Milei suma al Congreso a la ofensiva por Malvinas y firma un decreto contra las petroleras

Por otro lado, manifestó que el reclamo de soberanía “exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

El presidente Javier Milei anunció esta noche por cadena nacional que el Gobierno desplegará "todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía" sobre las Islas Malvinas.

En ese marco, el mandatario detalló el trabajo que viene realizando el Palacio San Martín sobre los proyectos radicados en el archipiélago: "La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas", expresó.

Un proyecto de ley con tratamiento urgente

Milei adelantó que enviará a los legisladores, "con carácter urgente", un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa tiene tres patas. La primera es una reforma de la ley 26.659, la norma que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin permiso nacional: el texto oficial apunta a endurecer las penas para las operaciones no autorizadas, es decir, elevar el costo para las petroleras que hoy trabajan bajo licencia británica.

La segunda es institucional y de mayor alcance: la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que —según lo planteó el Presidente— definiría una política de seguridad "transversal a todo el Estado". La fórmula supone coordinar bajo un mismo paraguas áreas que hoy responden a ministerios distintos, un rediseño que difícilmente pase inadvertido en el debate parlamentario.

La tercera pata es la protección de la infraestructura crítica de la zona, un concepto que la ley deberá delimitar y que en la práctica suele abarcar puertos, redes de comunicación, instalaciones energéticas y cableado submarino.

Del reclamo diplomático a la vía judicial

El paquete se apoya sobre la misma lógica que el Gobierno viene aplicando en el frente diplomático, donde la Cancillería envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en proyectos en el archipiélago. La novedad es el salto de escala: de la advertencia formal se pasa a la amenaza sancionatoria concreta y al despliegue de infraestructura propia sobre el continente.

El desenlace, ahora, depende de dos tiempos distintos. El DNU rige desde su publicación en el Boletín Oficial y solo puede caerse si ambas cámaras lo rechazan. El proyecto de ley, en cambio, necesita mayorías que el oficialismo no tiene garantizadas —y abre una discusión sobre seguridad nacional que trasciende ampliamente a las Malvinas.

Convocatoria a todo el arco político

El jefe de Estado convocó este jueves a la dirigencia "política, económica y social" del país a exhibir un "frente unido" en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. "Este tema demanda una pausa, que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo como Nación y como sociedad. Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas", sostuvo el mandatario.

"Quiero invitar a toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina a sumarse a este reclamo, que es justo. Porque las islas son nuestras y nos las arrebataron. Y son indispensables para la proyección de la Argentina en las próximas décadas", añadió.

La convocatoria llega, además, con el calendario legislativo de fondo: el paquete anunciado incluye una ley que necesita mayorías que La Libertad Avanza no reúne por sí sola, y envolverla en la causa Malvinas eleva el costo político de votarla en contra.