Mansión vinculada a la AFA: el fiscal ante Casación apeló a la Corte para que la causa salga de la Justicia de Campana
Mario Villar presentó un recurso extraordinario para que el máximo tribunal resuelva la competencia jurisdiccional, donde además cuestionó la imparcialidad de dos de los camaristas que determinaron que el expediente por la lujosa quinta siga en manos del juez Adrián González Charvay.
El helipuerto de la casa de Villa Rosa, en Pilar, por el que investigan a dirigentes de la AFA. Foto: Clarín
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, interpuso un recurso extraordinario federal para llevar a la Corte Suprema de Justicia la disputa por la jurisdicción que debe investigar el presunto lavado de activos vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El objetivo del fiscal es revertir la decisión de la Sala I de Casación que, el pasado 14 de agosto, asignó la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, en lugar de dejarla en manos de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.
La disputa gira en torno a una extensa propiedad valuada en 20 millones de dólares ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, que las denuncias vinculan al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La propiedad fue adquirida a través de la firma Real Central SRL, a nombre de Luciano Nicolás Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros. En el inmueble se secuestraron 54 vehículos, algunos de colección, además de caballos árabes y de pura sangre.
La hipótesis de la red financiera y el argumento territorial
Según el escrito al que tuvo acceso MDZ, la investigación no se limita a la compra de la mansión. Para Villar, existió una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado fuera del sistema bancario argentino fondos de la AFA provenientes de derechos comerciales, auspicios y transmisiones televisivas de la Selección. Esos fondos, según la hipótesis fiscal, terminaron en sociedades constituidas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay que operarían como fachadas.
El fiscal ante casación argumentó que el verdadero centro de la operatoria está en la Ciudad de Buenos Aires, donde la AFA tenía su sede al momento de los hechos, donde estaban domiciliadas las sociedades que intervinieron en la operación y donde se firmó la escritura de compraventa del inmueble. "La sede social no constituye aquí un dato meramente registral carente de incidencia territorial", sostuvo el fiscal, para quien ese domicilio "representa el ámbito institucional desde el cual se administra la sociedad".
Villar apuntó fuertemente contra el camarista Mariano Borinsky, quien sostuvo en una intervención anterior, en el marco de la misma causa, que las resoluciones sobre competencia no eran recurribles. Semanas después, Borinsky avaló su tratamiento y terminó asignando el expediente a Campana. "Existe una afrenta al principio de no contradicción", cuestionó el fiscal, quien también observó que el otro voto mayoritario del juez Diego Barroetaveña ni siquiera se pronunció sobre la disputa territorial, sino solo sobre a qué fuero (penal económico o federal) correspondía el caso. El juez Alejandro Slokar, en cambio, había votado en disidencia por considerar inadmisible la vía.
Para el fiscal, dejar que la sola ubicación de un bien determine qué juez investiga un delito abriría la puerta a una forma de manipulación conocida como "forum shopping". En ese sentido, calificó el envío del expediente a Campana como una decisión que "no solo es equivocada", sino que "sembraría la duda acerca de la imparcialidad" de los jueces que la dictaron.
Un conflicto de nueve meses sin avances de fondo
El planteo de Villar llega en medio de un conflicto de competencia que ya lleva nueve meses sin resolverse, con idas y vueltas entre el fuero penal económico, la justicia federal de Campana y la Cámara Federal de San Martín. En ese lapso, ninguno de los juzgados avanzó de fondo con la investigación.
La causa de la quinta de Pilar no es la única que involucra a la cúpula de la AFA y que camina hacia la Corte. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ya dictaminó en otros dos expedientes vinculados al presunto desvío de fondos del fútbol que la investigación debe quedar en la justicia penal ordinaria de la Capital Federal y no en el juzgado de Campana.