Nación le cede más poder a la Ciudad: nuevos delitos pasan a la órbita porteña
El nuevo esquema legal incluye causas por integridad sexual, libertad, honor y propiedad intelectual, además del juzgamiento de menores.
Los ministros Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, firmaron un convenio histórico para transferir nuevas competencias penales a la Justicia porteña.
NALa relación entre Nación y la Ciudad volvió a moverse en el terreno judicial. Sin anuncios ni actos políticos de alto perfil, se firmaron dos convenios que terminan de ampliar el paquete de delitos que deja de ser competencia federal para pasar a manos del sistema judicial porteño. ¿Es decir?: un pasito más en la transferencia de poder desde Nación hacia la Ciudad.
La firma se dio entre el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el ministro porteño Gabino Tapia. Bajo el título formal de “cuarto convenio de transferencia de competencias penales”, el acuerdo incluye también el sistema de menores. Es decir, no solo se amplía el catálogo de delitos, sino que también se profundiza la intervención de la Ciudad en causas sensibles que hasta ahora estaban bajo órbita nacional.
El detalle del traspaso no es menor y explica por qué el acuerdo genera ruido político hacia adelante. La Ciudad pasa a intervenir en delitos contra el honor, la integridad sexual, la libertad y la propiedad intelectual, además de un conjunto de figuras penales que van desde amenazas hasta privación ilegítima de la libertad. También asume el juzgamiento completo de delitos no federales cometidos por menores de edad, lo que abre un frente complejo en términos judiciales y sociales.
Un paso más en la autonomía porteña y una agenda que sigue abierta
Desde el Gobierno porteño celebraron el acuerdo como un nuevo avance en la autonomía de la Ciudad, un reclamo que se sostiene desde la reforma constitucional de 1994 y que todavía se ejecuta de manera gradual. En esa línea, el ministro Gabino Tapia sostuvo que se trata de competencias que “corresponden” a la Ciudad y que permitirán acercar la justicia a los vecinos con un esquema más ágil y directo.
La lógica política detrás del acuerdo también se vincula con una estrategia más amplia de ordenamiento institucional en el área metropolitana. Nación y Ciudad vienen encadenando distintos entendimientos en materia de gestión, desde lo laboral hasta lo judicial, con el objetivo de reducir superposiciones y redefinir funciones entre ambas jurisdicciones. Otra forma de alinearse con los movimientos a nivel político desde el ejecutivo.
Sin embargo, el avance también abre interrogantes que no quedan del todo resueltos en la firma del convenio, dado que el traspaso de delitos penales de esta magnitud requiere -además de cambios normativos- recursos presupuestarios, capacitación y adaptación del sistema judicial porteño para absorber causas más complejas.
En ese punto, el acuerdo todavía depende de su aprobación en el Congreso y en la Legislatura porteña, además de la asignación de partidas específicas. Recién ahí comenzará la implementación real de un esquema que, en los papeles, profundiza la autonomía de la Ciudad, pero que en la práctica implica una reorganización sensible del sistema penal en la Argentina.