Fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias del Gobierno, tras el operativo en el Ministerio de Salud
Son dos exmiembros de la ANMAT. La Justicia investiga cómo se habilitaron las ampollas que se suministraron a los pacientes que murieron y sufrieron graves problemas de salud a cientos de personas.
Dos exfuncionarias de la ANMAT fueron detenidas
NADos exfuncionarias del Ministerio de Salud fueron detenidas este martes en el marco de un avance en la causa que investiga las muertes tras el suministro del fentanilo contaminado, según confirmaron fuentes judiciales a MDZ. Esto se enmarca luego de que esta mañana personal policial realice un operativo en la sede del Ministerio a cargo de Mario Lugones, donde requirieron documentación.
Se tratan de Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó que integraban la conducción de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y concentraban las máximas responsabilidades sobre el control de medicamentos en el país. Bisio se desempeñaba como administradora nacional del organismo. Como máxima autoridad de la ANMAT autorizaba las principales decisiones regulatorias y la supervisión de las políticas de fiscalización, control y vigilancia sanitaria.
Por su parte, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó era la directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), una de las áreas técnicas más relevantes de la ANMAT.
Ambas funcionarias renunciaron en medio de la controversia nacional por los fallecimientos a causa de la provisión de esas ampollas, que fueron habilitadas por la entidad de control. En ambos casos, lo atribuyeron a "motivos personales", aunque en fuentes inobjetables del Ejecutivo apuntaron contra sus responsabilidades en torno a deficiencias en el contralor de esos medicamentos.
Operativo en el Ministerio de Salud
A raíz de una disposición judicial, se hizo un operativo en la sede de la cartera nacional, ubicada sobre la avenida 9 de Julio, donde se secuestró material importante para la investigación. "Hay un requerimiento de información por parte del juez y el Ministerio está brindando toda la documentación solicitada sobre ingresos y egresos al Ministerio, como lo hizo desde el inicio de la investigación", señalaron en el Gobierno, donde aclararon que "no es un allanamiento".
"Vamos a respetar y acompañar el trabajo de la Justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades. También queremos expresar nuestro acompañamiento a los familiares, que merecen conocer la verdad. Hasta este momento, el Ministerio no fue notificado ni tiene confirmación oficial de ninguna otra medida, por lo que no vamos a hacer especulaciones", agregaron oficialmente.
La causa por el fentanilo contaminado
El expediente, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y de la fiscal María Laura Roteta, busca determinar las responsabilidades penales por la producción y distribución de ampollas de fentanilo contaminadas que fueron utilizadas en hospitales y clínicas de distintas provincias, y que derivaron en al menos 170 muertes y numerosos casos de infecciones graves. La investigación también intenta establecer si existieron fallas o irregularidades en los organismos estatales encargados de controlar la fabricación y comercialización de medicamentos.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que el Hospital Italiano de La Plata detectara un brote inusual de infecciones intrahospitalarias en pacientes que habían recibido fentanilo como parte de tratamientos médicos. Posteriormente, estudios realizados por el Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en las ampollas coincidían genéticamente con las detectadas en los pacientes afectados, lo que permitió vincular el medicamento con los contagios.
La principal hipótesis judicial sostiene que el lote investigado fue elaborado en condiciones incompatibles con las normas de buenas prácticas de fabricación. En el caso se analizan presuntas irregularidades en la producción, el control de calidad y la liberación de los medicamentos elaborados por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, empresas que quedaron bajo investigación. Entre los sospechosos figura el empresario Ariel García Furfaro, propietario de ambas firmas, quien está preso junto a otras 13 personas relacionadas al eslabón en la producción y distribución de esos medicamentos.
Avanza la causa sobre el fentanilo contaminado
Con el avance de la pesquisa, el juez Kreplak ordenó distintas medidas cautelares, entre ellas inhibiciones de bienes, restricciones para salir del país y allanamientos. Además, tomó declaración indagatoria a varios de los imputados mientras se profundizaban las pericias sobre los procesos de fabricación y distribución del fármaco.
En las últimas semanas, la investigación dio un nuevo giro al incorporar el análisis del accionar de los organismos de control. A pedido de la fiscal Roteta, el magistrado dispuso el secreto de sumario para preservar nuevas medidas de prueba orientadas a determinar si funcionarios o exfuncionarios de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) incumplieron sus deberes o mantuvieron algún tipo de connivencia con los laboratorios investigados. La Justicia intenta conocer si existieron inspecciones deficientes, demoras en la adopción de medidas o fallas en los controles que permitieron que el producto llegara a los centros de salud.
Paralelamente, la causa también reconstruye la trazabilidad del medicamento para identificar el recorrido de los lotes distribuidos, determinar cuántos establecimientos sanitarios recibieron las ampollas contaminadas y establecer el número definitivo de víctimas. Mientras las cifras continúan actualizándose a medida que avanza la investigación, el expediente ya es considerado uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente del país.