Quién es Raúl Ojeda, el juez que puso en suspenso la Reforma Laboral

El juez Raúl Ojeda, a principios de esta semana, removió el avispero de la política y la economía apelando al sistema judicial con una medida cautelar a pedido de la central obrera CGT disponiendo la suspensión de la Reforma Laboral aprobada en ambas cámaras del Congreso este verano.

En entrevista en el programa Bot y yo, por MDZ Radio, el juez Ojeda relató que el tribunal a su cargo evalúa si los más de 80 artículos que se aprobaron en el Parlamento vulneran derechos fundamentales para los trabajadores. O bien exceden las competencias asignadas a los poderes del Estado.

De cara a sumar volumen y ganar lugares dentro de Diputados en el Congreso, se selló este martes un "acuerdo parlamentario" entre un sector de la oposición

Reforma Laboral

Polémico aunque dentro de la ley, el juez laboral Raúl Ojeda manifestó en la entrevista radial que la cautelar dispuesta "aporta certeza jurídica, no solo para trabajadores, sino también para empleadores y para el propio Estado a futuro".

Y ante cuál era la razón, aclaró planteando una pregunta: "¿Qué pasaría si dentro de tres o cuatro años, en algún caso en particular, se declarase la inconstitucionalidad de estas normas que se están planteando ahora?".

Entrevista completa

CGT

La acción judicial fue activada por la CGT, la devaluada central sindical que, pese a estar enfrentada al gobierno del presidente Milei, pactó con el oficialismo el no tratamiento legislativo de resortes claves para mantener a miles y miles de trabajadores coaccionados en la libertad de elegir su asociación gremial.

Los 82 artículos de la Reforma Laboral se relacionan procedimientos administrativos, régimen sancionador, regulación de derechos y obligaciones de particulares y autoridades. Pero contemplan mecanismos de control y supervisión de políticas públicas

Hasta que se levante la orden judicial, las autoridades responsables deberán abstenerse de aplicar o ejecutar cualquiera de esos preceptos.

El juez sostuvo en uno de los pasajes de la entrevista con MDZ Radio que ahora sigue un proceso para emitir una "resolución definitiva", en la que evaluará posibles inconstitucionalidades en la ley. Pero a no entusiasmarse demasiado: el proceso final podría tardar como mínimo un año, pero con suerte.

Ojeda explicó: "La CGT presentó una acción de amparo, una acción declarativa de inconstitucionalidad respecto de una parte de la ley. Hay una gran parte que no está cuestionada. Y esa acción declarativa conlleva también una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de esos artículos hasta tanto se resuelva la definitiva".