Kicillof le apunta a las billeteras virtuales por las deudas familiares y acusa a Milei de "liberar la zona"

El gobierno bonaerense encendió las alarmas sobre un fenómeno que quema en el bolsillo social: el ahogo financiero a través de las billeteras virtuales. Axel Kicillof y su ministro de Producción, Augusto Costa, abrieron una trinchera directa contra las fintech por presuntas irregularidades comerciales, mientras apuntan a la Casa Rosada por dejar actuar sin control a las plataformas digitales.

Para Kicillof no se trata de un problema entre privados

El combo es conocido y peligroso: salarios golpeados, tarifas en alza y boletas de servicios que ahogan el presupuesto cotidiano. Ante la imposibilidad de llegar a fin de mes, millones de argentinos terminan echando mano al último recurso disponible desde pantalla del celular; la posibilidad de acceder a un crédito solo con un “clic”. Plata rápida y fácil, sí, pero con costos financieros que después devoran los ingresos familiares.

Desde la gobernación provincial mostraron los números duros de una realidad de la que no pueden salir millones de bonaerenses. Según los datos oficiales que maneja la administración bonaerense, el 60% de la población adulta en Argentina arrastra algún tipo de endeudamiento, y cerca de 6 millones de personas ingresaron de lleno en situación de mora con las billeteras virtuales.

Durante el anuncio Axel Kicillof fue contundente al repartir responsabilidades políticas sobre el origen del problema: “En nuestro país hay una situación de gravedad extraordinaria: no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”.

En esa línea, el gobernador bonaerense apuntó contra el modelo económico nacional: “Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”.

Cargando sobre la falta de contención de la administración nacional, afirmo “Lamentablemente, el Gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos. No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos: en la provincia tomamos las decisiones que están dentro de nuestro margen de actuación para defender a las familias”.

En la mira: tasas de interés y métodos de cobro

La trinchera concreta que eligió la administración Kicillof por la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. El blanco elegido reúne a los grandes jugadores del mercado crediticio digital y no bancario que operan en el país.

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa detalló el cuadro de situación detectado en las dependencias provinciales: "En el primer semestre de este año recibimos 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos con las normativas de defensa al consumidor, acoso y hostigamiento. Abrimos un expediente e iniciamos una investigación, con imputaciones vinculadas a las denuncias que recibimos. También vamos a pedir informes a las empresas para que detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés y la composición real del costo financiero total".

Los reclamos elevados por los usuarios no son meras formalidades administrativas. Van desde la falta de claridad en las tasas reales aplicadas por las billeteras virtuales hasta maniobras de hostigamiento directo sobre los deudores cuando la cuota mensual se vuelve imposible de afrontar.

Investigaciones, descargos y multas multimillonarias

La ofensiva formal del ejecutivo bonaerense ya quedó asentada en los expedientes de la Dirección de Defensa del Consumidor. Las empresas fueron notificadas para que abran sus números internos y respondan por los cargos imputados en materia de contrataciones y prácticas abusivas.

De demostrarse las irregularidades sancionadas por la normativa vigente, las firmas enfrentan un severo esquema punitivo. Las multas pueden escalar hasta los $1.883 millones por cada infracción constatada, sumado a la exigencia legal de dar marcha atrás con los cobros o recargos aplicados al margen de la ley.

Costa resaltó la postura del gobierno provincial marcando el contraste político con la gestión nacional: “El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación: mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias que se encuentran en esta situación vulnerable y para evitar que continúen los abusos”.

Ajuste nacional vs. regulación provincial

Detrás del expediente administrativo asoma la pelea estructural de fondo. El otorgamiento de fondos mediante aplicaciones de billeteras virtuales creció velozmente por fuera del sistema bancario tradicional, esquivando las exigencias que regulan a los bancos.

Kicillof remarcó ese vacío de regulación centralizada y advirtió sobre la dimensión del fenómeno: “Son millones de personas que no pueden pagar la deuda que tomaron para cubrir gastos mínimos y para sobrevivir. Esto requiere una respuesta y debe ser nacional, porque la potestad regulatoria sobre las instituciones que dan crédito es nacional. No es un problema individual y entre privados, hay que abordar esto con la gravedad que merece, y el gobierno nacional no hace nada. Vamos a tomar algunas decisiones en los ámbitos limitados en los que la provincia tiene posibilidad de actuar”.

El gobernador bonaerense en su carrera por el Sillón de Rivadavia, busca contener desde la provincia el descontento de un sector golpeado por deudas que no pueden afrontar; tratando de poner un freno a las tasas abusivas de las billeteras virtuales.