Previsible: jueces militantes o ideologizados comienzan a obstaculizar la ley de modernización laboral

Fue anunciado por este medio. Dadas las circunstancias en que se encuentra parte de la Justicia desde hace años en el país, era previsible que los jueces militantes, sumados al Poder Judicial por esa condición, actúen en consecuencia a su “partidización” para obstaculizar toda opción de cambio.

En este caso se trata de la sentencia del juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 63, que resolvió suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, a partir de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional. Dura la suspensión hasta que se expida sobre el fondo de la cuestión.

Raúl Horacio Ojeda fue asesor del ministro de Trabajo kirchnerista Carlos Tomada durante todo su mandato, es profesor de la UBA y conferencista habitual. En una de esas charlas ante estudiantes, sostuvo y defendió el derecho a la huelga como un derecho humano.

El Estado Nacional respondió al planteo del juez oponiendo cuestionamientos formales y sustanciales. Entre ellos señala la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores de manera directa , la inexistencia de un “caso o controversia concreta” y la defensa de la presunción de legitimidad de la actividad legislativa. Se vería afectada la división de poderes establecida por la Constitución, señaló la presentación del Estado.

La medida cautelar, en este caso otorgado por un juez laboral, entra en la discusión de las facultades casi omnímodas de la Justicia, que según algunos especialistas, permiten a jueces involucrarse en funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Hay excesos que apuntan en ese sentido. Atribuciones desmedidas.

En este caso, con una medida cautelar, un juez impide la vigencia de una ley.

La sentencia no es aplicable en la jurisdicción de Mendoza ni en ninguna provincia. No es vinculante ni tiene efectos. Carece de efecto erga omnes y aplica sólo para para el personal nucleado en convenio colectivo suscripto por entidad de primer grado adherida a la CGT.

Al conceder la cautelar, tampoco tuvo en cuenta el juez el peligro en la demora, porque existiría el peligro en un caso concreto, que no se da en esta ocasión. La Suprema Corte Nacional en el caso La Rioja por inconstitucionalidad del DNU 70, sostuvo que no existe la inconstitucionalidad en abstracto, se requiere un caso concreto.

A la espera de la apelación y el fallo sobre el fondo de la cuestión es dable una reflexión sobre lo que ha significado para el mercado laboral la vigencia de la vieja ley de contrato de trabajo y la actuación de parte importante de la justicia laboral, con un sesgo e inclinación clara en beneficio del trabajador y no de la objetividad.

Cada vez menos empleo registrado y aumento de la informalidad y el trabajo precario. Este es un dato duro, doloroso e incontrastable, no tenido en cuenta por los mismos dirigentes sindicales, muchos eternizados y por demasiados jueces que militan ideología. La realidad les cae encima; desprestigio extremo de los popes sindicalistas y desconfianza y baja estima social de la Justicia.

Hay más daño colectivo en el devenir de lo señalado. Al ser escaso el trabajo registrado se resiente enormemente el sistema previsional. Pocos trabajadores en blanco aportando resulta en jubilaciones paupérrimas y el régimen quebrado. Daños colaterales.

Una Justicia que es mal valorada por los ciudadanos es un disvalor inmenso para el orden social. Descreer y desconfiar de la Justicia es quedarse sin sustento confiable para dirimir los conflictos que atraviesan la vida comunitaria. Sin marco confiable contenedor, el cuerpo social queda a la deriva.

Transcurridos tantos años de estropicio y dislate es necesario modernizar el régimen laboral que permita contratar numerosos ciudadanos dentro del sistema legal, con equilibrio y salarios dignos, que promuevan inversión y mayor necesidad de mano de obra capaz, en un marco racional. Ganan empleados y empleadores.

Puede que los jueces recapaciten y tomen nota del daño causado y que para adelante sean nombrados magistrados sólo por sus méritos y calidades y no por su ideología o militancia partidaria.

Será Justicia.