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Mendoza ya cuenta con su nueva Ley de Ciberseguridad

En una votación dividida, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la Ley de Ciberseguridad impulsada desde el Poder Ejecutivo. Qué alcances tiene y para qué sirve.


La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el Ejecutivo provincial, el cual ya había recibido media sanción por parte del Senado. De este modo, la iniciativa que busca establecer un marco integral para "proteger los sistemas informáticos, los datos y la infraestructura tecnológica del Estado provincial frente al crecimiento de las amenazas digitales" obtuvo sanción definitiva en la Legislatura.

La votación final culminó con 30 votos afirmativos, contra 12 negativos, provenientes del Partido Justicialista, Frente Patria y La Unión Mendocina. Cabe recordar que la propuesta fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff. Antes había sido anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo en la White Hat Conferencia, el encuentro de “hackers éticos” de todo el mundo que se organizó en Mendoza a comienzos de junio.

Según destacan desde el Gobierno, la propuesta surgió a partir de la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado frente al crecimiento de los ataques cibernéticos. En este marco, la norma establece políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes que puedan afectar sistemas informáticos y recursos considerados críticos para la prestación de servicios públicos esenciales.

Qué dijeron los diputados durante el debate

A la hora de tomar la palabra, la legisladora radical Beatriz Martínez resaltó que se trata del "primer proyecto de ciberseguridad en nuestro país. Pone a Mendoza a la vanguardia a nivel nacional". Además, destacó que la iniciativa tiene en cuenta que "la seguridad excede el mundo físico".

La diputada también señaló que Mendoza trabaja hace años en esta temática, y que busca transformar a través de esta norma, la ciberseguridad en una política de Estado. En ese sentido subrayó que “no es una política de seguridad aislada, sino que forma parte de una estrategia de seguridad pública que viene llevando adelante el gobierno provincial”, para lo cual, se han puesto en funcionamiento fiscalías especializadas, y se ha avanzado en herramientas procesales como por ejemplo, “la del agente encubierto y el allanamiento digital”.

Beatriz Martínez (UCR), titular de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

Por su parte, Lucas Ilardo, de Frente Patria, firmó que “es un proyecto necesario, pero no es urgente”. En ese marco, aseguró que no se pone el foco en la ciberseguridad ciudadana sino que “busca cuidar la infraestructura digital del Estado”. También señaló que el proyecto tiene problemas técnicos y no se han escuchado muchos aportes realizados por los distintos bloques.

El proyecto, proveniente del Senado e impulsado por el Poder Ejecutivo, recibió despacho favorable en la jornada de ayer y este miércoles fue tratado sobre tablas para recibir su sanción definitiva en la Legislatura.

Qué establece la nueva Ley de Ciberseguridad

La nueva norma sancionada contempla la creación de un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad, el cual tendrá el trabajo de elaborar un Plan Provincial de Ciberseguridad que contenga los lineamientos provinciales en dicho tema.

Asimismo, destaca que la provincia contará con capacidades de Centro de Operaciones de Seguridad, destinado al monitoreo permanente y la detección temprana de amenazas, y de Equipo de Respuesta ante Incidentes, que tendrá a su cargo intervenir frente a ataques y vulnerabilidades para mitigar sus efectos y contribuir a la recuperación de los sistemas afectados.

A su vez, se establece un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, que permitirá centralizar información sobre los ataques registrados, analizar vulnerabilidades, medir tiempos de respuesta, asegurar la trazabilidad, y elaborar estadísticas que sirvan para mejorar las políticas de prevención y protección.

Rus y Jaliff fueron los encargados de explicar el proyecto en la Legislatura.

Prevención y capacitaciones

La iniciativa no se limita a la respuesta frente a los ataques, sino que incorpora acciones de prevención, capacitación y concientización. En este sentido, prevé campañas de alfabetización digital, destinadas a organismos públicos, sector privado y ciudadanía, orientadas a promover prácticas seguras para el cuidado de datos personales, credenciales y cuentas digitales, así como a prevenir delitos como el robo de identidad.

También establece estándares mínimos de seguridad y prevé un régimen progresivo de sanciones para organismos o proveedores que incumplan las obligaciones establecidas, especialmente ante el ocultamiento de incidentes que puedan afectar servicios públicos o información sensible.

Finalmente, contempla modificaciones a la Ley de Administración Financiera para agilizar la contratación y actualización de herramientas tecnológicas específicamente destinadas a este fin y a la protección de la información estratégica del Estado.