Fentanilo contaminado: Procesaron a dos exjefas de la ANMAT y les trabaron embargos millonarios
La decisión del juez federal Ernesto Kreplak sobre Gabriela Mantecón Fumadó y Nélida Bisio es sin prisión preventiva, y las consideró partícipes necesarias de la adulteración de la droga que dejó al menos 90 muertos y 44 pacientes con lesiones.
Nelida y Gabriela FENTANILO
NA RedesEl juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a las exfuncionarias de la ANMAT, Gabriela Mantecón Fumadó y Nélida Bisio, por su presunta responsabilidad en la cadena de decisiones y omisiones que rodeó la circulación del fentanilo contaminado de HLB Pharma. Para el magistrado, ambas fueron, en principio, “partícipes necesarias” de la adulteración de sustancias medicinales que provocó al menos 90 muertes y lesiones en otras 44 personas.
El fallo al que tuvo acceso MDZ apuntó al rol de Mantecón Fumadó, por entonces directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), y Bisio, quien estaba al frente de la ANMAT. Para Kreplak, ambas tenían responsabilidades concretas en el control de los establecimientos y conocían las graves deficiencias que presentaba Laboratorios Ramallo, donde se produjo el fentanilo contaminado.
La prueba recabada en el marco del expediente establece que dos lotes fueron fabricados en diciembre de 2024 y liberados al mercado a comienzos de enero de 2025. Los análisis realizados por la ANLIS-Malbrán encontraron coincidencias genéticas entre las bacterias presentes en las ampollas de fentanilo y las detectadas en pacientes de distintos hospitales.
El dato que atraviesa la resolución es el número de víctimas. Kreplak sostuvo que la administración del fentanilo contaminado incrementó el riesgo de muerte de al menos 90 pacientes y provocó lesiones en otros 44: dos gravísimas, 41 graves y una leve.
Las demoras en las medidas de control y el conocimiento previo del riesgo
Para el magistrado, la actuación de las autoridades sanitarias adquiere especial relevancia porque las irregularidades de Ramallo habían sido detectadas antes de que el fentanilo contaminado ingresara al circuito sanitario. El proyecto de una Carta de Advertencia contra el laboratorio había sido elevado el 3 de enero de 2025, pero recién fue firmado el 10 de febrero por Mantecón y Bisio. El juez destacó que la medida se tomó 23 días hábiles después del vencimiento del plazo reglamentario.
Según consta en el expediente, el pasado 8 de enero, ya existía un proyecto para prohibir la comercialización de los productos HLB elaborados en Ramallo. El juez consideró que una decisión adoptada en ese momento habría impedido que el fentanilo contaminado llegara a droguerías, hospitales y pacientes.
Kreplak señaló que las autoridades conocían el riesgo sanitario tras analizar diversas comunicaciones, entre ellas la de una funcionaria técnica, quien advirtió: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta”, y que, pese a ello, demoraron decisiones que consideraba necesarias.
También fue considerada una reunión del 14 de enero de 2025 entre funcionarios de ANMAT e INAME y representantes de los laboratorios. Para el magistrado, la participación de Bisio demuestra que la máxima autoridad del organismo conocía la situación de Ramallo y HLB. Una presentación posterior de los propios representantes de las empresas dejó constancia de que habían entregado a Mantecón un plan de acciones correctivas después de aquella reunión, al tiempo que cuestionó que algunas de las medidas sugeridas por las áreas técnicas no fueran adoptadas en tiempo y forma.
Medidas de coerción, embargos y situación procesal de las imputadas
Mantecón y Bisio continuarán en libertad. El juez Kreplak no dispuso la prisión preventiva por entender que no estaban reunidos los requisitos para encarcelarlas durante el proceso. No obstante, deberán cumplir distintas medidas de coerción: no podrán salir del país, deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje, no podrán mantener contacto con personas vinculadas a ANMAT e INAME y deberán comprometerse a no obstaculizar la investigación.
Finalmente, el magistrado platense les trabó un embargo a cada una por $500.000 millones sobre los bienes de cada una y dispuso la inhibición general de sus bienes. La medida apunta a garantizar eventuales responsabilidades civiles y penales y a preservar el patrimonio mientras avanza el expediente.