Obras en rutas nacionales: el posible reclamo de fondos y qué dijo Fiscalía de Estado

El Gobierno de Mendoza formalizó esta semana el convenio que firmó con la Dirección Nacional de Vialidad a través del cual la provincia se hará cargo de seis tramos de rutas nacionales para avanzar con un megaplan de obras. Si bien el acuerdo establece que el organismo nacional no hará un reembolso de la inversión que asumirá Mendoza, desde el Ejecutivo aclararon que existe una vía de reclamo posible, en caso de que no se autoricen los peajes. La Fiscalía de Estado calificó el convenio de “razonable” y no hizo objeciones jurídicas, aunque planteó algunas observaciones sobre el avance del acuerdo.

Mediante el decreto Nº 1165, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó el convenio que firmó con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, el pasado 14 de mayo. Allí se acordó el traspaso de la responsabilidad a Mendoza de la ejecución de obras, conservación y mantenimiento de las calzadas e infraestructura por un plazo de 36 meses en seis tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143.

La cesión alcanza a zonas neurálgicas de alto tránsito, entre los que se encuentran el Acceso Sur (ruta nacional 40) y el Acceso Este (ruta nacional 7), además de la Ruta 143 desde Pareditas, en San Carlos, hasta San Rafael.

En concreto los tramos a intervenir son los siguientes:

• Ruta Nacional N° 7. Tramo: Palmira - Nudo Vial (Av. Costanera)- Recorrido 28.9 Kms.
• Ruta Nacional N° 40, Tramo: Calle Azcuénaga (Acceso Sur)- Empalme RN7 (Acceso Este)
• Ruta Nacional N° 40, Tramo: Rotonda del Avión- Acceso a Lavalle (RP N° 34)- Recorrido 23 Kms.
• Ruta Nacional N° 40, Tramo: Empalme RN N° 7- F.F.C.C. Gral. San Martín - Recorrido 7 Kms.
• Ruta Nacional N° 40, Tramo: Empalme RN N° 7- RP N° 96 (Calle El Alamo)
• Ruta Nacional N° 143, Tramo: Pareditas- San Rafael - Recorrido 109 Kms.

A partir de este convenio, la provincia asume como propias varias funciones que van desde la ejecución de las obras y el mantenimiento de estas rutas, hasta el pago de sueldos y cargas laborales al personal que se emplee y asume la responsabilidad civil y de indemnización por daños que se pudiesen producir durante las tareas.

Una de las cláusulas señala expresamente que “la provincia aportará el financiamiento” y aclara que lo hará “sin reembolso alguno por parte de Vialidad Nacional”. A su vez, habilita la gestión del trámite para que Mendoza implemente peajes en estos caminos y recupere parte de la inversión con el cobro de ellos. No obstante, en caso de que no se autoricen los peajes, la provincia podrá reclamar lo invertido al Estado nacional.

Una vía abierta para el reclamo de los fondos

Desde el Gobierno provincial explicaron que el convenio fue firmado con Vialidad Nacional y remarcaron que la primera cláusula exime solo a ese organismo de reembolsar los fondos que invierta la provincia en las obras. En ese mismo sentido, destacan que si no se autorizan los peajes se podrá reclamar por la inversión realizada.

“El convenio es con Vialidad Nacional y por lo tanto ese organismo no reembolsará los fondos. Y pone una cláusula de indemnidad que pone cualquiera que te permita hacer una obra en una propiedad que no es tuya. Firmamos con Vialidad Nacional y no con el Ejecutivo, que son entidades jurídicas distintas, porque en definitiva, si nosotros tenemos que reclamar los gastos se los tenemos que reclamar al Gobierno nacional, no a Vialidad. El que tiene las rutas, constitucionalmente, es el Gobierno nacional. Por eso firma el Administrador General de Vialidad y no el ministro de Economía”, señaló a MDZ el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

El funcionario provincial hizo hincapié en que “si no aparece el decreto del peaje, que está en trámite y no creemos que vaya a haber problemas, tenemos toda la posibilidad de demandar los gastos que hagamos”.

El administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el gobernador, Alfredo Cornejo; y el secretario de Transporte, Luis Pierrini.

El administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el gobernador, Alfredo Cornejo; y el secretario de Transporte, Luis Pierrini.

Aclaró también que la provincia no se está haciendo cargo de obras ya empezadas por Vialidad Nacional y están inconclusas sino que nos nuevos proyectos que piensa encarar la actual administración local.

