Javier Milei endureció la Ley de Migraciones: qué cambia frente a las normas que aplican otros países
La medida que expulsa a los extranjeros que emitan mensajes de odio contra Argentina ya rige, y abrió el debate por el alcance de las expulsiones y los límites frente a la libertad de expresión.
La Ley de Migraciones argentina amplía los criterios más comunes utilizados en otros países con reglamentaciones similares.
Dirección Nacional de MigracionesEl Gobierno modificó la Ley de Migraciones y sumó nuevas causas para rechazar el ingreso, cancelar la residencia o expulsar a ciudadanos extranjeros. La reglamentación abrió polémica por su alcance frente a normas como las de Francia, Alemania, Australia y Reino Unido. ¿Qué diferencia a la Argentina del resto del mundo? ¿La medida respondió a un espíritu nacionalista?
Otros países también cuentan con herramientas migratorias frente a discursos de odio, conductas extremistas o amenazas contra el orden público. Las autoridades pueden negar visas, impedir ingresos o disponer expulsiones después de analizar cada caso. Sin embargo, la reglamentación nacional dejó afuera la expulsión por críticas políticas, académicas, ideológicas o ciudadanas.
La Casa Rosada defendió la medida a partir de la facultad soberana para fijar las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros, con el argumento de preservar el orden público, la seguridad interior y la convivencia social. El decreto también sostuvo que la tradición migratoria argentina no impide establecer límites frente a conductas que, según la administración de Javier Milei, afectan al país y a sus habitantes.
Leyes similares, pero con diferencias
La distancia con la Argentina está en el bien que busca proteger cada sistema: las regulaciones extranjeras apuntan principalmente contra el daño social o colectivo, y la norma local suma a este criterio el resguardo al país, su identidad y sus símbolos.
Francia
El Código de Entrada y Permanencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo, conocido como CESEDA, permite expulsar a una persona cuando su presencia constituye una amenaza grave para el orden público. Los artículos L. 631-1 y L. 631-3 también alcanzan la provocación explícita y deliberada a la discriminación, al odio o a la violencia contra una persona o una comunidad. La protección se concentra en ataques por origen, etnia, nacionalidad, raza o religión. Las ofensas contra Francia, su historia o sus emblemas no forman por sí solas una causa autónoma de expulsión.
Alemania
Los artículos 53 y 54 de la Ley de Residencia permiten considerar la expulsión de extranjeros que inciten al odio contra sectores de la población. La norma también incluye a quienes sostengan una influencia destinada a aumentar la hostilidad contra grupos étnicos o religiosos, ataquen la dignidad humana o respalden crímenes de guerra, delitos contra la humanidad o actos terroristas. Las autoridades deben revisar el tiempo de residencia, los vínculos familiares, las relaciones personales y el nivel de integración. El Estado también puede considerar si la persona tomó distancia de manera clara y creíble de sus declaraciones anteriores, por lo que la salida del país no resulta automática.
Australia
La sección 501 de la Ley de Migraciones de 1958 establece el denominado examen de conducta para conceder, rechazar o cancelar visas. El mecanismo permite intervenir cuando una persona podría denigrar a un sector de la comunidad australiana, promover enfrentamientos internos o suponer un riesgo para la sociedad. La autoridad no necesita una condena penal en todos los casos y puede tomar una decisión a partir de los antecedentes públicos y del peligro que atribuya a la presencia del extranjero.
Reino Unido
Las Immigration Rules permiten rechazar el ingreso o cancelar un permiso cuando la presencia de una persona no resulte favorable para el bien público. Los apartados SUI 3.1 y SUI 3.2 habilitan al Ministerio del Interior a evaluar la conducta, los antecedentes y las relaciones del extranjero, incluso cuando no exista una condena. Las autoridades también pueden revisar discursos, publicaciones, entrevistas, páginas web y mensajes vinculados con el extremismo o con expresiones capaces de alentar violencia entre comunidades. La exclusión suele alcanzar a quienes permanecen fuera del territorio.