El Gobierno echó a un estatal que no iba a trabajar tras descubrir que estaba preso
El agente despedido tenía un cargo en la órbita de la Subsecretaría de Transporte. Se le había iniciado un sumario por faltas injustificadas y constataron que había sido condenado a prisión.
El Gobierno de Mendoza echó a un empleado estatal tras iniciarle un sumario administrativo por faltar a trabajar y descubrir que el agente se encontraba preso en el penal de Almafuerte.
A través del decreto Nº 1628, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Conejo aplicó la sanción de cesantía contra Juan Eduardo Araujo Ortubia, quien tenía un cargo en la Subsecretaría de Transporte.
En septiembre de 2022 la ex Secretaría de Servicios Públicos ordenó la apertura de un sumario administrativo contra Araujo, quien prestaba funciones en el Departamento de Semáforos, por 8 inasistencias injustificadas durante el mes de julio de ese mismo año.
En ese momento, las autoridades constataron que el agente se encontraba privado de la libertad y alojado en el Complejo Penitenciario Almafuerte, por lo que determinaron la suspensión de los haberes.
-
Te puede interesar
"Misiones debe tener un tratamiento diferenciado en el costo de la energía"
La Oficina de Personal de la ex Secretaría de Servicios Públicos tomó conocimiento de que el agente sumariado se encontraría privado de la libertad por un procedimiento penal, pero desconocía el estado procesal del agente.
Preso y cesanteado
En el marco de la investigación se constató que el Juzgado Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza condenó a Araujo Ortubia a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
Tras advertir esta situación se amplió el sumario administrativo que había iniciado por faltas injustificadas y se sumó el expediente judicial al análisis.
De esta manera, el Gobierno provincial resolvió aplicarle la sanción de cesantía al estatal que se encontraba preso.
“La motivación de la sanción de cesantía por la condena penal recaída por un hecho delictivo, tiene fundamento en las particularidades del caso, toda vez que implica la comisión de una conducta delictiva dolosa por parte de un agente estatal y que afecta la imagen de la Administración y, en consecuencia, resultan suficientes para una sanción de cesantía”, expresaron el decreto oficializado este jueves.
