"Malvinas no puede ser el caballo de Troya": la oposición apunta contra el proyecto de Soberanía del Gobierno
El texto pasa por Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, todas con presidencia oficialista. Modifica leyes de inteligencia, defensa y partidos.
Javier Milei se prepara para defender el proyecto de Malvinas enviado al Congreso.
ReutersLa Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ya tiene recorrido en la Cámara de Diputados. El proyecto vinculado a Malvinas que Javier Milei anunció en cadena nacional el 3 de septiembre fue girado a tres comisiones: Defensa Nacional, que preside Carlos Zapata; Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado; y Relaciones Exteriores y Culto, conducida por Juliana Santillán. Las tres presidencias están en manos de La Libertad Avanza.
El texto es mucho más amplio de lo que sugiere su motivación inicial. Consta de 133 artículos y, además de derogar la Ley 26.659 —que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina— e introducir cambios en el Código Penal, modifica la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y hasta la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Sanciones más amplias y juicio en ausencia
La parte estrictamente vinculada a Malvinas endurece el régimen de castigos para quienes desarrollen actividades económicas en las islas o en los espacios marítimos e insulares que reclama la Argentina sin permiso nacional.
Mientras la norma vigente se concentraba en los hidrocarburos, el nuevo esquema abarca cualquier aprovechamiento de recursos naturales, sean renovables o no.
El proyecto habilita además el juicio en ausencia para los delitos que tipifica, una figura de aplicación excepcional en el derecho argentino. Y crea un Sistema de Seguridad Nacional con un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica, con atribuciones para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia.
Los artículos que encendieron la alarma
Los reparos se concentran en el Título VI, dedicado al "fortalecimiento ante la influencia extranjera". El artículo 106 modifica la ley de financiamiento partidario para prohibir que personas extranjeras sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña o propaganda electoral.
El más cuestionado es el artículo 111, que suma el 225 bis al Código Penal. Fija penas de 5 a 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intente alterar procesos electorales o "manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva", o promueva actos de violencia o sabotaje contra el Estado. La pena sube a un rango de 8 a 15 años si se utilizan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales. La creación de un tipo penal ligado a la "desinformación" ya generó advertencias de constitucionalistas.
Delegación de facultades y "caballo de Troya"
Desde la presentación del proyecto, la oposición marcó reparos sobre la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y sobre las atribuciones que se les otorgan a las Fuerzas Ar
madas.
El exministro de Defensa Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria, cuestionó el vínculo entre la causa y buena parte del articulado: "¿Y esto qué tiene que ver con Malvinas? El proyecto incorpora restricciones a la participación de extranjeros en procesos electorales argentinos", señaló. Y resumió su objeción: "Malvinas no puede ser el caballo de Troya para cambiar todo el sistema de seguridad, defensa e inteligencia".
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro abrió otro frente: advirtió que, al derogar la Ley 26.659, el proyecto podría funcionar como una amnistía encubierta para las empresas que ya fueron sancionadas e inhabilitadas por operar en Malvinas bajo esa norma.