Mansión de Pilar vinculada a la AFA: un fiscal pidió que la causa siga en el fuero penal económico
El expediente investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a una propiedad en Villa Rosa y sus posibles nexos con dirigentes de la AFA.
El fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó que la causa por la “mansión de pilar” debe continuar en el fuero Penal Económico porteño y no en la Justicia Federal de Campana, como había resuelto previamente la Cámara Federal de San Martín.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Facundo del Gaiso y Matías Yofe contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte por presunto lavado de activos en la compra de una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, a nombre de la firma Real Central SRL.
Según la investigación judicial, el inmueble habría sido adquirido mediante una estructura societaria conformada por Pantano y Conté que podría funcionar como pantalla para ocultar a los verdaderos propietarios y el origen de los fondos utilizados en la operación. Distintas medidas de prueba incorporadas al expediente también apuntan a posibles vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El conflicto se desató cuando Pantano pidió que la causa pasara al Juzgado Federal de Campana, argumentando que el núcleo de los hechos investigados se encuentra en Pilar, donde está ubicada la propiedad. El planteo fue aceptado por el juez Adrián González Charvay y luego respaldado por la Cámara Federal de San Martín, que entendió que la compra del inmueble era el eje territorial de la investigación.
Sin embargo, el magistrado Marcelo Aguinsky a cargo interinamente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10 rechazó desprenderse del expediente tras sostener que la pesquisa no se limita a la adquisición de una casa, sino que involucra “maniobras complejas de lavado de activos” desarrolladas en distintas jurisdicciones y presuntamente vinculadas con estructuras financieras y administrativas relacionadas con la AFA.
En el dictamen de 23 páginas al que accedió MDZ, el fiscal Pérez Barberá respaldó esa postura y defendió la intervención del fuero Penal Económico por tratarse de un ámbito “especializado” en delitos financieros y económicos. El fiscal sostuvo que “la especialización técnica” resulta determinante para garantizar una investigación eficaz en casos de lavado de dinero y destacó que aún es prematuro establecer un único centro territorial del delito.
Además, el representante del Ministerio Público repasó la compleja discusión jurídica sobre qué tribunales deben intervenir en delitos vinculados al orden económico y financiero. Señaló que ni la Corte Suprema ni la Cámara en lo Penal y Económico mantienen actualmente un criterio uniforme respecto de estos casos y recordó que existen antecedentes contradictorios sobre si debe actuar la justicia federal común o el fuero especializado.
La Cámara Federal de Casación Penal ya había anulado anteriormente la resolución de la Cámara de San Martín y ordenado que el expediente volviera a la Cámara Penal Económica para que se dicte un nuevo pronunciamiento sobre la competencia.
El caso también tomó relevancia política y deportiva porque en la investigación aparecen referencias a dirigentes cercanos a la conducción de la AFA. Distintos informes periodísticos señalaron que la propiedad estaría vinculada al tesorero Pablo Toviggino, dirigente cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, aunque hasta el momento no existe imputación formal contra ellos en el expediente.
Entre los elementos bajo análisis figuran registros de visitas, movimientos societarios y gastos realizados con tarjetas corporativas de la AFA. También se investiga una fuerte diferencia entre el valor declarado en la compra del inmueble, cerca de 1,8 millones de dólares, y una tasación oficial que habría estimado un valor muy superior.