Fiscalía de Estado observó irregularidades en contrataciones y en un concurso público de Aysam
La Fiscalía de Estado analizó dos denuncias que apuntaban contra el proceder de Aysam en las contrataciones para solucionar el problema de los desbordes cloacales en la Colectora Máxima Noreste.
El colapso de la Colectora Máxima Noreste desencadenó los desbordes cloacales en Los Corralitos. Fiscalía de Estado analizó dos denuncias relacionadas a contrataciones para solucionar el problema.
Marcos Garcia / MDZEl colapso de la Colectora Máxima Noreste vuelve a poner la lupa sobre Aysam. Esta vez no es un desborde cloacal lo que se cuestiona, sino una serie de contrataciones que realizó la empresa para intentar darle solución al deterioro de la red cloacal. En ese marco, la Fiscalía de Estado analizó dos denuncias y, si bien en principio no detectó perjuicio patrimonial contra el Estado, sí hizo varias observaciones respecto a los procesos de licitatorios.
El análisis que realizó Fiscalía de Estado surgió a partir de dos denuncias: la primera cuestiona las contrataciones directas que Aysam realizó con la empresa de origen brasilero Sanit Engenharia, encargada de realizar las tareas de limpieza y videoinspección de las cañerías. La otra denuncia apunta específicamente contra el Concurso Público N°23/26 de Aysam, el cual fue convocado para continuar con las tareas de limpieza e inspección sobre la colectora.
Cabe aclarar que la Fiscalía sólo se expidió en el control de los procedimientos que pudieran o no generar perjuicio patrimonial al Estado, ya que los daños ambientales y las posibles responsabilidades penales se tramitan en otros ámbitos.
El colapso cloacal y la polémica por la contratación directa de Sanit Engenharia
La primera denuncia, ingresada a mediados de mayo de 2026, cuestiona las contrataciones que Aysam realizó para intentar solucionar el problema de los desbordes cloacales en Los Corralitos. En particular se pone el foco en Sanit Engenharia, empresa que fue contratada de manera directa. Según el denunciante, en el proceso hubo "indicios serios de irregularidades", por lo que solicitó revisar los procedimientos, los montos y el cumplimiento de las prestaciones.
Para justificar la decisión de contratar de manera directa a la empresa brasilera, Aysam explicó que la Colectora se encuentra desde el año 2019 bajo una Situación Especial de Operación (SEOP) y remarcó que, tras los colapsos ocurridos en 2024, se analizaron distintas alternativas y finalmente se optó por los servicios de recolección y videoinspección de la citada firma. El argumento esgrimido es que se trató de una situación de emergencia.
Así, Aysam autorizó la contratación directa de Sanit Engenharia para limpiar e inspeccionar 3.778 metros de la colectora por US$ 2.666.741,48 más IVA. Las tareas comenzaron en mayo de 2025 y finalizaron en abril de 2026, con la extracción de aproximadamente 540 metros cúbicos de material sólido. Además, tras los colapsos ocurridos en 2026 se realizaron otras contrataciones directas: una de ellas contemplaba 150 horas de limpieza y 754,5 metros de videoinspección por US$ 800.534,79. Luego se produjeron nuevas ampliaciones para mantener las tareas. En su presentación, Aysam sostuvo que la empresa de Brasil contaba con “tecnología adecuada para intervenir conductos de gran diámetro manteniendo la red en carga”.
Un punto a destacar es que las tareas originalmente estaban pensadas para financiarse con fondos provinciales, por lo que la contratación estaba encuadrada en la Ley de Obras Públicas. Sin embargo, ese financiamiento -dicen desde Aysam- nunca llegó, por lo que la contratación se pagó con "recursos propios", por lo que el proceso se "reencauzó el procedimiento dentro del Régimen de compras y contrataciones también propios".
Si bien Fiscalía consideró que la emergencia operativa justificaba el mecanismo de contratación directa, resaltó varias "irregularidades" en el proceso. Uno de ellas está vinculada con la obligación de consultar a otras empresas. Cabe aclarar que el régimen de compras de y contrataciones de Aysam establece que deben solicitarse cotizaciones a “tres firmas del ramo como mínimo, si las hubiere”, o dejar constancia de las razones que impidieran hacerlo.
