El procurador general de la Nación apuntó contra la Corte Suprema y reclama un DNU para destrabar un vacío judicial
Le pide al Gobierno que los fiscales nacionales puedan intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires mientras continúe el proceso de transferencia de competencias de la Justicia ordinaria.
Eduardo Casal, el actual procurador general de la Nación.
El procurador general Eduardo Casal llevó al Congreso un planteo que abrió un nuevo frente de discusión institucional. La solicitud surgió después del fallo de la Corte Suprema en la causa conocida como Ferrari contra Levinas, que estableció que el TSJ porteño debe intervenir en los recursos extraordinarios vinculados con la Justicia Nacional ordinaria de la Ciudad. Esa decisión dejó al Ministerio Público frente a un obstáculo jurídico dado que, los fiscales nacionales, no cuentan con atribuciones para actuar ante un tribunal de otra jurisdicción.
El jefe del Ministerio Público Fiscal presentó ese planteo durante una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del organismo. Casal asistió acompañado por los secretarios de la Procuración General, Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima. Los funcionarios explicaron ante los legisladores las consecuencias que produjo el cambio de criterio de la Corte Suprema y también expusieron la situación presupuestaria del organismo.
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Pero ¿dónde está la trama?, y es que, por un lado: los fiscales nacionales no pueden intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, (porque el Ministerio Público Fiscal nacional carece de competencia para actuar en una jurisdicción local); por el otro, se generó un vacío procesal para la tramitación de los recursos, ya que el fallo de la Corte derivó esos expedientes al TSJ, pero los fiscales nacionales no tienen habilitación legal para hacerlo, entonces no se pueden tratar.
Es por eso que, el procurador, sostuvo que el Decreto de Necesidad y Urgencia tendría carácter transitorio, de manera que se pueda habilitar la cobertura legal para realizar la intervención hasta que se termine de hacer el traspaso de todas las competencias de la Justicia ordinaria. “Estamos pidiendo al Ejecutivo que vía un Decreto de Necesidad y Urgencia destinado a una norma que nos habilite a intervenir ante el TSJ respecto a las causas en las que intervenimos en la Justicia Nacional hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias en materia de justicia ordinaria. Esto es porque el Ministerio Público no puede intervenir en otras jurisdicciones”, explicó Casal.
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El titular del Ministerio Público recordó además que el organismo intentó modificar esa situación por la vía judicial con dos pedidos ante la Corte Suprema para suspender la aplicación del fallo Ferrari contra Levinas, pero ambos fueron rechazados por el máximo tribunal.
El tema, fue que la aprobación de la Reforma Laboral modificó el escenario de manera negativa, en especial el artículo 90, que ratificó el convenio de transferencia de competencias y dejó sin efecto uno de los fundamentos que el Ministerio Público permitía discutir la aplicación del criterio fijado por la Corte. “Ni siquiera podemos sostener que el fallo no era aplicable cuando intervenía el Ministerio Público porque el tribunal superior es la Cámara Nacional de Apelaciones”, señaló Casal.
El caso de un femicidio
“Hay una verdadera razón de urgencia porque inmediatamente se sanciona esta ley, se nos presenta un caso donde el fiscal -frente a un caso de femicidio donde había una solución liberatoria que consideraba arbitraria- tenía que recurrir y seguimos las dos variantes, pedimos la cobertura normativa”, detalló Casal cómo justificativo para describir las dificultades que enfrentan actualmente los fiscales nacionales.
Además explicó que el problema crecerá si un recurso resulta rechazado y el expediente debe llegar al Tribunal Superior de Justicia mediante una queja procesal. “¿Qué sucede cuando no nos concedan un recurso y haya que meter una queja ante el TSJ? Esto es una solución de contingencia hasta que se transfieran todas las competencias”. “Nosotros como fiscales nacionales no estamos habilitados para intervenir en un tribunal local ni superior de cualquiera de las provincias”, subrayó.