Baja de la edad de imputabilidad: qué muestran los datos y qué pasa en la región
El Congreso debate la edad de imputabilidad. Los datos locales y regionales muestran que la edad penal explica poco sin políticas de prevención y reinserción.
Patricia Bullrich y Javier Milei van por el régimen penal juvenil en el Congreso.
PresidenciaEl Congreso se encamina a debatir un nuevo Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años. El proyecto llega al recinto en un clima atravesado por hechos recientes de alto impacto y por un Gobierno que busca acelerar su tratamiento, pero también por una discusión de fondo que lleva décadas encima.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa permitiría actualizar el sistema y acercarlo a estándares regionales. Sin embargo, cuando se observan las estadísticas disponibles, sobre todo locales, la relación entre edad penal y reducción del delito parece ser más compleja.
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La pregunta que ordena el debate no es solo si hay que bajar la edad de imputabilidad, sino si esa decisión tiene efectos reales sobre la criminalidad juvenil o si funciona, más bien, como una respuesta simbólica frente a una demanda social.
Un nuevo régimen penal juvenil
El proyecto fue presentado a mediados de 2024 por el ministerio de Seguridad y volvió a ganar centralidad en el último tiempo tras el crimen de Jeremías Monzón, un joven de 15 años asesinado en Santa Fe en diciembre de 2025. Dos menores de 14 y 15 años fueron señalados como principales acusados. El caso operó como disparador político de una discusión que no es nueva.
Hoy rige en Argentina el Régimen Penal de Minoridad establecido en 1980, durante la última dictadura militar, que fija la edad de imputabilidad en los 16 años. Los adolescentes de entre 16 y 18 no son juzgados bajo el mismo sistema que los adultos ya que solo son punibles por delitos con penas mayores a dos años y, aun así, no pueden cumplir condenas en cárceles comunes hasta alcanzar la mayoría de edad. Hasta entonces, permanecen en institutos especializados de detención juvenil.
El proyecto oficial propone modificar esa lógica. Además de bajar la edad de imputabilidad, incorpora un esquema de financiamiento nacional destinado a reforzar la infraestructura penitenciaria provincial. El punto no es menor y expone una de las debilidades estructurales del sistema actual, marcada por fuertes desigualdades federales en la capacidad del Estado para abordar el delito juvenil.
Uno de los argumentos recurrentes a favor de la iniciativa es la comparación con otros países de la región. América Latina avanzó hacia edades de punibilidad más bajas como parte de sus políticas de seguridad. Pero los datos muestran un panorama más ambiguo.
Qué dicen los números
Informes de la organización Insight Crime indican que varios de los países con edad de punibilidad desde los 12 años concentran algunas de las tasas de homicidios más altas de la región, como Ecuador, Honduras, Brasil y México.
La excepción más citada es El Salvador, que pasó de encabezar los rankings de violencia a exhibir una de las tasas de homicidios más bajas del continente. Sin embargo, ese descenso no se explica únicamente por la edad penal, sino por una política de detenciones masivas, control territorial y expansión del poder punitivo del Estado.
Otros casos complejizan aún más el vínculo entre edad penal y delito. Bolivia, con imputabilidad desde los 14 años, y Argentina se ubican entre los países con menores tasas de homicidio regional. En contraste, Chile y Perú —que también permiten la detención desde los 14— registraron en los últimos años fuertes incrementos en los asesinatos. La evidencia sugiere que la edad penal, por sí sola, explica poco.
El caso argentino
Cuando se baja la lupa al escenario nacional, los datos vuelven a matizar el debate. Según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2024 se iniciaron 1.788 causas penales contra menores de entre 6 y 18 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cifra representa una baja respecto de 2012, cuando se habían registrado 2.034 adolescentes involucrados en al menos una causa judicial, aunque también muestra un leve repunte a partir de 2020.
El perfil de esos delitos es significativo. Más del 80% de las causas correspondieron a delitos contra la propiedad, principalmente robos. En el resto de los expedientes predominan infracciones contra la integridad sexual, la administración pública, las personas y la libertad. Solo el 1,5% del total de los menores involucrados estuvo imputado en causas por homicidio.
La tendencia se repite cuando nos enfocamos en la provincia de Buenos Aires. Datos del Ministerio Público provincial muestran que, entre 2009 y 2023, las Investigaciones Penales Preparatorias del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil oscilaron entre 20.000 y 30.000 por año. Se trata de causas iniciadas contra jóvenes de entre 16 y 18 años, es decir, dentro del rango ya alcanzado por el sistema penal.
La comparación con el universo adulto dimensiona el fenómeno. En 2023, la participación juvenil en el delito en la provincia representó apenas el 2,25% del total de causas penales: unas 23.800 investigaciones frente a más de un millón de causas correspondientes al fuero criminal de mayores de 18 años. El delito juvenil existe, pero su peso relativo dentro del sistema penal es acotado.
Aun así, hay un punto que aparece de manera recurrente en los registros judiciales y queda fuera del centro del debate. Las estadísticas muestran un aumento en la cantidad de causas iniciadas contra adolescentes en los últimos años, pero también revelan una falencia persistente, y es que no existen registros sistemáticos de medidas no privativas de la libertad. En la práctica, la respuesta judicial continúa atrapada en una lógica binaria: encierro o liberación.
La discusión sobre qué hacer con el amplio universo de adolescentes que no están presos permanece casi ausente en la agenda legislativa. La baja de imputabilidad ordena el debate público, pero deja en segundo plano una pregunta más compleja: qué tipo de políticas de prevención, seguimiento y reinserción está dispuesto a construir el Estado.
La experiencia regional sugiere que el impacto real sobre el delito no depende tanto de cuándo se castiga, sino de cómo se interviene antes y después. En ese cruce entre urgencia política y evidencia empírica se juega el verdadero desafío del Congreso, evitar que una discusión estructural vuelva a resolverse por la vía más corta.