Legislatura bonaerense: la oposición quiere que los fondos de los municipios sean de libre disponibilidad
Presentan un proyecto que busca modificar la Ley de Emergencia provincial para los municipios puedan usar recursos sin depender de la Legislatura bonaerense.
El bloque de diputados provinciales de la UCR-Unión Cívica radical, presento un proyecto para que los fondos extras para los municipios acordados en la aprobación del endeudamiento de Kicillof sean de libre disponibilidad y no tengan que pasar por el filtro de la Legislatura bonaerense
Archivo MDZEl bloque de diputados UCR (Unión Cívica Radical) movió fichas en apoyo a los intendentes que reclaman por la libre disponibilidad de los fondos que les corresponden a los municipios por el acuerdo alcanzado en la Legislatura bonaerense para aprobar el endeudamiento de Kicillof. De aprobarse, los alcaldes podrán usar esos fondos sin pasar por el filtro de la Bicameral.
Cabe destacar que en los últimos días el otro bloque de diputados radicales, que responde a Maximiliano Abad, también presento un proyecto modificatorio de la Ley 15.561 para que los intendentes puedan usar esos fondos para hacer frente a gastos corrientes. Pero la iniciativa del otro bloque boina blanca mantiene vigente el control de la Bicameral de Seguimiento, por lo que la billetera de los intendentes seguiría atada al control discrecional de la Legislatura bonaerense.
El proyecto que le da aire a las billeteras de los municipios
A través de un proyecto de ley firmado por los diputados Valentín Miranda, Priscila Minnaard y la presidenta del bloque de la UCR, Alejandra Lordén; el radicalismo con presencia territorial en el interior bonaerense exige la modificación de la Ley 15.561 de Emergencia provincial.
El objetivo central de la iniciativa es que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal - una masa de recursos garantizada con Rentas Generales por un piso de 250.000 millones de pesos para los ejercicios fiscales 2026 y 2027 de los municipios- sea de libre disponibilidad. Es decir, los intendentes pueden usar esos fondos para, fundamentalmente, el pago de sueldos y aguinaldos sin pasar por el “filtro” de la Comisión Bicameral, que según establece la actual normativa, es la encargada de decir a qué municipios se le dan esos recursos de acuerdo a “los proyectos” que presenten en obras, genero, salud, entre otros, los jefes comunales.
El problema, según exponen los legisladores radicales, es que el 30% de ese fondo quedó atrapado en una telaraña burocrática manejada por el Ejecutivo provincial.
Los fundamentos del proyecto para modificar la Ley 15.561 son lapidarios al denunciar un "mecanismo de intervención previa" que opera como un verdadero "cuello de botella" sin plazos claros ni criterios objetivos. Para la UCR, la coordinación obligatoria se convirtió en una herramienta de soga corta para “disciplinar” intendentes.
Menos ventanillas, más libre disponibilidad
La jugada legislativa es concreta: exigir que ese 30% en disputa pase a ser de "libre disponibilidad para el departamento ejecutivo municipal". De esta manera, los intendentes no tendrían que mendigar la firma de ministerios provinciales para financiar sus baches financieros.
El reparto propuesto para que los municipios puedan hacerse de manera automática y sin la burocracia estatal de esos recursos extras es mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) del ejercicio 2025.
Los diputados del bloque Unión Cívica Radical argumentan que los municipios hoy actúan como el "primer mostrador del Estado", pero también como el "último refugio frente a la ausencia de respuestas en otros niveles de gobierno".
Con una inflación, en descenso, pero todavía con niveles altos sumado a la quita de transferencias nacionales y al “mal” reparto que hace la provincia de los fondos coparticipables a los distritos; obliga a los municipios a absorber costos en salud, seguridad y asistencia social que exceden largamente sus competencias. Impactando directamente en las arcas municipales.
El otro proyecto, que si bien da libre disponibilidad, obliga a los intendentes a pasar por el filtro de la Bicameral
Como venimos contando en la nota, hace unos días desde el bloque UCR-Cambio Federal presentaron un proyecto, que en la primera sesión del año de la Cámara Baja bonaerense, tomo estado parlamentario.
La iniciativa impulsada por Diego Garciarena, presidente del otro bloque boina blanca, propone que el 100% de los 250.000 millones del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea de "libre disponibilidad" para los intendentes. Según los fundamentos de esta iniciativa, se obliga a los municipios a destinar un porcentaje a programas específicos bajo el arbitrio de la Bicameral de Seguimiento.
La otra gran diferencia regulatoria radica en el control del gasto. Mientras el proyecto impulsado por el bloque de Lordén se enfoca en auditar la macroeconomía y la deuda de Kicillof con los municipios, el texto de Garciarena le mete un "bocado" directo al funcionamiento del fondo: exige que la Comisión Bicameral tenga la atribución específica de "autorizar el pago a cada municipio de los fondos estipulados".
Esta jugada busca trasladar el verdadero poder de la lapicera distributiva directamente a la Legislatura bonaerense.
Los cronogramas de Kicillof y de los que desconfían los intendentes
Para evitar que las promesas queden en el aire, la Ley votada en diciembre fija un cronograma de transferencias los municipios con fechas perentorias para el año en curso y el próximo. El texto original de la Ley impone tres vencimientos clave para 2026 (abril, agosto y noviembre), obligando a la Provincia a girar de forma automática hasta 20.000 millones de pesos para proyectos específicos y hasta 30.000 millones de pesos de libre disponibilidad en cada cuota. Para 2027, el esquema estipula dos desembolsos más de hasta 50.000 millones cada uno en abril y junio.
La desconfianza hacia la gestión de Kicillof queda expuesta en la letra chica. La oposición busca que los intendentes cobren "en tiempo y forma" para evitar que el acceso a la plata quede condicionado a "procedimientos discrecionales o difusos" que terminan afectando la "gobernabilidad de los municipios".