Los dueños de la tierra, los recursos naturales y un "nuevo Departamento" en Mendoza
La extranjerización de la tierra no es el único tema en tensión: el acceso a los recursos naturales de esas tierras es la clave. Quiénes controlan y cómo se pueden hacer negocios inmobiliarios, sin tener escrituras.
En la cordillera confluyen intereses diversos.
MDZSi en Mendoza se tomaran la superficie que tiene bajo su propiedad Nieves de Mendoza y sus empresas asociadas, podría fundarse un “nuevo Departamento” que tendría una superficie más grande que todo Luján. Incluso ocuparía el lugar 9 en el ránking de las comunas más grandes. Esa empresa, de capitales ingleses y de origen malayo, tiene casi medio millón de hectáreas de terreno en la cordillera, con Las Leñas y otros atractivos turísticos relevantes incluidos y, también, nacientes de ríos, glaciares y, potencialmente, riqueza mineral.
Ese caso es el más relevante en cuanto a la dimensión de la superficie de tierras rurales en manos de propietarios extranjeros, pero en Mendoza hay una gran cantidad de campos de menor extensión que son parte de inversiones extranjeras. Según el relevamiento nacional, Malargüe tiene casi el 15% de su tierra en manos extranjeras, seguido por San Martín, con el 13%, La Paz y Las Heras con el 12% y Alvear con el 11%. Contrariamente a lo que se puede creer, la zona de viñedos más importante no tiene una extranjerización grande, pues en Tupungato solo el 2,3% de las tierras rurales están en manos de extranjeros y en Tunuyán el 3,1%. Malargüe concentra el 45,29% de todas las tierras rurales extranjeras de Mendoza y “solo” le queda un 0,26% paras superar el límite legal máximo fijado por la Ley 26.737. Si se modifica la norma como propone ahora En Mendoza hay 14.829.800 hectáreas rurales. De ese total, 1.343.983 de hectáreas están en manos de propietarios extranjeros. Es decir un9%.
Pero no solo hay propietarios extranjeros con amplias superficies escrituradas. Hay terratenientes locales que podrían tener “su propio Departamento". En el Sur, por ejemplo, la empresa Sominar tiene casi 4000 km2 de terreno en San Rafael, superficie en la que está la estancia El Sosneado.
Intereses que confluyen
En Mendoza hay una superposición de intereses en las mismas tierras. La cordillera, por ejemplo, guarda riquezas como el agua, minerales críticos como cobre, recursos turísticos relevantes y también, en la base, potencial petrolero.
La ley de tierras que ahora el Gobierno nacional quiere derogar o modificar, según los votos que consiga, pone límites a la posesión de tierras en zonas rurales. Pero hay otra clave que excede a esa norma y tiene que ver con los recursos naturales que están en esos campos. Agua superficial y subterránea, glaciares, minerales y petróleo. El acceso a esos recursos es estratégico pero en Argentina los dueños de la tierra no son propietarios de los recursos naturales que están en ella.
La Constitución Nacional establece, incluso, que son las provincias las administradoras de los recursos naturales y por eso, por ejemplo, son los estados subnacionales quienes concesionan las propiedades mineras, los yacimientos petroleros y el acceso al agua.
El dueño de la tierra y el concesionario de los recursos naturales no siempre coinciden. La posesión de las tierras es definitiva, las concesiones por la explotación de los recursos son temporales. En el caso de las concesiones petroleras, por ejemplo, debe haber una negociación por la servidumbre de paso y se acuerdan cánones. Si no hay acuerdo, el Estado puede expropiar.
En algunos casos sí hay “coincidencia” entre el concesionario y el dueño de la tierra. Es lo que ocurre con la Estancia el Yalguaráz (de más de 100 mil hectáreas), donde está la mina San Jorge. Esa empresa, de capitales suizos y de origen ucraniano, tiene las concesiones mineras de los yacimientos que explotará y es dueña del campo. Aún así, requiere más autorizaciones del Estado para el uso del agua porque no es “propietaria” de ese recurso. Aunque el arroyo que usará para la mina “nace y muere” en su terreno, el Estado es propietario de todo el recurso, por lo que San Jorge depende de la concesión del agua que le pueda dar el DGI.
Otro caso relevante es el de Villavicencio. La empresa francesa Danone es propietaria de más de 60 mil hectáreas en la que se encuentra la reserva privada que lleva el mismo nombre. Dentro hay recursos naturales muy importantes y yacimientos de cobre que generaron interés de otras empresas. Así, Minera del Oeste primero y su continuadora Deprominsa (que tiene vínculos con la canadiense Lundin) tienen propiedades mineras para buscar cobre y oro en la zona. Pero el superficiario, la francesa Danone, se opone. Ese cruce de intereses generó uno de los litigios judiciales más importantes de los últimos años y está en disputa, justamente, la explotación de los recursos naturales. La pelea es entre privados con capitales extranjeros y el Estado ha tenido roles ambiguos: promociona la reserva natural, pero ha ratificado el derecho de las mineras a explorar la zona.
Los conflictos por el acceso y uso de la tierra y la explotación de los recursos naturales crecen, pero no solo involucra a propietarios extranjeros. Es lo que ocurre con los crianceros de Lavalle, Malargüe y el Valle de Uco, que entraron en conflicto con los titulares registrales de la tierra en la que viven.
También con la presión que puede haber para que los propietarios de los campos accedan a recursos críticos, como el agua. El ejemplo más notorio es lo que ocurrió en la “margen derecha” del Río Mendoza, particularmente en Agrelo y Ugarteche, con el acceso al agua. Esos campos que se convirtieron en la zona más privilegiada para el desarrollo turístico y vitivinícola gracias a que se ejecutaron maniobras irregulares para otorgar acceso al agua subterránea a un grupo de empresas nucleadas en una organización intermedia “falsa”. Ese privilegio le permitió a ese grupo de terratenientes, entre los que hay extranjeros y nacionales, sobrevaluar las tierras y desarrollar emprendimientos que hoy soy top.
Más allá de la propiedad del terreno, en Mendoza para acceder a los recursos naturales es necesario tener concesiones estatales. Con el agua a través del Departamento General de Irrigación. Con la minería con la Dirección de Minería y el registro en el catastro minero (las concesiones se dan a quien las pide si están vacantes o se pueden negociar con acuerdos entre privados) y con el petróleo con concesiones que el mismo Estado concurse.
Incluso hay una paradoja que se repite en Mendoza y el país: empresas y empresarios que hacen “negocios inmobiliarios” sin tener tierras. En esos casos los elementos de transacción son las concesiones petroleras y mineras que valen más que la tierra. El ejemplo más notorio es lo que pasó en 2008 con la primera adjudicación de concesiones petroleras hechas por el Estado provincial tras la provincialización: la mayoría de los beneficiados con las concesiones no fueron quienes las explotaron. Con el Distrito Minero Malargüe Occidental ocurre algo parecido con buena parte de los beneficiados que obtuvieron propiedades mineras con información privilegiada que luego negociaron o aún intentan negociar con operadores.
El debate por la extranjerización de las tierras es mucho más complejo, pues no solo es la escrituración de inmuebles, sino del acceso a los recursos.