En ese sentido, Aysam argumenta que al momento de la contratación no conocía otras empresas con la capacidad técnica para llevar adelante las tareas. Para Fiscalía, esa justificación debió quedar documentada antes de avanzar con las contrataciones y no a partir de un requerimiento. La posterior aparición de la U.T. CANANDES-SELFIX en un concurso público no prueba que pudiera prestar el servicio en aquel momento, pero sí fue considerada un elemento que “relativiza la afirmación acerca de la inexistencia de otros posibles prestadores”.
Cabe destacar que Fiscalía, al menos de momento, no encontró elementos que prueben un perjuicio económico contra el Estado, aunque no descartó la posibilidad. Un punto que está bajo análisis es el modo de cotización: mientras la primera contratación se hizo por metro lineal, las posteriores se realizaron por horas. Ante la imposibilidad de poder realizar una comparación homogénea, Aysam deberá remitir un informe con elementos económicos y técnicos que permitan establecer si el precio abonado fue razonable.
El Concurso Público que quedó bajo la lupa
La segunda presentación analizada por la Fiscalía de Estado ingresó en julio de 2026 y apunta contra el Concurso Público de Precios N°23/26 para la "limpieza e inspección por sonar Colectora Máxima Noreste". En la denuncia se pide la suspensión preventiva del procedimiento administrativo. Entre los cuestionamientos aparecieron las condiciones del pliego, las modificaciones introducidas mediante circulares, los requisitos de antecedentes y equipamiento y la situación de Sanit Engenharia , que ya venía realizando tareas sobre la misma colectora.
Mientras Fiscalía analizaba la situación de este expediente, en agosto Aysam decidió declarar el "fracaso del Concurso Público de Precios N°23/2026" y avanzar con otra convocatoria. El argumento esgrimido para tomar esta decisión es que necesitaba "redefinir" las condiciones de contratación. Esto hizo que Fiscalía considerara que no había sentido en pronunciarse, aunque sí realizó varias observaciones.
Uno de los cuestionamientos más fuertes de Fiscalía estuvo vinculado a la cantidad de modificaciones introducidas en el procedimiento. El caso de la Circular N°4, emitida pocos días antes de la apertura, ocupó un prolongado espacio en el análisis. Dicha circular incorporó varios cambios relacionados a antecedentes, equipamiento, rendimiento, disponibilidad de las máquinas y condiciones para iniciar las tareas. Incluso se modificó una exigencia técnica de un equipo de hidrolavado: pasó de establecer un caudal “mínimo” de 1.000 litros por minuto a uno “máximo” de la misma magnitud.
Aysam explicó que se trató de una corrección de un "error material". Si bien Fiscalía aceptó analizar dicha explicación, también considera que los cambios alteraron objetivamente la exigencia cuando quedaban apenas dos días hábiles para la apertura. "A medida que las condiciones se hicieron más específicas y exigentes, menor fue el tiempo disponible para que el mercado pudiera adaptarse a ellas”, señala el dictamen. También se puso el foco en que Sanit Engenharia ya realizaba las mismas tareas que sobre la colectora, situación que debería haberse ponderado junto con las exigencias incorporadas al procedimiento.
Quizás el punto más crítico de las observaciones realizadas gira en torno a la oferta presentada por Sanit Engenharia en el Concurso Público. Al momento de la apertura, la empresa había presentado una propuesta de US$ 4.931.600 “sin IVA”. Sin embargo, después de la apertura, Aysam se comunicó con Sanit para que “ratificara o rectificara” si ese monto incluía o no el impuesto. Para ese entonces el precio de la otra oferente, la U.T. CANANDES-SELFIX, ya era conocido. Para Fiscalía, eso resultó "claramente improcedente”, ya que se había permitido a la empresa volver a pronunciarse sobre un componente esencial de su oferta después de conocer el precio de su competidora.
La cuestión tenía una consecuencia concreta: dependiendo de si el IVA se sumaba al monto declarado o se consideraba incluido posteriormente, podía modificarse el precio final de Sanit y hasta cambiar cuál de las dos ofertas era económicamente inferior. Por eso, Fiscalía concluyó que el episodio comprometía “los principios de igualdad, transparencia y comparabilidad” propios de una contratación competitiva.
Cómo sigue ahora el expediente
Si bien Fiscalía de Estado reconoce que la emergencia sí justificaba acudir excepcionalmente a contrataciones directas, y que de momento no detectó perjuicio económico hacia el Estado, las observaciones realizadas respecto del proceder de Aysam, hacen que las actuaciones sigan abiertas. Así, se remitieron copias a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública y al Tribunal de Cuentas, para que ambos organismos analicen, dentro de sus competencias, la situación.