Las claves del proyecto de propiedad privada del Gobierno: facilitar desalojos, ventas de tierras a extranjeros y cambios en la Ley del Fuego
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que uno de los primeros paquetes que el Gobierno enviará al Congreso será uno que abarque "leyes sobre propiedad privada". ¿De qué se trata?
El proyecto de propiedad privada del Gobierno apunta a facilitar las acciones de desalojo en inmuebles ocupados ilegalmente, entre otros puntos.
GCBAEl Gobierno planea volver a tomar las riendas de la agenda y para eso anunció el envío de varios paquetes de leyes al Congreso. Uno de ellos, el denominado "Ley de inviolabilidad de la propiedad privada", que incluye desde una facilitación a los procesos de desalojos en inmuebles ocupados ilegalmente, la eliminación del límite a la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la llamada Ley del Fuego para habilitar el uso productivo de tierras incendiadas, entre otros.
Nueva avanzada del Gobierno en el Congreso: leyes de propiedad privada
El anuncio lo hizo este lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de una reunión de la mesa política de Javier Milei en la Casa Rosada. Allí, los principales alfiles políticos del presidente definieron las prioridades de la agenda legislativa del oficialismo y comenzaron a diagramar cómo llevar adelante las negociaciones con los aliados.
"El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional", proclamó Adorni a través de un posteo en X. Además de la ya anunciada reforma del Código Penal, la Ley de Glaciares y proyectos para modificar la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario, el vocero anticipó la presentación de "Leyes sobre propiedad privada".
Según explicó Adorni, el paquete incluirá "la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana". Todos esos puntos forman parte de uno de los proyectos elaborados por el Consejo de Mayo, aquel grupo interdisciplinario ideado por Javier Milei para convertir en legislación los puntos acordados en el Pacto de Mayo que firmó con los gobernadores el 9 de julio de 2024.
Se trata del llamado Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la cual propone introducir una serie de modificaciones a la Ley de Expropiaciones (Ley Nº 21.499), al Procedimiento de Desalojo (Ley N° 17.454), el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (Ley N° 27.453), el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (Ley Nº 26.737) y el Sistema Federal de Manejo del Fuego (Ley Nº 26.815).
Facilitar desalojos
Entre sus puntos principales, el proyecto propone cambios en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para facilitar los procesos de desalojos en inmuebles ocupados ilegalmente. En uno de sus artículos, la iniciativa establece que "en ningún caso podrá disponerse la ocupación temporánea anormal respecto de empresas, sociedades u otras personas jurídicas; acciones o cuotas partes de sociedades; ni ningún bien sujeto a expropiación".
A su vez, el proyecto dispone que todo el proceso se tramite bajo la modalidad de juicio sumarísimo, lo que significará un accionar mucho más veloz que el actual.
Para ello, el Gobierno plantea que la acción de desalojo podrá ser promovida no solo por el titular registral, sino también por locadores, usufructuarios, poseedores y cualquier persona que acredite derecho legítimo de uso. "Procederá contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos, usurpadores y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible", sentencia el proyecto.
En ese marco, cuando se trate de una intrusión o una usurpación, el texto sostiene que "el juez deberá disponer la inmediata entrega del inmueble con la presentación del título de propiedad por parte del accionante, previa caución juratoria". La entrega deberá hacerse efectiva dentro de los cinco días de efectuada la solicitud del actor.
De ser necesario, el oficial notificador encargado de informar al ocupante de la denuncia podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y exigir la exhibición de documentos de identidad u otros que fuesen necesarios.
Por otra parte, en caso de que el motivo del desalojo fuera la falta de pago o vencimiento del contrato, el actor del desalojo que posea el título de propiedad, bajo caución juratoria, obtendrá la desocupación inmediata. Si se probara que el actor obtuvo la medida de desalojo "ocultando hechos o documentos que configuraren la relación locativa o el pago de alquileres", además de la inmediata ejecución de la caución se le impondrá una multa de hasta diez veces el valor del último pago locativo en favor de la contraparte.
Ley de Expropiaciones
En paralelo, el paquete también contempla cambios relativos a la ley de Expropiaciones. Entre ellos, se incluyen modificaciones al cálculo de las indemnizaciones, cuyo monto se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se publicará en plataformas oficiales, con la obligación de realizar al menos dos tasaciones independientes.
Además, el proyecto agrega que "no existirá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente".
Por otra parte, la iniciativa plantea que la ocupación temporánea anormal sólo podrá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo - actualmente depende de la autoridad administrativa correspondiente a cada caso- y dará lugar a indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. También aclara que "en ningún caso podrá extenderse por más de 60 días, plazo que no podrá prorrogarse ni repetirse.
Ley de Tierras y venta a extranjeros
En cuanto a la denominada Ley de Tierras, el proyecto busca avanzar en la eliminación de restricciones a la compra de tierras por extranjeros, ya que según el Consejo de Mayo esto ha "obstaculizado la inversión internacional". "Esta ley prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, lo que desalienta la inversión en el sector", sostuvieron en el documento final presentado el pasado diciembre.
En ese sentido, el texto de Mayo enfatiza que "la inversión extranjera es deseable y conducente al desarrollo de un país" y por eso apunta a la liberación de la compra por parte de privados extranjeros.
Sin embargo, la compra por parte de entes estatales extranjeros seguirá sujeta a autorización previa, "preservando así los intereses estratégicos y la seguridad nacional", aclararon.
Cambios a la Ley del Fuego
Por último, el proyecto oficialista entiende que la Ley de Manejo del Fuego aprobada en 2020 contiene violaciones a la propiedad privada, con perjuicios sobre el sector agropecuario.
"Básicamente, si hay un incendio, aún si es accidental, los dueños o locatarios de un campo no pueden alterar su finalidad productiva entre 30 y 60 años posteriores al incendio. Los productores pueden sufrir una catástrofe doble: además de sufrir un incendio, no pueden adaptarse a los cambios productivos, lo que disminuye su capacidad para recuperarse económicamente y reduce el valor de su campo", argumenta el informe del Consejo de Mayo.
Por eso, el proyecto oficialista considera a "las prohibiciones introducidas en 2020 resultan desproporcionadas e innecesarias, al tiempo que castigan injustamente al propietario que sufrió el daño”, por lo cual se impulsa la derogación de los artículos que obligaban "al responsable del daño ambiental que produzca un incendio a recomponer y adoptar las medidas de reparación necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas".