Uno de la casta y uno de la casa: Javier Milei devuelve gentilezas en el Senado con la designación de jueces
Javier Milei reactiva el Senado con la designación de jueces para devolver gentilezas. Además, avanzará el proyecto de propiedad privada.
Javier y Karina Milei en el Congreso. Vuelven a buscar votos para avanzar en una reforma política que beneficie a todos los oficialismos.
EFEEl Senado de la Nación reabrirá su recinto a días del receso invernal que congela la actividad parlamentaria en el Congreso. El oficialismo se encamina a darle media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Además, aprobará 36 pliegos, dos de ellos destacados por estar vinculados a causas de alta tensión para Javier Milei: uno de la casa y otro de la casta.
El primero es Víctor Pesino, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que busca una prórroga de cinco años en el cargo, después de cumplir los 75 años que establece como límite el reglamento. Se trata de una figura que la Casa Rosada valoró demasiado a principios de este año, cuando rechazó una cautelar de la Confederación General del Trabajo (CGT) que paralizaba la reforma laboral que en febrero sancionó el Congreso de la Nación.
La familia judicial recibió un guiño de Javier Milei
El otro es una pieza clave para entender a la familia judicial: Juan Rodríguez Ponte. Se trata del candidato para el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, que está vacante y actualmente es subrogado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella.
Rodríguez Ponte es una de las figuras que siempre se movió cerca de Ariel Lijo. Así llegó a ser titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Además, está casado con la fiscal Alejandra Mangano y cuenta con la venia de la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría, que es su suegra.
Una vez en el juzgado de Lomas de Zamora, en caso de que su pliego sea aprobado en el Senado, como todo lo indica, Rodríguez Ponte tendrá que tratar temas de alta tensión política y mediática: en ese juzgado —hoy subrogado por Luis Armella— están las causas donde se investiga a la modelo Jesica Cirio y al exintendente Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito.
También deberá resolver sobre la causa de Sur Finanzas, donde se investiga una red de lavado de dinero y defraudación millonaria que involucra a la AFA y a varios clubes de fútbol. Allí está en la mira Claudio "Chiqui" Tapia, que disfruta de los asados en Kansas City, Estados Unidos, junto con la Selección argentina.
Qué dice el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
Además, se tratará el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que obtuvo su decimotercer dictamen y va por su quinta revancha en el recinto. El proyecto iba a ser tratado en cuatro ocasiones previas, pero en dos fue retirado del temario de la sesión y, en las otras dos, atravesadas por el escándalo de Manuel Adorni, la sesión fracasó por falta de quórum.
Las últimas modificaciones estuvieron relacionadas con cómo habilitar la compra de tierras argentinas por parte de actores extranjeros: empresas y Estados.
El nuevo texto modifica el Capítulo III de la ley, que regula el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (Ley 26.737). El cambio central está en el artículo 3°: de ahora en más, las únicas restricciones para que un actor extranjero adquiera tierras rurales en la Argentina serán dos. La primera es una prohibición directa para los Estados extranjeros.
La segunda alcanza a las empresas con participación estatal extranjera, que solo podrán comprar tierras si cuentan con la autorización de la provincia donde esté ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. El resto de las personas físicas y jurídicas extranjeras queda amparado, de manera explícita, por los derechos que reconoce el artículo 20 de la Constitución Nacional.
Esa autorización para empresas con capital estatal extranjero no será, en los hechos, una traba automática: el dictamen incorpora el régimen de silencio administrativo, de modo que, si el Estado no se expide dentro del plazo, la autorización quedará otorgada de pleno derecho.


