Mendoza se prepara para la baja de imputabilidad a 14 años: desde cuándo se aplicará
Hubo una primera reunión. En septiembre arranca el régimen que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Mendoza corre con ventajas.
Mendoza se prepara para avanzar con la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Desde septiembre arranca la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad de los 16 a 14 años. A partir de su entrada en vigencia, adolescentes de entre 14 y 15 años podrán ser investigados e imputados por delitos, algo que hasta ahora no contemplaba el esquema actual. Mendoza corre con ventaja: ya cuenta con un régimen penal juvenil y juzgados de menores a diferencias de otras provincias.
Consultado por MDZ, el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, contó que este martes 19 se hizo la primera reunión entre representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial para comenzar a preparar la aplicación de la ley. "Mendoza tiene la gran ventaja que tiene un régimen penal juvenil y juzgados y lo que queda es adaptar a la modalidad que pide la ley", dijo.
Por su parte, una vez finalizada la reunión, el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, subrayó a través de la red social X que: "Los desafíos complejos que atraviesan hoy muchos adolescentes requieren instituciones capaces de trabajar de manera coordinada y actuar a tiempo. Junto a @MercedesRus1 convocamos una mesa de trabajo con representantes de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el fuero penal juvenil para comenzar a abordar los cambios vinculados al nuevo régimen penal juvenil y la responsabilidad parental. Prevenir, intervenir y acompañar mejor también exige construir acuerdos y asumir responsabilidades compartidas".
Nuevos delitos que se incorporan además de la baja de la edad
El alcance de la reforma no se limita únicamente a la cuestión etaria. La normativa también redefine los delitos que podrán derivar en intervención judicial y amplía las herramientas disponibles para jueces y fiscales en causas que involucren a niños y adolescentes.
Uno de los impactos más importantes será el aumento de expedientes que ingresarán al sistema penal juvenil. Hasta ahora, muchas conductas consideradas menores quedaban fuera del alcance penal cuando eran cometidas por adolescentes.
El régimen vigente no permitía imputar a menores por delitos leves como amenazas, lesiones, daños simples o hurtos simples, causas que ahora sí podrán avanzar judicialmente.
Ese punto aparece como una de las transformaciones más relevantes de la nueva ley, ya que implicará una mayor intervención estatal sobre adolescentes en conflicto con la ley penal.
Los seis meses para aplicar la baja y la ventaja de Mendoza
El texto aprobado fijó además un plazo de 180 días para la implementación efectiva del nuevo régimen. Ese período fue pensado para que tanto el Gobierno nacional como las provincias puedan adecuar estructuras, recursos humanos, protocolos y espacios físicos necesarios para el funcionamiento del sistema.
En los hechos, esos seis meses operarán como una etapa de transición destinada a reorganizar el sistema penal juvenil. Las provincias deberán revisar su capacidad operativa, fortalecer equipos interdisciplinarios, adaptar lugares de alojamiento y reforzar programas de seguimiento y medidas alternativas a la privación de libertad.
Mendoza parte de una situación diferente respecto de otras provincias. El distrito ya cuenta con un sistema penal juvenil consolidado, algo que todavía no ocurre en buena parte del país. Esa diferencia resulta clave porque la nueva normativa exige organismos especializados para menores, equipos interdisciplinarios y espacios diferenciados del sistema penitenciario de adultos.
En Mendoza, gran parte de esa estructura funciona desde hace años bajo la órbita de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ). Esa base permitirá absorber el incremento de demanda sin necesidad inmediata de realizar grandes inversiones.
Las instalaciones actuales cuentan con margen operativo suficiente para afrontar el aumento de casos previsto desde septiembre. Otro de los pilares sobre los que se apoyará la implementación será la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad (UMA), un área especializada en el seguimiento de adolescentes sometidos a medidas distintas al encierro.
Las alternativas al encierro aunque baje la edad de imputabilidad
La nueva legislación apunta justamente a fortalecer ese tipo de herramientas. Entre las alternativas previstas aparecen dispositivos de acompañamiento, tratamientos, controles, restricciones, seguimiento educativo y abordajes interdisciplinarios antes que el alojamiento en centros cerrados.
Por eso, dentro del sistema judicial mendocino consideran que la reforma no necesariamente derivará en un incremento de adolescentes privados de libertad, aunque sí implicará un aumento significativo de jóvenes bajo algún tipo de supervisión judicial.
La intención oficial es evitar que la baja de la edad de imputabilidad derive automáticamente en un esquema exclusivamente punitivo basado en el encierro. No obstante, en el ámbito judicial reconocen que uno de los principales desafíos será sostener el equilibrio entre la respuesta penal y el enfoque de protección integral de derechos que rige para niños y adolescentes.