Los funcionarios que dieron positivo al test de alcoholemia y la duda de siempre
Diego Silvestre, consejero titular de Minería, renunció en las últimas horas por dar positivo en un test de alcoholemia. No es el único: la larga lista de funcionarios.
Los funcionarios mendocinos que dieron positivo de alcoholemia . Foto: Archivo MDZ
¿Es para tanto? ¿Un funcionario que maneja y da positivo de alcoholemia tiene que renunciar como si se tratara de una causa judicial por corrupción?. El caso de Diego Silvestre, recientemente nombrado en minería y quien dio 2,26 g/l, volvió a instalar un debate recurrente en la política mendocina: qué nivel de responsabilidad deben asumir los funcionarios públicos cuando son sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol.
Aunque cada episodio tuvo características diferentes y derivó en consecuencias políticas distintas, en los últimos años dirigentes de la UCR, el PJ, La Libertad Avanza y administraciones municipales quedaron involucrados en situaciones similares.
El Gobierno de Cambia Mendoza, con Alfredo Cornejo y Hebe Casado a la cabeza, tienen una postura clara: funcionario propio que da positivo, tiene que irse.
Positivo
El episodio más reciente tuvo como protagonista a Diego Silvestre, quien había sido designado pocos días antes como consejero titular del Consejo de Minería de Mendoza en representación del Colegio de Abogados y también se desempeñaba como coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael.
Silvestre fue detenido en un control vial y el test arrojó 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la legislación provincial, que es 0,5. El procedimiento reveló además otras irregularidades: conducía sin licencia de conducir, sin seguro obligatorio y sin la documentación del vehículo. Tras la difusión del caso, presentó la renuncia a los cargos que ocupaba, convirtiéndose en el último funcionario en abandonar una función pública luego de un episodio de estas características.
Los funcionarios que más lamentó la política
El caso recordó inmediatamente otro de los escándalos de mayor repercusión de los últimos años: el protagonizado por Jorge Teves, quien presidía el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP). En enero de 2025 fue sometido a un control de alcoholemia mientras conducía un vehículo oficial y el resultado fue positivo. El hecho generó un fuerte impacto político no solo por tratarse de un funcionario de primera línea del Gobierno provincial, sino porque el organismo que encabezaba tiene entre sus responsabilidades el control y la regulación del transporte.
En un primer momento Teves pidió disculpas públicamente y aseguró que asumiría las consecuencias de su accionar. Sin embargo, la presión política no disminuyó y meses después presentó su renuncia, que fue aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo.
A comienzos de febrero de este año, Gustavo Villegas, quien se desempeñaba como consejero del río Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI), presentó su renuncia tras dar positivo en un test de alcoholemia durante la madrugada del primer sábado del segundo mes del año.
“Es una pena, porque es un excelente funcionario que se viene desempeñando muy bien en su cargo”, dijo en momento Hebe Casado a la vez que aseguró que el Gobierno no tiene doble vara en estos casos.
Los funcionarios que no se fueron a pesar del positivo
Otro de los casos que tuvo amplia repercusión fue el del concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa. El edil quedó involucrado en un episodio vial en el que se confirmó que conducía con alcohol en sangre, situación que generó críticas tanto de la oposición como de sectores del oficialismo.
A diferencia de otros antecedentes, el episodio no derivó en una renuncia. Burgoa continuó ejerciendo su banca, aunque el caso abrió un fuerte debate sobre los estándares éticos que deberían exigirse a quienes ocupan cargos públicos y representan a los ciudadanos.
En noviembre de 2025, otro dirigente volvió a quedar en el centro de la escena. Se trata del concejal de San Rafael Martín Antolín, referente libertario, quien fue sometido a un control de alcoholemia en la Ciudad de Mendoza. El test registró 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre.
La noticia provocó una inmediata reacción dentro de su propio espacio político. El caso también llegó al Concejo Deliberante de San Rafael, donde sus pares radicales impulsaron cuestionamientos políticos. Finalmente, Antolín continuó en funciones.
El debate que genera los funcionarios con positivo de alcoholemia
Los distintos antecedentes muestran que no existe un patrón partidario. Distintos funcionarios quedaron involucrados en episodios similares, aunque las consecuencias políticas fueron diferentes en cada caso. Algunos dejaron inmediatamente sus cargos, otros renunciaron después de varias semanas de presión pública y algunos continuaron ejerciendo sus funciones.
La diferencia en las respuestas también alimentó la discusión pública sobre la necesidad de establecer criterios políticos uniformes frente a este tipo de hechos. Mientras una parte de la dirigencia sostiene que cualquier funcionario que incurra en una conducta de estas características debería dejar automáticamente su cargo, otros entienden que corresponde distinguir entre la sanción prevista por la legislación de tránsito y la responsabilidad política.
La reiteración de estos casos también coincide con el endurecimiento de los controles de alcoholemia en Mendoza. En los últimos años, la Provincia incrementó la cantidad de operativos y profundizó las sanciones para quienes conducen bajo los efectos del alcohol, una política que busca reducir la siniestralidad vial.
Sin embargo, cada vez que un funcionario aparece involucrado en un episodio de estas características, el debate trasciende la infracción de tránsito. Vuelve a centrarse en la ejemplaridad que debe exigirse a quienes ejercen cargos públicos y en el costo político que deben afrontar cuando incumplen normas que el propio Estado busca hacer respetar.