Sin los votos para eliminar las PASO, Martín Menem contrataca y va por las leyes de universidades y discapacidad
La eliminación de las PASO quedó en veremos en Diptuados. Martín Menem, por ahora, no tiene los votos y planea una nueva agenda.
Enredado en la búsqueda de los votos para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Martín Menem buscará avanzar en la Cámara de Diputados con la nueva ley de Financiamiento Universitario y con una modificación a la de emergencia en Discapacidad.
En paralelo, analiza la posibilidad de volver a insistir con una suspensión de las PASO para el año que viene, como ocurrió en 2025, mientras negocia con los aliados. Con el apriete de la Justicia, que fijó este jueves 16 de abril como fecha límite para el cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento universitario, el oficialismo quiere revivir el proyecto que presentó la Casa Rosada en febrero de este año.
"Vamos a retomar este proyecto para darle previsibilidad al sector", deslizó una alta fuente del Gobierno en la Cámara de Diputados. Se espera que en las próximas semanas La Libertad Avanza ponga en marcha las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación para debatir la iniciativa con los funcionarios y los rectores.
Esta discusión reflota mientras los gremios universitarios encaran nuevas medidas de fuerza contra el Gobierno que no cumple la ley actual. "Hoy en la universidad pública de todo el país tenemos todos los días docentes que bajan la dedicación, docentes que se van, que empiezan a tener otros trabajos en contrahorario, y por lo tanto bajan indefectiblemente su calidad de vida", aseveró el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
Además, explicó que "la Justicia en dos instancias le dice al Gobierno 'tenés que pagar' y eligen estar al margen de la ley". "La UBA está haciendo una especie de paro a la japonesa, trabajando las 24 horas", porque hacer huelga es cerrar las aulas y esto "es lo que quiere el presidente (Javier) Milei".
Qué dice el proyecto del Gobierno sobre universidades
El proyecto que la Casa Rosada envió al Congreso en febrero busca modificar la ley que el Parlamento aprobó en 2025 y cuyo veto presidencial fue revertido por el Congreso. Esa norma está vigente pero incumplida: el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo y el juez federal Enrique Cormick dictó una cautelar que suspendió el decreto del Ejecutivo que bloqueaba su aplicación, al considerar que había una "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta". Fue precisamente ese fallo el que fijó el 16 de abril como fecha límite para el cumplimiento efectivo de la ley, y el que aceleró los tiempos del oficialismo en la Cámara baja.
La disputa central pasa por los salarios. La ley vigente obliga al Ejecutivo a recomponer los haberes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en un porcentaje no inferior a la inflación acumulada del período. El proyecto oficial, en cambio, propone aumentos escalonados en tres tramos del 4,1% cada uno a partir de marzo, sin reconocer lo perdido en 2023 y 2024. Además, elimina la garantía de que las paritarias aseguren actualizaciones mensuales equivalentes a la inflación medida por el INDEC, lo que deja a los docentes y no docentes expuestos a nuevas pérdidas de poder adquisitivo.
El recorte más grueso, sin embargo, está en el financiamiento operativo. La ley sancionada por el Congreso establece una recomposición presupuestaria del 31,9% para cubrir lo licuado durante 2024, mientras que el proyecto del Ejecutivo elimina ese reconocimiento y solo prevé ajustes si la inflación supera el 14,3% anual, el número que el Gobierno usó para armar el Presupuesto 2026. Según un informe del sindicato docente Feduba, la diferencia entre ambas propuestas equivale a $2,5 billones que los trabajadores de la universidad pública dejarían de percibir.
Un tema sensible para buscar los votos
Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, el Congreso de la Nación sancionó dos veces una ley de financiamiento universitario, en 2024 y 2025. En ambos casos, Milei la vetó, pero el año pasado la oposición juntó la mayoría de dos tercios de los votos para insistir con lo sancionado. Aun así, la Casa Rosada incumple la normativa y se niega a destinar los fondos.
Tras el recambio legislativo de diciembre del año pasado, La Libertad Avanza quedó mejor posicionada en ambas cámaras y se aseguró más de un tercio de los votos, de modo tal que la oposición no pueda lograr la mayoría especial de los dos tercios para avanzar con un eventual juicio político contra el Gobierno y sus funcionarios y con los rechazos a los vetos presidenciales.
En este contexto, Martín Menem apunta a juntar los votos para sancionar una nueva ley de Financiamiento Universitario. Pero será una tarea engorrosa para el Gobierno. Se trata de un tema de mucha importancia en las provincias que conducen los gobernadores aliados, y la propuesta de la Casa Rosada no termina de entusiasmar, ya que no reconoce los montos que se perdieron en los años previos.
Además, muchos de los aliados fijos del Gobierno, como la UCR, en su momento votaron a favor de esa ley. "¿Por qué ahora votarían en contra de algo que ellos dicen defender y que en sus provincias los presionan?", se preguntó un diputado de la oposición.