Rechazaron la destitución del juez federal de La Pampa acusado de maltrato laboral, amenazas y violencia
El Jurado de Enjuiciamiento consideró que las conductas denunciadas sobre Pablo Díaz Lacava no configuraron una causal de mal desempeño que justificara su remoción.
El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura rechazó por unanimidad la destitución del juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, quien había sido llevado a juicio político por denuncias de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género contra empleados y funcionarios judiciales.
El tribunal entendió que, aunque existió un conflicto interno grave, no se configuró una causal de mal desempeño que justificara la remoción y consideró que esa medida habría sido desproporcionada.
El fallo unánime del Jurado de Enjuiciamiento y las acusaciones iniciales
Para los integrantes del jury, el juicio político no puede convertirse en una herramienta destinada a resolver problemas de gestión o de convivencia dentro de una dependencia judicial cuando los hechos no alcanzan el umbral necesario para remover a un magistrado.
El proceso había comenzado a partir de denuncias presentadas en abril de 2023 por secretarios y empleados del tribunal. Entre los episodios investigados figuraban situaciones de hostigamiento, intimidaciones y agresiones. Uno de los hechos señalados como especialmente grave fue el lanzamiento de una piedra que ingresó por la ventana de una oficina mientras se encontraban trabajadores en el interior. El Consejo de la Magistratura había considerado que la actitud podía constituir graves desórdenes de conducta, falta de probidad y decoro, claves para impulsar la apertura del proceso de remoción.
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Durante las audiencias, los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, quienes ejercieron el rol de fiscales, afirmaron que el magistrado hizo vivir “un verdadero infierno” a los funcionarios y empleados de su juzgado y sostuvieron que la conducta de Díaz Lacava había generado un clima laboral de extrema tensión y que había afectado el normal funcionamiento del servicio de justicia. Para ambos, los episodios denunciados excedían un simple desacuerdo entre trabajadores y un superior y habían provocado un escenario que calificaron como un “verdadero infierno”.
La defensa, encabezada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, rechazó las acusaciones y cuestionó la entidad de las pruebas. Entre otros argumentos, sostuvo que el daño denunciado no había sido acreditado y planteó que algunos de los episodios descriptos como agresiones podían ser encuadrados como desacuerdos o conflictos propios de la dinámica laboral. Respecto del lanzamiento de la piedra, afirmó que se trató de una broma, aunque admitió que no había sido de buen gusto.
La declaración del magistrado y el contexto de otras causas disciplinarias
El propio Díaz Lacava declaró ante el Jurado, brindó su versión de los hechos y pidió disculpas a quienes pudiera haber ofendido. También manifestó su disposición a adoptar las medidas que fueran necesarias para mejorar la relación con sus empleados y continuar en funciones.
En paralelo, el magistrado afronta además una causa penal por lesiones leves y graves y amenazas simples y coactivas contra trabajadores judiciales. El expediente contempla los hechos denunciados en un contexto de violencia y maltrato laboral y, respecto de las mujeres denunciantes, de violencia de género.
La resolución se conoce en un momento de especial actividad del Consejo de la Magistratura en materia disciplinaria. En diciembre fue destituido el juez Martín Poderti, mientras que el 18 de agosto pasado fue removido el juez federal de Mar del Plata Alfredo López. A su vez, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión preventiva, también aguarda el avance de su propio proceso de remoción.