“La decisión política es hacer las rutas porque son necesarias. Lo más caro de todo esto es el mantenimiento y lo va a tener que hacer Vialidad Nacional porque justamente el convenio es por 36 meses, no es que nos dieron la ruta para siempre. Después se hacen cargo del mantenimiento”, sostuvo Mema.

Desde el Gobierno remarcan que recién dentro de dos meses habrá avances concretos respecto a los proyectos y las licitaciones. Indicaorn que Guaymallén está más avanzado respecto a la planificación para ampliar y mejorar el Acceso Este y que en el caso del Acceso Sur en Luján de Cuyo aun no hay proyecto.

“Si el día de mañana sale un decreto y nos dan los peajes por determinada cantidad de años, ahí nos haremos cargo por esos años. Los fondos de los peajes los va a recibir la provincia, para recuperar la inversión y eventualmente el mantenimiento, si es que con ese decreto también nos dan el mantenimiento.

El aval de Fiscalía de Estado y sus sugerencias

La Dirección de Asuntos Administrativos de la Fiscalía de Estado analizó el marco legal del convenio firmado entre el Gobierno de Mendoza y Vialidad Nacional y avaló el acuerdo calificándolo de “razonable” y remarcando que “no advierte objeciones jurídicas que formular”. También realizó algunas sugerencias y advirtió que la cesión de responsabilidades sobre las rutas no debe prolongarse indefinidamente en el tiempo.

En el dictamen del órgano de control, que conduce el fiscal Fernando Simón, se señala que “el convenio se inscribe en el modelo de federalismo de cooperación y concertación, que permite la articulación de funciones entre la Nación y la Provincia para dar respuesta a necesidades comunes”.

El análisis subraya que la intervención no se extiende a la totalidad de los tramos de las rutas involucradas, ni alcanza a todas las rutas nacionales situadas en la provincia y está acotado a un plazo temporal de 36 meses. Hace hincapié en este sentido que “no existe transferencia de carácter permanente de estas actividades”.

Por otra parte, advierte que en caso de que en el futuro se evidencie un “escenario de desplazamiento funcional permanente o una transferencia institucional del ejercicio competencial”, deberá observarse con carácter inexcusable lo dispuesto por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Allí se plantea que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos.

La Fiscalía de Estado manifestó que la decisión del Ejecutivo provincial respecto a la ejecución de las obras sobre los tramos específicos de las RN N° 7, 40 y 143 se muestra como “razonable, en el marco de la valoración política que puede realizar válidamente el mismo, al evaluar la pública renuencia del Estado Nacional de realizar inversiones en las rutas nacionales bajo su competencia existente en territorio de Mendoza y los riesgos que dicha falta de inversiones implican para los mendocinos”.

Agrega que esta determinación “no se presenta como irrazonable o desproporcionada” y además es “adecuada a los fines de interés público que procura atender”.

El organismo realiza dos recomendaciones apuntadas a contar con información precisa y elementos objetivos que permitan determinar si los intereses fiscales de la provincia se encuentran debidamente resguardados, y, en su caso, fundamentar las gestiones o reclamaciones que se pudiesen efectuar ante los organismos nacionales competentes.

Una de las propuestas es que se lleve a cabo un “análisis técnico e integral del régimen impositivo nacional vigente, y su aplicación, que tenga como finalidad atender al financiamiento del gasto que demande el desarrollo de obras de infraestructura vial y/o al mantenimiento de la red vial nacional, a fin de verificar su efectiva aplicación en el ámbito de la Provincia de Mendoza, y si la misma se adecua a los principios de equidad distributiva y federalismo fiscal establecidos en la Constitución Nacional”.

La otra recomendación es que se evalúe “si el esquema de asignación de recursos nacionales —ya sea de origen tributario u otras fuentes— se ajusta al principio de igualdad entre provincias, y si no existen – formalmente o en la práctica - tratamientos diferenciados a favor de otras jurisdicciones sin justificación objetiva, que pudieran implicar un perjuicio para el erario provincial”.

Sobre el final del dictamen, la Fiscalía de Estado expresa que “si bien por medio del convenio se ha establecido que la provincia asume la carga financiera que conlleva su ejecución - sin reembolso o contraprestación económica por parte de la DNV - y se han incluido cláusulas limitativas y/o eximentes de responsabilidad, como asimismo, de indemnidad, en favor de la Dirección Nacional de Vialidad (...) ello no es óbice a los efectos de que la provincia formule al Poder Ejecutivo Nacional, las reclamaciones que eventualmente pudieren corresponder”.