevos apoyos de los gobernadores aliados, muchos de los cuales recibieron frescos fondos para sus distritos, y su principal objetivo será nuevamente dividir al interbloque peronista. Por esa razón, Santilli piensa en otra cumbre con mandatarios provinciales durante enero.

El debate por los glaciares y el impulso a la inversión minera

Por pedido de los gobernadores, se debatirá en febrero la "adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar". El proyecto establece que sea cada provincia la que decida cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. La finalidad destrabar inversiones, en especial en grandes proyectos de cobre.

Patricia Bullrich en el Senado

“Ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual se puede empezar a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Lo que permite este proyecto de ley que estamos enviando al Congreso es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. La contracara va a ser una gran inversión en minería”, había afirmado Milei en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la provincia de Corrientes.

Estabilidad fiscal y la postergación de la reforma del Código Penal

No hay precisiones oficiales hasta el momento con el "Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", proyecto que impide la sanción de leyes que no tengan el financiamiento asegurado y establece hasta pena de prisión de hasta 6 años a los funcionarios que apliquen esas normas. La iniciativa "prohíbe la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario".

También se establece que cualquier ley que "autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción". Y se aclara que quedarán exceptuadas de esa obligación, las leyes donde se asegura el financiamiento "mediante la asignación de recursos concretos, específicos, actuales y suficientes, sin afectar el resultado financiero equilibrado".

El proyecto que no sería incluido para el debate en febrero es la reforma del Código Penal, que no tiene votos garantizados y amerita un tratamiento más arduo, poniendo en riesgo la viabilidad de la reforma laboral. En materia de penas, la reforma endurece las sanciones de muchos delitos: por ejemplo, el homicidio simple pasaría de 10 a 30 años de prisión; algunas conductas graves como homicidios cometidos por “barras bravas” en eventos masivos podrían recibir prisión perpetua sin límite. Además, se busca que alrededor del 82 % de los delitos con sentencia efectivamente se cumplan con prisión, eliminando beneficios como excarcelaciones o libertades anticipadas en muchos casos graves.

Otro eje central es la imprescriptibilidad de delitos considerados gravísimos —como homicidios agravados, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico, entre otros—, de modo que no queden sujetos a plazos de prescripción. También se prevé bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. Con esto, el gobierno busca reforzar lo que llama “tolerancia cero con el crimen”, con un enfoque en proteger víctimas, endurecer condenas y responder a modalidades actuales delictivas.